sábado, 28 de noviembre de 2009

Un llamado al compromiso por un mundo mejor



La familia Morales es un ejemplo de lucha y resistencia en la historia de la provincia: se reivindican en sus tierras, ubicadas en Colonia Chica al oeste de La Pampa. Como se ha podido leer y escuchar, en los últimos días, en pocas noticias de diarios y radios, la familia Morales, acompañada por otras dos que comparten la misma situación, Sanchez y Fernández, han cortado el acceso a los pozos de petróleo en la batería 4 (lugares donde se concentra el petróleo que se extrae de los pozos y desde allí es retirado en camiones hacia las destilerías) que instalaron las empresas Petrobrás y Petroquímica Comodoro Rivadavia en sus tierras.
El MALuT los visitó hace unos días atrás con intenciones de conocer de fondo la situación, acercar nuestro apoyo y unir nuestras fuerzas. Aclararon que su reclamo es en torno a: los derechos sobre su territorio y el pago de regalías por el uso que hacen del campo las empresas Petrobras y Petroquímica Comodoro Rivadavia (las tierras ya no se pueden dedicar a la producción pastoril). Las tierras a la familia son negadas por el Ente Provincial del Río Colorado, creado alrededor de la década del ´60 en la provincia, cuando el gobierno de turno emprendió un proyecto de colonización sobre la zona. No obstante, esta discusión se esfuma cuando reconocemos que las familias estaban ubicadas en sus campos, los habitaban y trabajaban mucho antes de la creación de este organismo provincial y a la provincialización de La Pampa, hecho que se llevó a cabo en 1952.
Los compañero/as de MALuT que realizaron el viaje, recorrieron el campo con la familia e hicieron una crónica en la que no pueden dejar de lado el asombro y la impotencia en la que vive la familia “los Morales están en una situación, a mi entender, de un avasallamiento importantísimo de sus derechos. Es muy fuerte ver la imagen de un campo puesto en producción de hidrocarburos, son cientos de caminos, picadas que cruzan por todos lados, caños de agua de gran dimensión paralelos a los caminos, redes de electricidad, pozos por todos lados, baterías, tanques, etc. Los camiones de la empresa, viajan dentro del campo con guardia policial.” Además mostraron el parque de bioremediación y los depósitos de chatarra de la empresa Petrobras “sentimos el venteo de los pozos y todo lo que se vive en el lugar”, nos comentan.
Cabe agregar, que en la política de criminalización de la protesta que se instala cada vez mas fuerte en nuestra sociedad, en el campo hay un equipo policial de alrededor de 40 efectivos que se relevan periódicamente con casilla y otra dependecia (tipo contenedor) y baños químicos.
Nos fuimos de allí con el compromiso de difundir la problemática y de aunar fuerzas para acompañar la lucha de la familia Morales y de todas aquellas que se sumen. Por este motivo, pedimos a todas las personas y organizaciones que sientan el compromiso de luchar y acompañar a la familia, hagan llegar sus adhesiones.

viernes, 27 de noviembre de 2009

Relator ONU condena desalojo de comunidades Naso en Panamá y exhorta al diálogo


GINEBRA -- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su "extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá."
Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.
La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.
"Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos," expresó el experto de la ONU. "En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación."
Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.
En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que "los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso."
A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia*


25/11/2009
Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur
El viernes 6 de noviembre fue creada en Neuquén la Asociación en Defensa de la Ley (ADeLey). La reunión inaugural contó con destacada participación de estancieros, miembros del radicalismo, Recrear y Opción Federal, y representantes de la petrolera Piedra del Águila. Preocupados por la “salud institucional” de la provincia, se presentan como víctimas de las “usurpaciones de tierras” llevadas adelante por la Confederación Mapuche [1]. ¿Pero quién usurpa a quién? ¿A quiénes se persigue, amenaza y criminaliza? ¿En favor de qué intereses?
En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.[2]
El fenómeno, al menos en su faceta mediática, tuvo su máxima expresión el 18 de octubre en el diario La Nación con la publicación de una nota titulada El regreso de la Araucanía[3]. El artículo, incurriendo en una serie de mentiras y tergiversaciones, hacía hincapié en postulados que no resisten la menor contrastación. Entre otras cosas, se otorga crédito a las declaraciones de Carlos Sapag, productor rural y hermano del gobernador neuquino, quien sostiene que las comunidades mapuches reciben apoyo de las FARC y ETA en sus luchas territoriales, sin brindar la menor prueba al respecto, salvo las informaciones provistas por un diario chileno. Si bien desde el gobierno nacional condenaron este intento de criminalización, trascendió que la División Antiterrorista de la Policía Federal también está trabajando sobre esa hipótesis.[4]
Por otro lado, en la nota en cuestión “se deduce” que las intenciones de los “indios” pasan por la instauración y el reconocimiento de un “estado mapuche”. Un proyecto de liberación nacional de esas características sólo es reivindicado por algunos sectores -como la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapu (Chile)- y no es la posición hegemónica, ni el punto prioritario en las diferentes agendas del Pueblo Mapuche, incluso la Confederación Mapuche Neuquina planteo públicamente su crítica a esa posición.[5]
En todo caso, la avanzada tiene por objetivo la preparación del terreno y la obtención de consensos para reprimir más y mejor cualquier protesta, y si bien beneficia a las empresas petroleras y a otros sectores productivos que operan en territorio mapuche, se encuentra impulsada principalmente por las élites provinciales –sobre todo las rurales-, en alianza con diversos medios de comunicación.
Cabe remarcar que la persecución y la judicialización no se restringen únicamente a los pueblos originarios, sino que, en el caso de los hidrocarburos, también apunta contra aquellos trabajadores que buscan la reorganización sindical del sector, hoy dominado por grupos burocráticos aliados al poder político de turno y a los intereses de las operadoras privadas.

El avance de la frontera hidrocarburífera
La ola de reformas neoliberales que reconfiguraron el mapa hidrocarburífero argentino durante la década del 90’ resulta ineludible a la hora de dar cuenta del contexto actual y comprender la criminalización en ciernes. El proceso, que culminó con la privatización de YPF y la entrega del patrimonio nacional, presentó dos características importantes:
- Un cambio de concepción respecto a los hidrocarburos, que dejaron de ser recursos estratégicos para satisfacer las necesidades energéticas del país, para convertirse en meros commodities, es decir, mercancías exportables como cualquier bien producido para el mercado externo;
- La reforma de la Carta Magna en 1994, que dio rango constitucional a la federalización de los “recursos naturales”, y convirtió a las provincias en interlocutoras directas del capital privado.
En este cambio de concepción e instrumentalización fue fundamental la presión ejercida no sólo por parte de las corporaciones trasnacionales sino también por gobernadores y élites provinciales, que vislumbraban la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales y realizar negocios con las empresas que desembarcaran en sus territorios. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, encabezó el lobby de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- sobre los legisladores para que aprobaran la privatización de YPF en 1992.
La reforma constitucional de 1994, y más precisamente su artículo 124[6], representa la cristalización legal más importante del modelo de explotación de hidrocarburos vigente. Sin la provincialización hubiese resultado impracticable el proceso de desguace de YPF y el ingreso de numerosas compañías -grandes, medianas y pequeñas; de capitales nacionales, extranjeros y mixtos- y élites provinciales al “negocio petrolero”.
A contramano de su retórica nac&pop, en los seis años de gobierno kirchnerista se tendió a reafirmar todo lo establecido en la década del 90′: ni bien asumió, Kirchner promulgó el decreto 546/03[7], que puso fin a las zonas grises presentes en la legislación argentina, y que todavía continuaban generando conflictos entre la Nación y las Provincias por la explotación de hidrocarburos. También impulsó la sanción de la ley 26.197/06, conocida como ley corta, que se orientó en la misma dirección. Quizá la única diferencia significativa sea el mantenimiento de las retenciones a la exportación de crudo. Si bien este mecanismo no ha logrado detener la sangría en materia de reservas, por lo menos ha contenido los precios internos -desligándolos de las variaciones en el mercado internacional-, y ha permitido al Estado Nacional captar parte de la renta empresaria [8].
Del modelo heredado de los 90′, y reafirmado en esta década, se desprenden una serie de consecuencias fundamentales para la comprensión del fenómeno de la criminalización. En primer lugar, como el modelo vigente apunta exclusivamente a la rentabilidad empresarial y no a las necesidades sociales, durante casi veinte años se propició una sobreexplotación de las reservas probadas de YPF estatal, sin “reposición” -no se invirtió en nuevas prospecciones-, lo que ha llevado al país a una dramática caída de la extracción y las reservas de petróleo y gas.
De aquí se deriva la convergencia de intereses entre élites provinciales y empresas privadas respecto de la necesidad de expandir la frontera extractiva con la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. La connivencia no se inscribe únicamente en la posibilidad de concretar negocios privados a partir del desembarco de capitales, sino que tiene una raíz estructural. La escasa o nula diversificación económica de las “provincias petroleras” ha generado una enorme y creciente dependencia de las administraciones locales respecto de los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas. Según datos oficiales, el peso de estos ingresos en el presupuesto 2009 de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es del 8,5%, 26% y 30%, respectivamente[9]. Más allá de las regalías, la incidencia de la industria hidrocarburífera es mucho mayor por la cantidad de actividades económicas que, directa o indirectamente, dependen de ella.
El panorama se completa con un inaudito poder de chantaje y negociación por parte de las operadoras privadas, que manipulando volúmenes de extracción y reservas, buscan obtener cada vez mayores concesiones de las gobernaciones provinciales y el Estado Nacional.
En suma, nos encontramos en un contexto en el que los ingresos del Estado Nacional -por retenciones a la exportación-, de las provincias -por regalías- y de las operadoras -por la comercialización de crudo y sus derivados en el país y el mercado externo-, dependen en última instancia de los volúmenes de extracción, que por otro lado, han quedado completamente subsumidos a la lógica y el afán de lucro de las compañías. El dominio que éstas ejercen sobre un recurso estratégico para los intereses del país y sus habitantes, las coloca en una posición inmejorable de cara a la negociación y la exigencia de un “clima favorable” para la inversión, es decir, la remoción de cualquier tipo de “obstáculo” que pudiera entorpecer la realización de negocios.
El Estado Nacional y los estados provinciales, lejos de verse eximidos de culpa y cargo, son los principales responsables de esta situación, y en última instancia, los que garantizan los intereses de las compañías privadas mediante la represión a trabajadores, comunidades y pueblos originarios.

Actores y políticas concretas
En este contexto podemos identificar una serie de actores y políticas concretas.
* El Gobierno Nacional: ha tomado nota de la alarmante baja en las reservas de petróleo y gas, buscando una política que subsane esta problemática y que al mismo tiempo no termine de socavar su imagen pública. Las marchas y contramarchas que se produjeron el último invierno en torno al tarifazo de gas tienen estrecha relación con este problema [10]. En general, sus políticas han oscilado entre el beneficio de las empresas petroleras -mediante los planes Gas y Petróleo Plus, que otorgan subsidios, premios a la inversión, aumento de tarifas, etc.- y la captación de parte de la renta con las retenciones a la exportación. Finalmente, la atención a las demandas de consumidores y usuarios ha sido marginal, dependido en todo caso de su capacidad de movilización y presión.
Respecto a la criminalización de la protesta en los territorios directamente afectados por la explotación hidrocarburífera, observamos una complicidad que se expresa de forma variable. Por una parte, a través de la inacción y la prescindencia para poner un freno a este fenómeno, aún cuando está obligado y dispone de herramientas para hacerlo -convenios internacionales, disposiciones de la Constitución Nacional-; por la otra, con una indisimulada intervención, como ocurrió en la localidad de Las Heras en el año 2006 [11]. En aquella oportunidad, luego de la represión a los trabajadores, el lobby de las compañías petroleras y la Sociedad Rural logró la instalación permanente de un Escuadrón de Gendarmería Nacional [12].
* OFEPHI: conformada por las provincias productoras de hidrocarburos, con participación preponderante de las operadoras, y en menor medida de las organizaciones sindicales. Presenta una sólida confluencia de intereses entre las empresas, que buscan ensanchar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas[13]. La complicidad estructural de las provincias con el modelo vigente ha convertido a los gobernadores en portavoces de las compañías petroleras en sus reclamos a la Nación [14], y ha colocado al conjunto de la administración pública –poder ejecutivo, legislativo, judicial y aparato represivo- al servicio de esos intereses.
* Empresas medianas: Se trata de empresas que cobraron relevancia a partir de la expansión de la frontera extractivista y la presencia de mayores incentivos a la exploración y explotación, ocupando aquellos bloques que las empresas más grandes descartan por sus menores márgenes de factibilidad y/o rentabilidad. El caso paradigmático en Argentina es el de Pluspetrol S.A.
Pluspetrol tiene concesiones en dos zonas de alta conflictividad. Asociada con Enarsa está presente en el centro de la provincia de Neuquén, en los bloques Zapala y Laguna Blanca, donde afecta el territorio de catorce comunidades mapuche. La otra zona candente es la cuenca del Ñirihuau [15], en el suroeste de Río Negro, donde ingresó asociada a Repsol. Esta compañía “argentina” tiene gran experiencia en violaciones de derechos indígenas y represión, y es uno de los focos de conflicto en la Amazonía peruana, donde se la acusa de prestar sus instalaciones para la aplicación de torturas a indígenas [16].
* ONGs y Fundaciones corporativas: están ocupando un rol cada vez más importante, facilitando el ingreso de las compañías en territorio. Asesorando o trabajando de manera conjunta con las empresas, buscan subsanar todas aquellas necesidades de la población potencialmente afectada que han quedado desatendidas ante la retirada del Estado. Su papel es sumamente importante en la medida en que estas campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) han allanado el terreno para la inserción “amigable” de la empresa con la comunidad, sirviendo como “amortiguadores” del conflicto social [17].

Conflictos laborales y la pelea por la tierra
El desarrollo de la industria hidrocarburífera permite visualizar la presencia de dos tipos de conflictos:
* Territoriales: ocasionados por un avance de la frontera extractivista sobre áreas protegidas, poblaciones locales y pueblos originarios, que compromete seriamente su existencia o supervivencia. Precisamente, uno de los sectores más golpeados por esta expansión han sido los pueblos originarios. En todos los casos se han vulnerado derechos amparados por acuerdos internacionales -como el Convenio 169 OIT-, la Constitución Nacional y normas provinciales.
Integrantes de estos pueblos han sufrido -o sufren- persecución, por impedir el ingreso de las compañías petroleras en sus territorios, y el avasallamiento de su forma de vida. La lucha del Pueblo Mapuche es la que tiene mayor visibilidad en este sentido. Un ejemplo es la resistencia de la comunidad Huenctru Trawel Leufu -en Picún Leufú- que desde mediados de 2007 impide el ingreso a Petrolera Piedra del Águila, que intenta hacer trabajos de exploración. Ese conflicto ha pasado por diferentes instancias de negociación -en las que participaron el Gobierno provincial, la Confederación Mapuche Neuquina y la empresa- pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. La puja está caracterizada por la judicialización y la violencia extrema, denunciándose el accionar de civiles armados al servicio de la petrolera -que amenazaron y atentaron contra la comunidad- y de la policía provincial -por liberar zonas.
Huenctru Trawel Leufu es sólo un hito en la resistencia del Pueblo Mapuche a la actividad de empresas petroleras; desde mediados de la década del ‘90 los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos del territorio ancestral. La lucha de las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil por la descontaminación del territorio y contra el Proyecto Mega[18], en Loma de La Lata, puso el tema sobre la mesa. Poco después el conflicto se trasladó a las cercanías de Zapala y Cutral Co, donde Logko Puran y Gelay Ko también dijeron no a las petroleras; en cada uno de estos procesos se atravesó períodos de criminalización, judicialización y represión[19]. Se trata de una situación semejante a la que viven comunidades de los Pueblos Wichi, Tapiete y Guaraní en la provincia de Salta[20].
En general, pese a su heterogeneidad, observamos en el reclamo de algunas comunidades indígenas un mayor grado de “radicalidad”, entendiendo ésta como la posibilidad de avanzar en una crítica que cuestione al sistema de raíz. En efecto, la defensa de muchas pautas y formas de vida ancestrales constituye un desafío no sólo para el modelo de extracción y explotación de hidrocarburos vigente, sino también para la matriz energética del país y las relaciones sociales que sustenta.
* Gremiales: podemos distinguir un sector burócrata ligado a las gobernaciones y los intereses de las operadoras, que conduce los sindicatos de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y otro sector vinculado a la FeTERA en la CTA[21]. El reciente conflicto en la provincia de Santa Cruz resulta paradigmático a la hora de señalar las diferencias entre ambos grupos. Los trabajadores iniciaron la huelga ante la negativa de las operadoras de otorgar un incremento salarial del 20%. Luego de 19 días de conflicto -que implicó despidos, cesantías y amenazas para numerosos huelguistas- la conducción del Sindicato firmó un Acta acuerdo, con las operadoras y la gobernación provincial, sumamente desfavorable para los intereses de los trabajadores ya que prácticamente prohíbe y pena cualquier forma de lucha de ahora en más[22]. Además se inició una campaña de persecución entre aquellos sectores que buscan la reorganización sindical del sector. Uno de los casos más conocidos es el de Víctor Chamorro, trabajador petrolero de Cañadón Seco, que ha sido intimidado en numerosas ocasiones con telegramas de despido, e inclusive ha sido víctima de un atentado el 5 de octubre.[23]
Si bien la criminalización asume diversas formas -represión directa, judicialización, discriminación, estigmatización-, no debemos perder de vista las disputas económico-sociales que la subyacen. Comprender las causas de este fenómeno resulta fundamental a la hora plantear una estrategia ofensiva que cuestione al modelo de conjunto.
________________
Notas
* Escrito en base a la ponencia presentada por el Observatorio Petrolero Sur en el Foro Regional Patagonia: Conflictos territoriales, criminalización y derechos humanos. 6 y 7 de noviembre. Sala de prensa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.
[1] Crean una entidad “en defensa de la ley”
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/11/8/45882.php
[2] Aranda, Darío: El Debate Mapuche. Página/12, 1 de noviembre de 2009
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134475-2009-11-01.html
[3] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187506
[4] La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=33264
[5] Comunicado sobre el “Llamado a la Guerra”
http://argentina.indymedia.org/news/2009/10/699837.php
[6] “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.“
[7] En palabras del decreto 546/03, “[hasta el año 2003 se produjo una] situación jurídicamente ambigua producida por el hecho de que las Provincias, titulares del dominio por mandato constitucional, carezcan de los instrumentos legales que les permitan ejercer en forma apropiada y efectiva los derechos derivados de dicho dominio, tales como, por ejemplo, el derecho a licitar y a otorgar permisos y concesiones” . Esta es la razón por la cual provincias como Buenos Aires habían “solicitado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el dictado de una norma reglamentaria que facilite el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de la Provincia, respecto de sus recursos”, y otras como Neuquén y Río Negro, directamente habían sorteado el vacío legal, y ejerciendo sus facultades constitucionales por medio de normas de derecho interno, ya habían adjudicado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
[8] En el año 2007, la resolución 394 promulgada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía, estableció una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador, y la diferencia será la retención.
[9] Río Negro: http://www.comunicacion.rionegro.gov.ar/desarro_noti.php?cod=6100
Presupuesto general: 4 mil millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 339 millones de pesos (8.47%)
Neuquén: http://www.haciendanqn.gov.ar/newhacienda/archivos/38847_02-ANEXO_I_Recursos_y_Erogaciones_Analitico.pdf
Recursos consolidados: 5.959 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.570 millones de pesos (26,34%)
En 2006 la incidencia era del 40%.
En este caso, las variaciones de magnitud de las regalías no sólo afectan los ingresos fiscales, sino que también tienen impacto en la red clientelar del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia desde hace cincuenta años.
Chubut: http://www.chubut.gov.ar/sgp/imagenes/2009-Proyeccion%20Plurianual.pdf
Ingresos corrientes 2009: 4.021 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.228 millones de pesos (30,53%)
[10] El tarifazo aplicado respondió a la necesidad de importar de Bolivia el gas que ya no se extrae en el país debido a la falta de inversiones e incumplimientos contractuales de las empresas operadoras. El horizonte de reservas de este combustible, que llegó a ser de 30 años, hoy en día es menor a 8 años. Por otra parte, el 28 de julio el Gobierno nacional firmó un acuerdo con las ocho provincias gasíferas por el cual se
autoriza un aumento del precio del gas en boca de pozo que se paga a las operadoras. Se prevé que el acuerdo Nación-provincias implique una transferencia a las operadoras privadas de 600 millones de dólares en concepto de subsidios. ¿De dónde se iba a obtener semejante suma? El Gobierno nacional iba a destinar a las petroleras la mitad de los ingresos que se obtuvieran por la vía del decreto 2067. Es decir: una resolución que surgió como consecuencia directa de la falta de inversión, incumplimientos contractuales y sobreexplotación de los yacimientos, termina beneficiando a sus responsables directos.
[11] La ciudad petrolera Las Heras sitiada y militarizada luego de la masiva movilización popular
http://www.lahaine.org/index.php?p=12575
Un nuevo ataque a los trabajadores del petróleo
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/11/29/p2371?printme=1&skin=print
Los presos de Las Heras buscan romper el aislamiento
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/08/04/p3860
[12] Hernán Scandizzo: El lobby de la represión
http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/382856.php
Instalarán un Escuadrón de Gendarmería en Las Heras
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-77320-2006-12-06.html
[13] En las últimas semanas ha habido una avanzada de este sector, presionando al Estado Nacional para obtener mejores precios para el gas en boca de pozo, el precio de corte interno de crudo, y eliminar, o al menos reducir, las retenciones que se cobran a la exportación de petróleo.
[14] Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene
http://opsur.wordpress.com/2009/08/19/combustibles-las-provincias-en-rojo-el-aumento-que-viene/
[15] Panorma Hidrocarburífero Ríonegrino
http://opsur.files.wordpress.com/2009/09/panorama-rionegrino-pdf1.pdf
Valle del Río Ñirihuau: Las imborrables huellas del pasado petrolero
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/valle-del-rio-nirihuau-las-imborrables-huellas-del-pasado-petrolero/
Ñirihuau: La provincia carece de estudios hidrológicos detallados del área licitada
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/nirihuau-la-provincia-carece-de-estudios-hidrologicos-detallados-del-area-licitada/
Ñorquinco, en la ruta petrolera
http://opsur.wordpress.com/2009/08/12/norquinco-en-la-ruta-petrolera/
[16] Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana
http://opsur.wordpress.com/2009/10/28/peru-pluspetrol-en-el-corazon-del-conflicto-amazonico/
[17] RSE, maquillaje petrolero en Patagonia
http://opsur.wordpress.com/2009/09/09/rse-maquillaje-petrolero-en-patagonia/
Viaje a Plottier, un yacimiento poblado
http://opsur.wordpress.com/2009/09/23/viaje-a-plottier-un-yacimiento-poblado/
Volviendo a Clases: Pluspetrol va a tu escuela
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/volviendo-a-clases-pluspetrol-va-a-tu-escuela/
[18] Enviar gas a Bahía Blanca, a través de un gasoducto de más de 600km, para industrializarlo en el polo petroquímco de Ing. White
[19] Patagonia petrolera, el desierto permanente
http://opsur.files.wordpress.com/2008/12/patagonia-petrolera.pdf
[20] “Si muere un niño más vamos a volar el gasoducto”
http://opsur.wordpress.com/2009/08/10/salta-%E2%80%9Csi-muere-un-nino-mas-vamos-a-volar-el-gasoducto%E2%80%9D/
Wichis llevan dos meses rodeando una válvula de gas en Gral. Mosconi
http://opsur.wordpress.com/2009/07/31/salta-wichis-llevan-dos-meses-rodeando-una-valvula-de-gas-en-gral-mosconi/
Comunidades indígenas denuncian la construcción de gasoductos en su territorio
http://opsur.wordpress.com/2009/08/01/salta-comunidades-indigenas-denuncian-la-construccion-de-gasoductos-en-su-territorio/
[21] Este sector acaba de fundar un nuevo sindicato, la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE)
Diputados Nacionales reciben a los fundadores de la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía
http://opsur.wordpress.com/2009/11/03/diputados-nacionales-reciben-a-los-fundadores-de-la/
Creación de la ATPE, decisión inteligente contra el modelo neoliberal
http://opsur.wordpress.com/2009/11/07/la-creacion-de-la-atpe-decision-inteligente-contra-el-modelo-neoliberal/
[22] El ítem “Paz social” incluido en el acuerdo, determina que si los trabajadores realizan una medida de fuerza, pierden los $750 diarios correspondientes a su salario. Con la firma de este acuerdo la empresa puede accionar por sobre los derechos de los trabajadores y puede echar empleados a discreción y sin causa justificada. A la vez el acuerdo impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Con la firma de este oprobioso acuerdo queda en evidencia la complicidad permanente entre el sindicato, el poder político provincial y nacional, y las operadoras que se están disputando las concesiones.
http://opsur.wordpress.com/2009/10/25/diputados-nacionales-reclaman-por-victor-chamorro/
[23] Persecución antisindical
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/persecucion-antisindical/
Campaña por la reincorporación de Víctor Cosquín Chamorro
http://opsur.wordpress.com/2009/10/16/campana-por-la-reincorporacion-laboral-de-victor-cosquin-chamorro/

Manu Chao sumado al NO A LA MINA



Lunes 23 de Noviembre de 2009


María Cecilia Costa, profesora de Historia y militante activa contra la minería, estará junto al cantautor franco-español durante su gira por Argentina y se ofrece para entregarle cartas que reflejen la realidad de las comunidades que resisten la embestida minera en distintos puntos del país. Por María Cecilia Costa
Promesas cumplidas: Manu Chao vuelve a apoyar contra la minería contaminante. No a la mina
Como ocurrió en febrero y marzo de este año, volvemos a soñar con la esperanza de que un mundo mejor es posible. Desde el año 2008 Manu Chao apoya la causa NO A LA MINA, pudiéndose ver en su web: www.manuchao.net el enlace con las paginas difusoras de esta problemática, que atraviesan los pueblos de la cordillera de los andes en toda América Latina. Mismo proceso y causas se sufren en África hace siglos.
El 20 de Noviembre Manu arranca una gira por Argentina comenzando en Córdoba en el estadio junior, presentando el último disco grabado en vivo "BAIONARENA". Continuará por Rosario en Old Boys el sábado 21, luego en Buenos Aires en el estadio All Boys como en el 2005, y el 5 de diciembre en Neuquén en el estadio Ruca Che. Manu le dijo No a la Mina en los comienzos de este año y lo cerramos con el mismo apoyo y con más fuerza que nunca! Gracias por el compromiso y que artistas y amigos de otros lares nos den una mano tan grande para contar esta terrible verdad que comienza una lucha por la vida y el agua pura.
La minería es la actividad principal desde la conquista de América. Vinieron por el oro y la plata y se llevaron hasta la vida.
En las últimas décadas de nuestro presente la megaminería a cielo abierto, o megaminería contaminante e hidrotóxica, se desarrolla en América Latina y plenamente en Argentina con la autorización legal desde la sanción del código minero aprobado por unanimidad del congreso bajo los gobiernos menemistas. Existen provincias que han impulsado esta actividad como objetivo principal en varias de nuestras provincias. En Santa Cruz los Kirchner desde la gobernación fueron impulsores y hoy lo son a nivel nacional, siendo que el ejecutivo vetó la ley de glaciares en noviembre de 2008. Hoy un nuevo proyecto para la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares fue aprobada con media sanción del congreso. Este nuevo proyecto reformado por Filmus (el proyecto anterior corresponde a la diputada de mandato cumplido Marta Maffei que había sido aprobado por unanimidad) quita varios conceptos como el de área periglaciar no implementando así protección sobre lo que seria los alrededores de los glaciares que constituyen y forman ríos de agua pura que alimenta a los pueblos. En sus conciertos en Córdoba en Cosquín rock, Manu Chao apoyo la causa no a la mina y la reafirmó en Buenos Aires el 5 de marzo en Club Ciudad y el 7 y 8 en el Luna Park.
La minería a cielo abierto se lleva el oro, se lleva la plata, se lleva el cobre, el plomo, el zinc, el AGUA. Se llevan el agua. El agua es vida.
Escribile una carta a Manu y se la entregaremos para que conozca de tu letra la verdad de una América saqueada por la corrupción, el negocio y el olvido.
Las cartas se reciben acá: costitamai@hotmail.com

RENACE INFORMA




RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA

De la Argentina

18 noviembre 09



RENACE manifiesta su preocupación acerca de los dichos del Sr Jefe de Gabinete de la Nación en relación al cultivo de soja, asi como a la parcialidad que evidencia el informe de la Comisión ad hoc sobre la toxicidad del herbicida asociado que obvia y desatiende los múltiples estudios nacionales y del exterior que alertan sistemáticamente sobre los peligros que implica.





REENVIAMOS



Queremos un país, no una republiqueta sojera.



Durante el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández expuso a la Cámara de Diputados el miércoles 11 de noviembre, expresó:

“El mundo nos pide y nosotros tenemos que salir a vender lo que ellos quieren, y si quieren soja, plantemos soja en las macetas.” Claramente, tenemos que plantar soja hasta en las macetas.



Estos informes están enmarcados en el art. 101de la Constitución Nacional, que en su primera parte dice que “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”. En este contexto, lo expresado por el Jefe de Gabinete de Ministros refiere a un proyecto de país.



El mundo pide muchas de cosas; y de todas ellas los empresarios argentinos deciden producir y el gobierno decide promover el sistema Monsanto de producción agraria transgénica, que incluye el herbicida Roundup y la soja transgénica que soporta este herbicida, ambos producidos y comercializados por la misma empresa.



Este sistema Monsanto de producción agraria y los daños colaterales por la frecuente aplicación fuera de norma causa:



· Destrucción de la capacidad de producir alimentos sanos y diversos en el campo argentino.

· Destrucción de la autonomía de los productores agrarios, haciéndolos dependientes de un sistema que los degrada a ellos y a su ambiente.

· Destrucción de los sistemas productivos vinculados a otras producciones, incluyendo las cadenas industriales, como en el caso de las cadenas textiles vinculadas al algodón.

· Enfermedades que incluso causan la muerte en la población del campo, de las ciudades y de los pueblos afectados por las fumigaciones.

· La concentración del ingreso en poquísimas personas, dejando a la mayoría en la pobreza y en la indigencia.

· El desplazamiento de las personas desde el campo y las pequeñas poblaciones hacia las villas miseria de las grandes ciudades, agravando los desequilibrios poblacionales y ambientales.

· Desertificación en grandes extensiones de nuestros suelos.

· Destrucción de bosques autóctonos.

· Escasez de agua para el consumo humano, para las otras producciones y para los ecosistemas.

· Destrucción de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad, afectando los ciclos de los procesos ecológicos esenciales, como los ciclos del agua, de los nutrientes, del dióxido de carbono y de la energía, incluyendo las cadenas tróficas, sin las cuales la vida no es viable.



El desarrollo y consolidación de este proyecto empodera a la empresa Monsanto en nuestro país. Esta Monsanto es la misma corporación empresaria que proveyó del agente naranja al ejercito de los EE.UU., y la misma que fue condenada por la justicia francesa a pagar una multa por mentir en sus propagandas del herbicida, al presentarlo como “es totalmente biodegradable” y que su uso deja “el suelo limpio”. El tribunal señaló que Monsanto y Scotts France conocían las características ecotóxicas del producto, pero que a pesar de ello difundieron mensajes publicitarios engañosos “conteniendo argumentos ecológicos erróneos con el objetivo de hacer creer falsamente en la existencia de una inocuidad total e inmediata para el ambiente de sus productos”.



El sistema Monsanto y sus daños colaterales producen degradación ecológica, social y económica.



El pueblo argentino necesita otro país, que promueva y genere todo lo contrario. Tenemos que seguir trabajando y luchando para conseguirlo, porque está visto que no nos será dado.



Ing. Claudio Lowy ecolowy@yahoo.com.ar (011) 15 6467 5187

jueves, 19 de noviembre de 2009

Crece la solidaridad con la familias Morales, Sanchez y Fernandez en 25 de mayo.


(miércoles 18 de noviembre de 2009)

Las familias Morales, Fernández y Sánchez continúan reclamando que la provincia les reconozca el derecho de propiedad de las tierras que ocupan desde hace un siglo. Desde hace dos semanas mantienen interrumpido el paso de operarios y maquinaria hacia los pozos petroleros instalados en sus propiedades.

Las familias Morales y Fernández volvieron a cortar el accesos a las baterías 3 y 4, un kilómetro antes del corte que liberó la policía la semana pasada, aunque ahora no sólo impiden el paso a personal y vehículos de Petrobrás, sino de todas las empresas que operan en la zona entre las que se cuentan Petroquímica Comodoro Rivadavia y Minera Cholino. Continúan clamando el pago por derecho de servidumbre. La protesta recrudeció ya que las familias denuncian que es la provincia la que impide que Petrobras les pague a los superficiarios al negar que sean propietarios de las tierras que ocupan. Desde la provincia fueron enviados efectivos, que se han instalado en el lugar primero con dos pequeñas casillas y desde ayer con un container que oficia de trailer, de modo de permanecer allí garantizando el paso de los petroleros.

"Para mí cortar el camino de las petroleras es re fácil. Es salir al patio de mi casa y tomar unos mates, porque pasan por mi casa para ir a los pozos petroleros", dijo Blanca Morales a Plan B radio.

Estas dos familias mantienen una protesta desde el lunes 2 de este mes cuando realizaron cortes impidiendo ingresar a un área donde hay 500 pozos de petróleo, de los cuales la mitad había sido sacado de producción por recomendación de los manifestantes, para evitar derrames. El jueves de la semana pasada, el segundo jefe de la policía de la provincia, Juan Domingo Pérez, con refuerzos policiales, llegó a 25 de Mayo y posteriormente obligó a los campesinos a permitir el paso de camionetas y obreros de Petrobrás. Los integrantes de las dos familias permanecieron adonde estaba el piquete hasta hoy a la madrugada, cuando decidieron mudarse por el mismo camino a un kilómetro en dirección a Colonia Chica, para volver con otra medida de fuerza, aunque contra todas las empresas que trabajan en ese sector.

Blanca Morales acusó también al secretario de Hidrocarburos de La Pampa: "cortó los candados para que las empresas puedan sortear el corte de las familias que reclaman el pago de servidumbre". "Varela vino y cortó los candados. Varela va en actitud de líder de las petroleras abriéndoles el camino".


Publicado por Partido Comunista Revolucionario La Pampa

Argentina, La Pampa: Documento de las FFAA reivindica al terrorismo de Estado


lunes 16 de noviembre de 2009

El material fue distribuido por el Foro de Generales Retirados y el Centro de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas. El “Cuaderno” reivindica el Terrorismo de Estado y la “lucha contra la subversión” y lo recibieron oficiales en actividad y ex oficiales del Ejército en la provincia.

Oficiales en actividad en Santa Rosa y ex militares radicados en La Pampa forman parte de los “seleccionados” que recibieron un escrito de ex generales procesistas para sumarse a una “campaña de esclarecimiento” sobre lo ocurrido durante la dictadura militar. En ese escrito, también atacan al actual gobierno nacional y defienden a Cecilia Pando.

Difusión

El documento fue difundido durante el año pasado por el “Foro de Generales Retirados” y el “Centro de Estudios Estratégicos”, que pertenece al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque no se lo aclara en el texto.

El Foro de Generales Retirados es una agrupación que congrega a generales en situación de retiro que se opone al gobierno nacional de los Kirchner y al impulso de las causas sobre los derechos humanos. Este Foro fue creado en 1996 siguiendo una verdadera tradición en las Fuerzas Armadas, que durante décadas le había otorgado a los militares que habían concluido con el servicio activo la posibilidad de agruparse en distintas organizaciones –en muchos casos, de carácter cívico-militar– que se transformaban en verdaderas tribunas políticas de defensa de los intereses de la institución en su conjunto, al tiempo que constituían verdaderos grupos de presión con capacidad para influir sobre las conducciones de las Fuerzas y sobre el poder político.

En tanto, el Centro de Estudios Estratégicos tiene como misión “realizar estudios e investigaciones sobre estrategias relacionadas con la Defensa Nacional” y “concurrir al esclarecimiento de tales disciplinas en el orden nacional y el militar en particular a fin de contribuir al análisis de los problemas que origina la conducción de la guerra y la evolución de la estrategia militar”, según figura en su página web.

Documento

El documento entregado a oficiales y ex oficiales pampeanos se titula “Cuaderno Orientador de posibles preguntas más frecuentes sobre los temas a difundir y sus respuestas sugeridas” y es una clara reivindicación sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y del Terrorismo de Estado. Una campaña iniciada para contrarrestar los juicios por delitos de lesa humanidad que se están juzgando en los últimos años.

El “Cuaderno” está orientado para su difusión “entre públicos seleccionados, internos y externos, civiles y militares” y tiene como fecha el año 2008. Contiene 42 preguntas y las “respuestas sugeridas” para “esclarecer” sobre la “lucha contra la subversión”. Un compendio justificatorio de la llamada “guerra sucia” y de la aplicación del Terrorismo de Estado durante los años 70.

El tenor del texto tiene un léxico declaradamente “procesista”. Por ejemplo, en una de las preguntas se indica: “¿Cuál es la realidad sobre lo que aseguran las Madres de terroristas, autodenominadas Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron 500 los bebés apropiados durante la guerra contra la subversión?”.

No se pudo establecer si actualmente, la ministra de Defensa, Nilda Garré, tiene conocimiento de este material que circula entre oficiales en actividad.

Temas

Algunas de las preguntas que se utilizan como “ideas fuerzas a difundir” y las respuestas que se aconsejan, son por ejemplo:

“–¿Por qué durante la guerra en la década del 70 no se entregaron los cuerpos de aquellos guerrilleros terroristas muertos?”
“–En primer lugar, la gran mayoría de ellos actuaban clandestinamente y sin identidad o con identidad falsa, en consecuencia, y al no ser reclamado su cadáver por persona alguna, se le daba sepultura cono NN, es de destacar que en la paz diariamente se sepulta de esa manera a fallecidos en accidentes o en la vía pública sin ser reclamados los cadáveres. En segundo lugar, en muchos casos, las mismas organizaciones de guerrilleros-terroristas ajusticiaban a militantes por cobardía o traición y seguidamente hacían desaparecer sus cadáveres. En varias oportunidades, estos fusilamientos fueron publicados en sus órganos de prensa. En tercer lugar, es muy grande la cantidad de “desaparecidos” que no son tales, tan es así que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia, Carmen Argibay, figura como desaparecida en el libro de la Conadep y como ella hay numerosísimos casos”.

“–¿Por qué no se desenmascara públicamente a los presuntos desaparecidos según la Conadep y que no sólo están vivos sino que algunos son jueces o funcionarios públicos?”
“–No se logra hacerlo debido al temor o desidia de los medios en publicarlo y a la falta de dinero para hacerlo, no obstante es absolutamente necesario tratar de hacerlo”.

“–¿Hubo en nuestro país una guerra en la década del 70?”
“–Hace 50 años la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país. Sin tener arte ni parte, simplemente estábamos en la ruta de conquista del comunismo internacional, los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de su sucursal americana, Cuba, se proponían someter a nuestro país a su sistema y sumarnos a sus satélites”.

“–¿Si la guerrilla fue vencida por las armas, cómo dicen que ahora están en el poder?”
“–Derrotados, los guerrilleros abandonaron la lucha armada y se mimetizaron en la sociedad como pacíficos civiles. Pero no abandonaron sus objetivos. No cesaron la guerra revolucionaria, sino que la trasladaron a otros campos”.

“–¿Por qué se emplearon las FFAA si los que llamaban “subversivos” eran en general jóvenes idealistas, muchos de ellos estudiantes y sin instrucción militar?”
“–Eso no era así. La versión de los “jóvenes participantes idealistas” es un invento de la propaganda de los agitadores por los derechos humanos, que además de justificar con ello su propia cobardía, resta méritos a quienes en la mayoría de los casos, eran excelentes combatientes, perfectamente entrenados en el exterior y organizados militarmente”.

Foto: Argentina, Terrorismo de Estado - Integrantes de la Junta Militar golpista, de izquierda a derecha: Emilio Massera (Armada), Jorge Videla (Ejército) y Héctor Agosti (Fuerza Aérea).

Ahora, los Morales y Fernández fueron por el corte total a las petroleras

Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 12:35

Las familias Morales y Fernández redoblaron esta madrugada su apuesta y ahora cortaron totalmente el paso de los petroleros en otro sector del campo que ocupa en la zona de Colonia Chica. Ahora, además de trabajadores de Petrobrás, no pueden pasar operarios de Petroquímica Comodoro Rivadavia y otras empresas.

Las familias reclaman el pago de servidumbres. El primero corte lo hicieron el 2. Luego de varios días, el lugar fue liberado por policías. Esta madrugada, en tanto, las familias volvieron a cortar los accesos a las baterías 3 y 4, un kilómetro antes del anterior corte.

Fuente: Diario Textual, La Pampa

lunes, 16 de noviembre de 2009

Las Transnacionales contribuyen a aumentar el HAMBRE

Comunicado de prensa - La Via Campesina

Los Campesinos y Campesinas ofrecen SOLUCIONES

(Roma, 15 de noviembre del 2009) La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta crisis.

Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo.

Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han jugado un rol principal al incrementar el hambre en el mundo mediante la toma de control sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo a campesinos y campesinas de la misma producción alimentaria.

Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agricolas de producción, forzando a modos productivos intensivos e introduciendo tecnologias y politicas como los agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interes de incrementar sus beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas las estadisticas que demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el mundo.

Sobre el tema de transgenicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino COAG (miembro de la Vía Campesina), declaró: “Existe un consenso global entre campesinos y consumidores sobre las tecnologias de OGMs que permiten a las multinacionales tomar el control sobre las semillas negando a los agricultores la posibilidad de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir alimentos libres de modificaciones geneticas mientras que los consumidores pierden el derecho de alimentarse al mismo tiempo con productos sin transgenicos. Este es un claro ejemplo de como la privatizacion de los recursos naturales va en contra de los intereses comunes. Los consumidores en Europa, con razón, estan rechazando este tipo de tecnologias;”

Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su pais natal, Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al empobrecimiento del campesinado y al fomento de la malnutricion particularmente entre los bebes, a traves del control de la produccion y del sistema de precios dentro del sector lechero.

Durante el Foro “Soberania Alimentaria Ya”, paralelo al Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad Civil estan proponiendo las soluciones reales de la soberania alimentaria.

Información para los medios y entrevistas:

Annelies Schorpion:
Teléfono : +39 3312861096 (Entre el 12 y el 18 de noviembre)
e-mail: a.schorpion@eurovia.orga.schorpion@eurovia.org Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y/o idelforge@viacampesina.orgidelforge@viacampesina.org Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Más información en www.viacampesina.org

La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños productores, sin tierra, mujeres rurales y trabajadores agrícolas alrededor del mundo. Nuestro movimiento está conformado por 148 organizaciones miembros activas en 69 países en Asia, Africa, Europa y las Américas.

Comunidad Indígena de Animaná se presenta a audiencia para defender el territorio.


Paraje Potrerillo, Departamento San Carlos, pcia. De Salta

13 de noviembre de 2009

EMPRESARIOS CAFAYATEÑOS USURPAN TERRITORIOS INDIGENAS

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Solo gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de hoy en la ciudad de Salta. Pero hay mucha preocupación por el desenlace de la instancia judicial.

El día miércoles 11 de noviembre, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron “mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo”...

Inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional , el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160.[1]

Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente solo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.

Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día de hoy a las 10:00 en la ciudad de Salta.

Este caso es uno más en el contexto de intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, buscando aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad en manos de un empresario.

La audiencia se realizará en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a. Nominación, Juez Dr. Antonio Pastrana. La presión de todas las organizaciones aportará para que se garantice el acceso al Derecho por parte de la comunidad.

Teléfono del Juzgado: (0387) 425-8040. Ciudad Judicial de la ciudad de Salta.

Encuentro Calchaquí – Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina

encuentrocalchaqui@yahoo.com.ar – movnaccampesinoindigena@gmail.com


Contacto de prensa: (03868) 15 402-067 / (03868) 15 459-866

DINERO VENENO


LA UNCUYO DEBATE SOBRE LOS FONDOS DE LA ALUMBRERA

Por: nOTICIERO pOPULAR -Mza-

Ayer miércoles 11 de noviembre, en la sesión de Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo se hicieron presentes estudiantes, docentes pertenecientes a FADIUNC y la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, para solicitarle al mismo que explicite la posición que se iba a tomar frente a los fondos provenientes de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio).
YMAD está integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Catamarca y la Universidad de Tucumán, pero ésta a la vez forma con Minera Alumbrera Limited una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Como bien ha denunciado el Nobel de la Paz , Adolfo Perez Esquivel, “entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[1]; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias[2], y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras”. Además -y entendiendo que no es un dato menor- tal como lo destaca Mirta Antonelli (profesora de la Universidad de Córdoba) “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”[3].

En virtud de la Ley 14.771 y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, el 10 de julio de 2008, la distribución de 50 millones de pesos, provenientes del emprendimiento Bajo La Alumbrera , de YMAD.

Llegó la hora en que la UNCuyo debe decidir si recibir o no los fondos de YMAD. Por ello, en el día de ayer estudiantes, docentes y militantes de la Asamblea de Mendoza , se reunieron para exigir al Consejo Superior que antes de tomar una decisión en relación a los fondos, abra el debate a toda la sociedad.

Precisamente, fueron el consejero estudiantil y el docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes sentaron su posición por el rechazo de los fondos. Si bien en el orden del día no estaba planteado tomar dicha decisión, la Comisión de Interpretación y Reglamento -en el expediente del trabajo realizado la semana anterior- se limitaba a comunicar que legalmente los fondos pueden ser aceptados, sin plantear en ningún momento el debate sobre los mismos, y menos aún, el rechazo de dichos fondos.

Así luego de más de una hora de intervención de docentes de Fadiunc, de consejeros/as y del mismo Rector, Arturo Somoza, se decidió organizar un debate sobre el tema minero antes de llegar a la instancia de votación por la aceptación o rechazo de los fondos de YMAD, aunque el mismo no sería vinculante, como bien aclaró el mismo Rector.

Cabe destacar que este máximo órgano de decisión no pensaba dar este debate hacia las afuera de su recinto y menos aún hacer pública la decisión que se tomaría frente a estos fondos. Un par de horas después de esta sesión frustrada, se publicó un artículo en la página oficial de la universidad titulado: La UNCuyo organizará debate sobre minería antes de resolver si acepta los fondos. Por un lado, se podría haber titulado en negativo (antes de resolver si NO acepta los fondos) y por el otro, dicha noticia no muestra cómo fue que se llegó a tal resolución, es decir no cuenta por qué ahora se organizará un debate. Sólo se toman las declaraciones del rector, desconociendo que el debate público fue una iniciativa de los y las docentes de Fadiunc y de los/as Consejeros/as que plantean el rechazo de los fondos.

La situación no es menor, la sociedad mendocina (y argentina) no debe quedar fuera de esta discusión, ya que la universidad pública tiene la obligación de ejercer una mirada crítica y coherente sobre toda actividad que se realice y sus posibles impactos en la población. Una vez más, la universidad se aleja de su rol principal, acepta condicionamientos ideológicos y se rebaja a que la producción de saberes dependa de fondos que provienen de una actividad tan vergonzosa y cuestionada como la de multinacionales que ejercen proyectos megamineros. Y no sólo se trata de este tipo de empresas, sino de varias otras corporaciones económicas que han logrado cooptar a los y las docentes, sus currículas y los espacios de práctica universitaria, generando la aceptación y complacencia con los proyectos sojeros y con la megaminería saqueante y contaminante.

La jornada del día de ayer nos demuestra, una vez más, que solo la organización y la presencia de los/as que luchan, hace cambiar el rumbo de los grandes capitales. Sólo se ha ganado un poco de tiempo para poder debatir y conocer de dónde provienen estos fondos, qué daños han causado y causan a la naturaleza y la sociedad, cuánta contaminación nos están dejando y cuánto nos están saqueando.

Esperamos que la Universidad Nacional de Cuyo diga NO a los fondos de YMAD, así como lo hicieron otras universidades del país[4]. Porque si bien la Universidad no es soberana, si es autónoma y esa autonomía debería ser la que le permita poner su conocimiento al servicio del pueblo y no de los grandes capitales.



Adjuntamos:

- Carta de Pérez Esquivel al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

- Nota del portal web de la UNRío Cuarto, que rechazó estos fondos

- Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UNCórdoba





[1] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.

[2] Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera , el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9). Desde entonces el hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.

[3] “El oro no brilla en la academia”, Página 12, 5 de junio de 2009.

[4] Estos fondos han sido rechazados por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): las facultades de Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): las facultades de Psicología, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales. Por último, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Entre las unidades académicas están: la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y las escuelas de Ciencias de la Información y Biología de la UNC.


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Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA - AMPAP -
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS - UAC -
visiten nuestro blog:
http://asambleapopularporelagua.blogspot.com

México: "Foro nacional en defensa de los pueblos del maíz y contra el maíz transgénico", en Guadalajara el 21 de noviembre


8 Noviembre 2009
Ilegal e inmoral, pero no impune
Silvia Ribeiro*

Contra viento y marea, en medio de innumerables críticas e irregularidades, el gobierno aprobó hasta el 27 de octubre, 22 siembras "experimentales" de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer Hi Bred (esta última, propiedad de DuPont).

Estas tres empresas acaparan cerca de 40 por ciento del mercado global de semillas en general y más de 90 por ciento del mercado global de semillas transgénicas. Su avance en México en algo tan central como el maíz significa entregarles en bandeja las raíces, la historia y la soberanía alimentaria del país.

Esos "experimentos" cubrirían en total unos 120 mil metros cuadrados -área suficiente para provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campesino y nativo de México- distribuidos en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. Otras solicitudes de las trasnacionales que están en proceso, pretenden permisos para liberación en Jalisco, Cohauila y Durango, y van por más. Es ignominiosa (y fuertemente criticada incluso por muchos de sus propios investigadores, a los cuales se ha ignorado) la colaboración que reciben estas trasnacionales de organismos públicos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que les brindan sus centros para experimentar. Además es paradójica, ya que el avance de las trasnacionales en el mercado semillero, apunta justamente a que instituciones públicas como el INIFAP desaparezcan. A algunos miembros de esta institución les parece mejor servirles desde ya, mal usando recursos y patrimonio públicos, quizá para ver si con el avance de la privatización les caen algunas migajas por el favor.

Ante esta situación, han habido múltiples respuestas y más vienen en camino. En Chihuahua, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas anunciaron que no permitirán las siembras aún si para ello tuvieran que destruir las parcelas experimentales. En otros lugares han habido bloqueos y protestas locales. En muchas partes se discuten y planean acciones.

Greenpeace (además de otras acciones, como colgar una gran pancarta en el Ángel de la Independencia con el texto "Maíz transgénico-fin de la independencia") hizo una revisión exhaustiva de la legalidad de estas decisiones y presentó un recurso de revisión, demandando su anulación. En los documentos presentados (disponibles en www.greenpeace.org.mx), muestran cómo las instancias de gobierno violan varias leyes, incluyendo la de bioseguridad. Por ejemplo, no indican las fechas en que fueron otorgados los permisos, ni quiénes fueron los responsables de otorgarlos (en ambos casos, seguramente porque saben que es un crimen de lesa humanidad y pretenden ocultarse en la generalidad de las instituciones), tampoco dan la identificación precisa de los "agricultores cooperantes" en cuyos terrenos se realizarán las siembras; la ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso falsa, y las coordenadas geográficas no coinciden con los predios presentados en las solicitudes de las empresas. El gobierno está obligado por ley a entregar todos estos datos al público, pero temen las consecuencias que les traería darlos a conocer.

Más grave aún, en ningún lugar detallan nada menos que la finalidad de tales actividades ni la medidas de bioseguridad, control y emergencia que se aplicarían. Al parecer, hasta los propios funcionarios saben que el "experimento" no tiene sentido en sí mismo -es apenas una formalidad- y que las medidas de "bioseguridad" son una farsa vergonzosa, que no podrán garantizar que no haya contaminación del maíz nativo, producto de 10 mil años de culturas y trabajo colectivo. Es increíble que tamañas decisiones hayan sido anunciadas al público a través de escuetos boletines de prensa, donde los funcionarios esbozan generalidades como que "cumplieron con la ley" y que "habrá bioseguridad". Documentos que comprueben tales afirmaciones: ninguno.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS, www.unionccs.net) reunió más de 700 firmas de apoyo de reconocidos científicos nacionales e internacionales para un "extrañamiento" que dirigen a Felipe Calderón contra la liberación del maíz transgénico en México. Al contrario de los funcionarios gubernamentales, presentan numerosos documentos, detallados y argumentados, que señalan debido a los enormes riesgos en que se coloca al maíz en su centro de origen y diversidad -que indican es todo el territorio nacional- y a que existe "amplia evidencia que demuestra que hay alternativas estables que pueden generar, e incluso superar, los beneficios que se pretende obtener con el maíz transgénico sin que impliquen los riesgos de esta tecnología", concluyen que "todas las siembras experimentales de maíz transgénico deben prohibirse, hasta que se resuelvan satisfactoriamente, desde el punto de vista científico y socioeconómico las inquietudes que han planteado".

La Red en Defensa del Maíz convoca a un "Foro nacional en defensa de los pueblos del maíz y contra el maíz transgénico", en Guadalajara el 21 de noviembre. El foro será en Jalisco, con la intención de estrechar los lazos y actividades conjuntas de organizaciones y comunidades de todo el país con las que están directamente en los estados donde se han autorizado las siembras. (Información en elcolectivocoa@gmail.com ) Sigue aquí y en muchas otras partes, organizándose la resistencia. No pasará impunemente la venta del patrimonio genético del país.

*Investigadora del Grupo ETC
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/07/index.php?section=opinion&article=025a1eco

martes, 10 de noviembre de 2009

Chile: los mapuche denuncian violencia colonial


Frente a la Represión Estatal
(AW) El Estado chileno continúa con el legado de la dictadura: la represión ya carga con el asesinato de varios mapuche y la Justicia se ha encargado de hacer el resto, encarcelando a los dirigentes de ese pueblo.


Documento Político
La violencia colonial en Wallmapu


LUNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2009

Los cuatro años de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se terminan con el Wallmapu en una espiral de violencia colonial que golpea de lleno a nuestro pueblo. La muerte de nuestros jóvenes, cobardemente asesinados por Carabineros de Chile; los traumatismos de nuestros niños, algunos de ellos incluso tiroteados con perdigones; las brutalidades contra nuestros ancianos, nuestros longko y machi, golpeados y humillados en los continuos allanamientos de nuestras comunidades por parte de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), son la respuesta del Gobierno a las históricas reivindicaciones de nuestro pueblo.

Frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras que legítimamente son nuestras, el Estado chileno ha optado por la represión, militarizando una vasta zona del País Mapuche. La estrategia es la intimidación, doblegar la voluntad, paralizar por miedo. La táctica son los allanamientos violentos contra las comunidades y hogares estudiantiles: se trata, en estos cuatro años, de cientos de allanamientos; algunas comunidades, como Temukuykuy, victimas de un estado de sitio permanente. El método es el ataque con tropas de choque, que equipadas con armas de guerra irrumpen brutalmente y en medio de insultos racistas golpean a las personas y destruyen sus casas. El costo humano para nuestro pueblo son cientos de heridos, muchos a bala o perdigón, algunos con secuelas físicas graves de por vida, y cientos de detenidos entre hombres, mujeres, niños y ancianos, todos maltratados y fichados como delincuentes.

Estamos aquí ante operaciones punitivas colectivas –pues la acción represiva no está dirigida contra una persona en particular sino contra la población de la reducción o los estudiantes del hogar en su conjunto– que se inscriben en una estrategia de intimidación dirigida contra todo el pueblo mapuche. Operaciones de este tipo fueron practicadas por la Dictadura, cuando tropas del Ejército tomaban por asalto poblaciones enteras como fue el caso de La Pincoya o La Victoria. El método de la punición colectiva es empleado hoy por el régimen chino contra tibetanos y uigures, por Turquía contra los kurdos o por Israel contra los palestinos; en el pasado lo usó la Francia colonial en Argelia e Inglaterra en Irlanda, también el Estado español contra los vascos y, desde luego, Chile y Argentina durante la «Pacificación de la Araucanía» y la «Campaña del Desierto», respectivamente. A lo largo de la historia ha sido siempre parte del arsenal represivo de los regímenes coloniales o de opresión nacional.

Carabineros es en Wallmapu una fuerza de ocupación y se comporta como tal; a ninguna categoría de la población chilena da el Estado el trato reservado a los mapuche. Las imágenes filmadas por Canal 13 el pasado 16 de octubre, que muestran cómo elementos del GOPE agreden salvajemente en la comisaría de Ercilla a nuestro peñi Carlos Kurinaw, hijo del longko de la comunidad Wañako Millaw, permiten hacerse una idea del comportamiento de esta tropa cuando opera al interior de las comunidades, lejos además de las cámaras de la televisión y los profesionales de la prensa. La violencia es también el hostigamiento policial, que en un contexto colonial es siempre racista. Una ilustración es la detención abusiva, el 3 de abril de 2008, de nuestro peñi Waykilaf Kadin cuando salía de la Intendencia Regional, filmada por un equipo de Canal 2 de Temuko presente en el lugar. La prepotencia policial fue tal que provocó la indignación del público presente, así como los comentarios escandalizados de un periodista del canal que cubría el hecho. Aquí la derecha no habla de vejámenes ni abusos policiales, por el contrario, guarda hipócrito silencio.

De la misma impunidad benefician los jefes policiales responsables del montaje destinado a encubrir el asesinato del peñi Jaime Mendoza Kollio. Quedó demostrado que las fuerzas represivas fabricaron pruebas y mintieron; más allá de un discreto y expedito traslado –en la misma función– a Magallanes del entonces Jefe de la IX Zona de Carabineros, Cristian Llévenes, ¿cuáles son las sanciones que el Gobierno prevé aplicar ante hechos de tal gravedad, comunes durante la pasada dictadura pero inaceptables en una democracia? ¿Qué garantía puede haber así de que se haga justicia y se castigue a los responsables de los asesinatos de Alex Lemun y Matías Katrileo, cuando sus casos radican en la justicia militar? En un verdadero Estado de derecho democrático los crímenes de militares contra civiles son competencia de la justicia penal ordinaria. No es el caso en un país como Chile, con una Constitución heredada de la dictadura y con poderes fácticos que han secuestrado por décadas la soberanía popular.

La represión policial va acompañada, lógicamente, de la represión judicial. E incluso del ensañamiento judicial, cuando se trata de dar satisfacción a los poderosos: la condena el 2003 a cinco años de cárcel por «amenaza terrorista» de los longko Pascual Pichun y Aniceto Norin, ilustra bien la parcialidad de la justicia. Reclamada por Agustín Figueroa, latifundista en Wallmapu, miembro de la Corte Suprema y ex ministro del Presidente Patricio Aylwin, la condena la consiguió en un segundo juicio, luego que un primer juicio absolviera a los longko. Se trata de juicios políticos, dirigidos contra militantes a quienes se les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. El uso de una legislación de excepción por parte del Estado es criticado no sólo en Chile sino también por importantes organismos internacionales de Derechos Humanos. Ya en 2003 el informe elaborado por el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instaba al Gobierno a renunciar a su utilización por ser desproporcionada. En 2009, el nuevo Relator Especial James Anaya, en un segundo informe sobre la situación vuelve a insistir en el mismo sentido.

El responsable político de la represión contra nuestro pueblo es naturalmente el Gobierno de Chile, que no ha estado a la altura del conflicto en Wallmapu. Más aun, que no quiere ver su naturaleza política ni sus raíces históricas, criminalizando las movilizaciones y encarcelando nuestros hermanos. En vez de examinar el problema en toda su magnitud y complejidad y abordar las causas de fondo y buscarle solución, el Gobierno se ha comportado como simple sirviente de la CORMA, la SOFO y los latifundistas. Ha invertido cientos de miles de dólares para la protección de latifundistas y plantaciones forestales; otros cientos de miles son invertidos para el equipamiento de las fuerzas represivas utilizadas contra los mapuche. Todo un despliegue de medios y recursos por parte del Estado para resguardar los privilegios de los poderosos y reprimir a nuestra gente de las reducciones.

lunes, 9 de noviembre de 2009

Reclamo de ladrilleros pampeanos

Somos un grupo de ladrilleros en lucha de la provincia de La Pampa.
La actividad ladrillera está quebrada.
A partir de la situación que vivimos, presionados por la crisis, la falta de lluvias que desfavorece la actividad agropecuaria que por esta región es indispensable para el desarrollo del resto de las actividades que se quieran desarrollar, tales como obras particulares donde nosotros podemos colocar nuestra producción y las visitas de AFIP haciendo operativos de control en una actividad como la ladrillera que siempre estuvo marginada y nunca tuvo un lugar dentro de la sociedad.
Por todo esto nos vimos obligados a buscar la manera de realizar un convenio.
Comenzando por relaciones laborales, donde se nos comunicó que nunca se había hecho un trato y nos dijeron que era necesario sancionar una ley y que debíamos ir a la lesgislatura, pues allí fuimos y nos dijeron que tenían que elaborar un proyecto que como todos sabemos, lleva tiempo, por lo tanto, seguía presionando nuestra difícil situación. Entonces, el 15 de Septiembre del año 2009 decidimos enviar una misiva al señor gobernador para que tuviera conocimiento de la situación, tenemos la copia de la misma con el sello de ingreso.
Los párrafos sobresalientes serían:
. que lo de la ley lleva tiempo, le pedimos que agilice los trámites. Nosotros no le pedimos ni crédito, ni subsidio, queremos trabajar, integrarnos a la sociedad mediante la creación de la ley y para esto que nos tuviera en cuenta en la obra pública en los próximos pliegos licitatorios de las casas de barrios a realizarse en la provincia. Porque los realizados hasta ahora se han hecho con ladrillos céramicos que no se producen en La Pampa y ladrillones que vienen de Mendoza subsidiados a un precio muy bajo, inferior a nuestros costos.
No hemos obtenido respuesta hasta el momento, visitamos a AFIP, hablamos con la jefa preguntando de qué manera controlar la entrada de ladrillos de Mendoza para que tengamos igualdad de condiciones y nos dijo que era una decisión política, fuimos a Casa De Gobierno a la Subsecretaría de Industria y Producción , donde el señor Bruna dijo que no se podía controlar la entrada de los ladrillos mendocinos, entonces decidimos hacer público el reclamo para que aparezca el responsable de la situación.

Mientras de un lado del Parque Recreativo "Don Tomás", el 18 de Diciembre la presidenta vendrá a inaugurar con bombos y platillos la monumental obra de la Ciudad Judicial que nos cuesta más de 50 millones de pesos, a 1000 metros la obra inconclusa del megaestadio en la cual se gastó otro montón de dinero, del lado opuesto hay gente trabajadora y humilde con ganas de producir y ganarse su sustento dignamente y las autoridades están ajenas a la situación y tendrían que ver nuestros amigos de la localidad de Cachirulo, productores de ladrillos en la deprimente situación que se encuentran, como así también los de la localidad de Toay.
Ya no están por estos lares ni CALZAR, ni CABLOPAMPEANA, ni INDUMENTARIA ARGENTINA, ni BOPASA, ni el MOLINO WERNER, ni LÁCTEOS PAMPA, o sea digamos no se está produciendo nada. Nosotros seríamos los únicos que a duras penas estamos subsistiendo, queremos producir, integrarnos a la sociedad y parece que esto fuera algo extraño(¿Querer producir? ) como si fuera lo más estúpido que se nos ocurre.


NECESITAMOS QUE USTEDES NOS DEN UNA MANO EN ESTO, ESTAMOS MUY SOLOS. MUCHAS GRACIAS.


Rubén Arrieta D.N.I: 13956390

Ecosocialismo: hacia una nueva civilización

04/11/2009 in Panorama Nacional
por Michael Löwy*
Las presentes crisis económica y ecológica son parte de una coyuntura histórica más general: estamos enfrentados con una crisis del presente modelo de civilización, la civilización Occidental moderna capitalista/industrial, basada en la ilimitada expansión y acumulación de capital, en la “mercantilización de todo” (Immanuel Wallerstein), en la despiadada explotación del trabajo y la naturaleza, en el individualismo y la competencia brutales, y en la destrucción masiva del medio ambiente. La creciente amenaza de ruptura del equilibrio ecológico apunta a un escenario catastrófico –el calentamiento global– que pone en peligro la supervivencia misma de la especie humana. Enfrentamos una crisis de civilización que demanda un cambio radical.[1]
Ecosocialismo es un intento de ofrecer una alternativa civilizatoria radical, fundada en los argumentos básicos del movimiento ecológico, y en la crítica marxista de la economía política. Opone al progreso destructivo capitalista (Marx) una política económica basada en criterios no monetarios y extraeconómicos: las necesidades sociales y el equilibrio ecológico. Esta síntesis dialéctica, intentada por un amplio espectro de autores, desde James O’Connor a Joel Kovel y John Bellamy Foster, y desde André Gorz (en sus escritos juveniles) a Elmar Altvater, es al mismo tiempo una crítica de la “ecología de mercado”, que no desafía el sistema capitalista, y del “socialismo productivista”, que ignora la cuestión de los limites naturales.
Según James O’Connor, el objetivo del socialismo ecológico es una nueva sociedad basada en la racionalidad ecológica, en el control democrático, en la equidad social, y el predominio del valor de uso sobre el valor de cambio. Agregaría que este objetivo requiere: a) propiedad colectiva de los medios de producción –“colectiva” quiere decir propiedad pública, cooperativa o comunitaria–; b) planificación democrática que permita a la sociedad definir metas de inversión y producción; y c) una nueva estructura tecnológica de las fuerzas productivas. En otros términos: una transformación social y económica revolucionaria.[2]
El problema con las tendencias dominantes de la izquierda durante el siglo XX –la socialdemocracia y el movimiento comunista de inspiración soviética– fue la aceptación del modelo de fuerzas productivas realmente existente. Mientras la primera se limita a una versión reformada –a lo sumo keynesiana– del sistema capitalista, el segundo desarrolló una forma colectivista – o capitalista de Estado– de productivismo. En ambos casos, la cuestión del medio ambiente quedó descartada, o fue marginada.
Los propios Marx y Engels no ignoraban las consecuencias ambientales destructivas del modo de producción capitalista: hay varios pasajes en El capital y otros escritos que muestran esta comprensión.[3] Creían además que el objetivo del socialismo no era producir cada vez más mercancías,sino dar a los seres humanos tiempo libre para el pleno desarrollo de sus potencialidades. De modo que ellos tienen poco en común con el “productivismo”, esto es, con la idea de que la ilimitada expansión de la producción es un objetivo en sí mismo.
Sin embargo, hay algunos pasajes en sus escritos que parecen sugerir que el socialismo permitiría el desarrollo de las fuerzas productivas más allá de los límites impuestos a estas por el sistema capitalista. Según este enfoque, la transformación socialista solo tendría que ver con las relaciones de producción capitalistas, convertidas en un obstáculo para el libre desarrollo de las fuerzas productivas existentes (se suele decir que las “encadena”); el socialismo significaría sobre todo la apropiación social de estas capacidades productivas, que las pondría al servicio de los trabajadores. Para citar un pasaje del Anti-Dühring, un trabajo canónico para varias generaciones de marxistas: el socialismo permitiría “que la sociedad, abiertamente y sin rodeos, tome posesión de esas fuerzas productivas que ya no admiten más dirección que la suya”.[4]
La experiencia de la Unión Soviética ilustra los problemas que se derivan de una apropiación colectivista del aparato de producción capitalista: desde el comienzo, predominó la tesis de la socialización de las fuerzas de producción existentes. Es cierto que, durante los primeros años tras la Revolución de Octubre, pudo desarrollarse una corriente ecológica y algunas (limitadas) medidas proteccionistas fueron tomadas por las autoridades soviéticas. Sin embargo, con el proceso de burocratización stalinista, las tendencias productivas, en la industria y la agricultura, fueron impuestas con métodos totalitarios, en tanto los ecologistas fueron marginados o eliminados. La catástrofe de Chernobil es un ejemplo extremo de las desastrosas consecuencias que tuvo la imitación de las tecnologías productivas de Occidente. Un cambio en las formas de propiedad que no sea seguido por la gestión democrática y la reorganización del sistema productivo solo puede llevar a un final terrible.
Los marxistas pueden inspirarse en lo que destacaba Marx en relación con la Comuna de Paris: los trabajadores no pueden tomar posesión del aparato del Estado capitalista y ponerlo a funcionar a su servicio. Deben “demolerlo” y reemplazarlo por una forma de poder político radicalmente diferente, democrático y no estatal.
Lo mismo es aplicable, mutatis mutandis, al aparato productivo: por su naturaleza, su estructura, no es neutral, sino que está al servicio de la acumulación de capital y de la ilimitada expansión del mercado. Está en contradicción con las necesidades de protección del ambiente y de la salud de la población. Es preciso, por lo tanto, “revolucionarlo”, en un proceso de transformación radical. Esto puede significar cancelar ciertas ramas de la producción: por ejemplo, las plantas nucleares, algunos métodos masivos/industriales de pesca (responsables por el exterminio de varias especies en los mares), la tala destructiva de selvas tropicales, etcétera (¡la lista es muy larga!). En cualquier caso, las fuerzas productivas, y no solo las relaciones de producción, deben ser transformadas profundamente, comenzando por una revolución del sistema energético, reemplazando los actuales recursos –esencialmente fósiles– responsables de la contaminación y envenenamiento del ambiente, por otros renovables, como el agua, el viento y el sol. Por supuesto, muchos logros científicos y tecnológicos modernos son valiosos, pero el sistema de producción debe ser transformado en su conjunto, y esto solo puede hacerse a través de métodos ecosocialistas, esto es, a través de una planificación democrática de la economía que tenga en cuenta la preservación del equilibrio ecológico.
El tema de la energía es decisivo para este proceso de cambio civilizatorio. Las energías fósiles (petróleo, carbón) son grandes responsables de la contaminación del planeta, como ocurre con el desastroso cambio climático; la energía nuclear es una falsa alternativa, no solo por el peligro de nuevos Chernobils, sino también porque nadie sabe qué hacer con las miles de toneladas de desperdicio radioactivo –tóxicos durante cientos, miles y en algunos casos millones de años– y las masas gigantescas de plantas obsoletas contaminadas. La energía solar, que nunca despertó mucho interés en las sociedades capitalistas, por no ser “rentable” ni “competitiva”, se convertiría en un objeto de investigación y desarrollo intensivo, y jugaría un papel central en la construcción de un sistema de energía alternativo.
Sectores enteros del sistema productivo deberían ser suprimidos o reestructurados, y otros nuevos deben desarrollarse, bajo la necesaria condición de pleno empleo para toda la fuerza laboral, en iguales condiciones de trabajo y salario. Esta condición es esencial, no solo porque es un requerimiento de la justicia social, sino para asegurar el apoyo de los trabajadores al proceso de transformación estructural de las fuerzas productivas. Proceso que es imposible sin el control público sobre los medios de producción y planificación, es decir, sin decisiones públicas sobre inversión y cambio tecnológico, que deben tomarse de los bancos y empresas capitalistaspara ponerlos al servicio del bien común de la sociedad.
La sociedad misma, y no un pequeño grupo de propietarios oligárquicos –ni una élite de tecno-burócratas– deben poder elegir, democráticamente, qué líneas productivas han de privilegiarse, y cuántos recursos deben invertirse en educación, salud o cultura. Los precios de los propios bienes no deben quedar librados a las “leyes de oferta y demanda” sino, hasta cierto punto, determinados de acuerdo con opciones políticas y sociales, así como con criterio ecológico, imponiendo impuestos a ciertos productos y precios subsidiados para otros. En términos ideales, a medida que avance la transición hacia el socialismo, cada vez más productos y servicios se distribuirían libres de cargo, de acuerdo con el deseo de los ciudadanos. Lejos de ser algo “despótico” en sí misma, la planificación es el ejercicio, por la sociedad toda, de sus libertades: libertad de decisión, y liberación de las alienantes y cosificadas “leyes económicas” del sistema capitalista, que determina la vida y muerte de los individuos, y los encierra en una “jaula de hierro” económica(Max Weber).La planificacióny la reducción de las horas de trabajo son los dos pasos decisivos de la humanidad hacia lo que Marx llamó “el reino de la libertad”. Un incremento significativo del tiempo libre es una condición para la participación democrática del pueblo trabajador en la discusión democrática y el manejo de la economía y la sociedad.
La concepción socialista de planificación no es más que la radical democratización de la economía: si las decisiones políticas no deben ser dejadas en manos de una pequeña élite de gobernantes, ¿por qué no aplicar el mismo principio a las decisiones económicas? Estoy dejando de lado el tema de la proporción específica entre planificación y mecanismos de mercado: durante los primeros pasos de una nueva sociedad, los mercados mantendrían ciertamente un lugar importante, pero al avanzar la transición hacia el socialismo, la planificación se volvería cada vez más predominante, a expensas de la ley del valor de cambio.
En tanto en el capitalismo el valor de uso es solo un medio, a veces un engaño, al servicio del valor de cambio y la ganancia –lo que explica, dicho sea de paso, por qué tantos productos en la sociedad son sustancialmente innecesarios–, en una economía socialista planificada el valor de uso es el único criterio para la producción de bienes y servicios, con consecuencias económicas, sociales y ecológicas de largo alcance. Como observó Joel Kovel: “El acrecentamiento de los valores de usoy la correspondiente reestructuración de las necesidades se convierten ahora en los reguladores sociales de la tecnología, en lugar de ser esta, como bajo el capital, conversión de tiempo en plusvalía y dinero”.[5]
En una producción racionalmente organizada, el plan concierne a las principales opciones económicas, no a la administración de restaurantes, verdulerías y panaderías, negocios pequeños, empresas de artesanos o servicios. Es importante enfatizar que la planificación no es contradictoria con la autogestión por los trabajadores de sus unidades de producción: mientras que la decisión de transformar una planta automotrizen una que produce colectivos y tranvías es tomada por la sociedad como un todo mediante el plan, la organización interna y el funcionamiento de la planta estarán democráticamente manejados por sus propios trabajadores. Mucho se ha discutido sobre el carácter “centralizado” o “descentralizado” de la planificación, pero puede decirse que la cuestión es realmente el control democrático del plan a todos los niveles, local, regional, nacional, continental y, esperemos, internacional: temas ecológicos como el calentamiento global son planetarios y solo pueden ser tratados a escala global. Se podría llamar esta propuesta “planeamiento democrático global”; y es bastante opuesta a lo que usualmente se describe como “planificación central”, dado que las decisiones económicas y sociales no son tomadas por algún “centro”, sino democráticamente decididas por la población en cuestión.
Una planificación ecosocialista está basada entonces en un debate pluralista y democrático, en todos los niveles donde las decisiones deben ser tomadas: las diferentes propuestas son sometidas a la gente en cuestión, bajo la forma de partidos, plataformas, o cualquier otro movimiento político, y de acuerdo con esto se eligen delegados. Sin embargo, la democracia representativa debe ser completada –y corregida– por una democracia directa, donde la gente directamente elige –nivel local, nacional y, por último, global– ntre grandes opciones sociales y ecológicas: ¿el transporte público debe ser gratis? ¿Deben impuestos especiales los dueños de autos privados pagar para subsidiar el transporte público? ¿Debe la energía solar ser subsidiada para que compita con la energía fósil? ¿Deben reducirse las horas de trabajo semanal a 30, 25 o menos horas, aunque esto signifique la reducción de la producción? La naturaleza democrática de planificación no es contradictoria con la existencia de expertos, pero el papel de estos no es decidir, sino presentar sus puntos de vista –a veces distintos, si no contradictorios– a la población y dejar que esta elija la mejor solución.
¿Qué garantía hay de que la gente vaya a tomar decisiones ecológicas correctas, al precio de dejar de lado algunos hábitos de consumo? No existe una “garantía” que no sea apostar a la racionalidad de las decisiones democráticas, una vez que el poder del fetichismo de la mercancía esté roto. Por supuesto, existirán errores en las opciones populares, pero ¿quién cree que los expertos mismos no cometen errores? Uno no puede imaginar el establecimiento de dicha nueva sociedad sin que la mayoría de la población haya logrado, por sus luchas, su propia educación, y experiencia social, un alto nivel de conciencia socialista/ecológica; y esto hace razonable suponer que los errores, incluyendo decisiones que son inconsistentes con las necesidades del medio ambiente, van a corregirse. De cualquier modo, ¿no son acaso las alternativas propuestas –el mercado ciego, o una ecológica dictadura de “expertos”. mucho más peligrosas que el proceso democrático, con todas sus contradicciones?
El pasaje del “progreso destructivo” capitalista al ecosocialismo es un proceso histórico, una transformación permanentemente revolucionaria de la sociedad, de la cultura y de las mentalidades. Esta transición debe llevar, no solo a un nuevo modo de producción y a una sociedad igualitaria y democrática, sino también a un modo de vida alternativo, a una nueva civilización ecosocialista, mas allá del reino del dinero, mas allá de los hábitos de consumo artificialmente producidos por la publicidad, y mas allá de la producción sin límites de mercancías innecesarias y/o nocivas para el medio ambiente. Es importante enfatizar que semejante proceso no puede comenzar sin una transformación revolucionaria en las estructuras sociales y políticas, y el apoyo activo, por una vasta mayoría de la población, a un programa ecologista. El desarrollo de la conciencia socialista y la preocupación ecológica es un proceso, donde el factor decisivo es la propia experiencia de lucha popular, desde confrontaciones locales y parciales al cambio radical de la sociedad.
¿Hay que promover el desarrollo, o se debe elegir el “decrecimiento”? Me parece que ambas opciones comparten una concepción meramente cuantitativa del “crecimiento” –positivo o negativo– o de desarrollo de las fuerzas productivas. Hay una tercera postura, que me parece más apropiada: una transformación cualitativa del desarrollo. Esto significa poner fin al monstruoso despilfarro de recursos del capitalismo basado en la producción a gran escala de productos innecesarios y/o nocivos: las industrias de armamentos de son un buen ejemplo de esto, pero una gran parte de los “bienes” producidos en el capitalismo –con sus inherentes obsolescencias– no tienen mas utilidad que generar ganancias para las grandes corporaciones. La cuestión central no es el “consumo excesivo” en abstracto, sino el prevaleciente tipo de consumo, basado como está en la apropiación ostentosa, el desperdicio masivo, la alienación mercantilista, la obsesiva acumulación de bienes, y la compulsiva adquisición de seudonovedades impuestas por la “moda”. Una nueva sociedad orientaría la producción hacia la satisfacción de bienes auténticos, comenzando con aquellos que podrían describirse como “bíblicos” –agua, comida, ropa, hogar– pero incluyendo también servicios básicos: salud, educación, transporte, cultura.
Obviamente, los países del Sur, donde estas necesidades están lejos de ser satisfechas, van a necesitar de un nivel de “desarrollo” mucho mayor que los países avanzados industrialmente: construcción de rutas, hospitales, sistemas de cloacas, y otras infraestructuras. Pero no hay razón por la cual esto no pueda llevarse a cabo con un sistema productivo que sea amigable con el ambiente y que esté basado en energías renovables. Estos países necesitarán cultivar grandes cantidades de comida para nutrir su población hambrienta, pero esto puede ser mucho mejor alcanzado –como los movimientos campesinos organizados en el mundo en la red Via Campesina han estado reclamando por años– por una agricultura campesina biológica basada en unidades familiares, granjas cooperativas o colectivistas, mas que por los métodos destructivos y antisociales de empresas industriales/ganaderas, basadas en el uso intensivo de pesticidas, químicos y OGMs (Organismos Genéticamente Modificados). En vez del monstruoso sistema actual de endeudamiento y de explotación imperialistas de los recursos del Sur por parte de los países capitalistas/industriales, debería haber una corriente de ayuda tecnológica y económica desde el Norte hacia el Sur, sin que sea necesario –como algunos puritanos y ascéticos ecologistas parecen creer– que la población en Europa o Norteamérica “reduzca su calidad de vida”: solo deberán privarse del consumo obsesivo, inducido por el sistema capitalista, de mercancías inútiles que no corresponden a ninguna necesidad real.
¿Cómo distinguir las necesidades autenticas de las artificiales, falsas y provisionales? Las últimas son introducidas por la manipulación mental, esto es, la publicidad. El sistema publicitario ha invadido todas las esferas de la vida humana en las sociedades capitalistas modernas: no solo en cuanto al alimento y la ropa, sino también a los deportes, la cultura, la religión y la política que son moldeadas de acuerdo con sus reglas. Ha invadido nuestras calles, casillas de correo electrónico, pantallas de televisión, periódicos, paisajes, de un modo permanente, agresivo e insidioso que definitivamente contribuye a hábitos de consumo indudables y compulsivos. Además, desperdicia una cantidad astronómica de petróleo, electricidad, tiempo de trabajo, papel, químicos, y otras materias primas -todas pagadas por los consumidores- en una rama de producción que no es solo innecesaria desde el punto de vista humano, sino directamente contrapuesta a las necesidades reales de la sociedad. Mientras la publicidad es una dimensión indispensable de la economía de mercado capitalista, no tendría lugar en una sociedad en transición al socialismo, donde sería reemplazada por información sobre bienes y servicios facilitados por asociaciones de consumo. El criterio para distinguir una necesidad autentica de una artificial, es su persistencia después de la supresión de la publicidad (¡Coca-Cola!). Por supuesto, durante algunos años, los hábitos de consumo persistir inútiles persistirán; y nadie tiene el derecho de decirle a la gente cuáles son sus necesidades. El cambio en los patrones de consumo es un proceso histórico, así como un desafío educativo.
Algunas mercancías, como el auto individual, implican problemas más complejos. Los autos particulares son un problema público: matan y lesionan anualmente a miles de personas a escala mundial, contamina el aire en las grandes ciudades –con directas consecuencias para la salud de los niños y ancianos– y contribuyen de manera significativa al cambio climático. Sin embargo, responden a necesidades reales, al transportar a la gente a sus trabajos, casas o actividades de ocio. Experiencias locales en algunas ciudades europeas con administraciones con cuidados ecológicos muestran que es posible –con aprobación de la mayoría de la población– limitar progresivamente el porcentaje de automóviles individuales en circulación a favor de colectivos y tranvías. En un proceso de transición al ecosocialismo, donde el transporte público –subterráneo o no– estaría ampliamente extendido y sería gratuito para los usuarios, y donde los peatones y ciclistas tendrían sendas protegidas, el auto privado tendría un papel mucho menor que en la sociedad burguesa, donde se ha convertido en un una mercancía fetiche –promovida con una incisiva y agresiva publicidad–, un símbolo de prestigio, un signo de identidad (en los Estados Unidos, la licencia de conducir es un documento de identidad reconocido) central en la vida personal, social y erótica.
El ecosocialismo está basado en una apuesta que ya había promovido Marx: el predominio, en una sociedad sin clases y liberada de la alienación capitalista, del “ser” por encima del “tener”; vale decir, de tiempo libre para la realización personal mediante actividades culturales, deportivas, lúdicas, científicas, eróticas, artísticas y políticas, en lugar del deseo de poseer una infinidad de productos. La adquisición compulsiva es inducida por el fetichismo de la mercancíainherente al sistema capitalista, por la ideología dominante y por la propaganda: no existe ninguna prueba de que esto sea parte de la “eterna naturaleza humana”, como el discurso reaccionario quiere hacernos creer. Como Ernest Mandel enfatizó:
La continua acumulación de cada vez más mercancías (con una “utilidad marginal” decreciente) no es de ninguna manera una característica universal o incluso predominante de la naturaleza humana. El desarrollo de talentos e inclinaciones por su propio bien; la protección de la salud y la vida; el cuidado de los niños; el desarrollo de ricas relaciones sociales [...]; todos estos factores se convierten en motivaciones fundamentales una vez que las necesidades materiales básicas han sido satisfechas.[6]
Esto no significa que no surgirán conflictos, particularmente durante el proceso de transición, entre los requerimientos de la protección del ambiente y las necesidades sociales, entre los imperativos ecológicos y la necesidad de desarrollar infraestructuras básicas, particularmente en los países pobres, entre los hábitos de consumo populares y la escasez de recursos. ¡Una sociedad sin clases no es una sociedad sin contradicciones ni conflictos! Estos son inevitables: resolverlos será la tarea de una planificación democrática, en una perspectiva ecosocialista, liberada de los imperativos del capital y la obtención de ganancias, mediante una discusión abierta y pluralista, que desemboque en la toma de decisiones por la misma sociedad. Esta democracia arraigada y participativa es el único camino, no de prevenir errores, sino de permitir la autocorrección, por parte de la colectividad social, de sus propios errores.
¿Es esta una utopía? En su sentido etimológico –“algo que existe en ningún lado”–, ciertamente lo es. ¿Pero no son las utopías visiones de un futuro alternativo, imágenes deseadas de una sociedad diferente, un aspecto necesario de cualquier movimiento que quiere desafiar el orden establecido? Como explicó Daniel Singer en su testamente literario y político, Whose Millenium?, en un intenso capitulo titulado “Utopía realista”:
si el establishment ahora se ve tan sólido, a pesar de las circunstancias, y si el movimiento obrero o la izquierda en general están tan incapacitados, tan paralizados, es por la inaptitud para ofrecer una alternativa radical. [...] La regla básica del juego es que no se cuestione ni lo fundamental del argumento ni los fundamentos de la sociedad. Solo una alternativa global, que rompa con esas reglas de resignación y abdicación, puede dar al movimiento emancipatorio un impulso genuina.[7]
La utopía socialista y ecológica es solo una posibilidad objetiva, no el inevitable resultado de las contradicciones del capitalismo, o de las “leyes de hierro de la historia”. No es posible predecir el futuro sino en términos condicionales: ante la ausencia de una transformación ecosocialista, de un cambio radical en el paradigma civilizatorio, la lógica del capitalismo llevará al planeta a desastres ecológicos dramáticos, amenazando la salud y la vida de billones de seres humanos, y tal vez hasta la supervivencia de nuestra especie.
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Soñar y luchar por una nueva civilización no significa que no se pelee por concretas y urgentes reformas. Sin ninguna ilusión en un “capitalismo limpio”, uno debe tratar de ganar tiempo, y de imponer, a los poderes existen, algunos cambios elementales: la prohibición de HCFCs que están destruyendo la capa de ozono, una moratoria general en organismos genéticamente modificados, una drástica reducción en la emisión de gases con efecto invernadero, el desarrollo del transporte público, los impuestos para autos contaminantes, el reemplazo progresivo de camiones por trenes, una regulación severa de la industria pesquera, así como del uso de pesticidas y químicos en la producción agroindustrial. Estos y otros temas similares están en el corazón de la agenda del Global Justice Movement y el Foro Social Mundial, que han permitido, desde Seattle en 1999, la convergencia de movimientos sociales y ambientales en una lucha común en contra del sistema.
Estas urgentes demandas ecosociales pueden llevar a procesos de radicalización, a condición de no aceptar que se limiten sus objetivos conforme a los requerimientos del “mercado (capitalista)” o de la “competitividad”. De acuerdo a la lógica de lo que los marxistas llaman “un programa transicional”, cada pequeña victoria, cada avance parcial puede llevar inmediatamente a una demanda mayor, a un objetivo más radical.
Dichas luchas alrededor de temas concretos son importantes, no solo porque las victorias parciales son bienvenidas en sí mismas, sino también porque contribuyen a aumentar la conciencia social y ecológica, y porque promueven la actividad y autoorganización desde abajo: ambos son precondiciones decisivas y necesarias para una transformación radical del mundo, es decir, revolucionaria.
No hay razón para el optimismo: las entrelazadas élites gobernantes del sistema son increíblemente poderosas y las fuerzas radicales de oposición aún son chicas. Pero constituyen la única esperanza de que el catastrófico curso del “crecimiento” capitalista sea detenido. Walter Benjamin no definió la revolución como la locomotora de la historia, sino como el acto por el cual la humanidad acciona los frenos de emergencia del tren antes de caer al precipicio…

Publicado en Herramienta. Artículo enviado por el autor, traducido del inglés por María Luján Veiga.
* Löwy, Michael. Sociólogo brasileño e investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Autor, entre otros, de: Sublevación de melancolía: el romanticismo de contramano con la modernidad; El pensamiento del Che; La revolución en el Joven Marx; Dialéctica y Revolución; Marxismo y Teología de la Liberación. Colaborador y miembro del Consejo Asesor de Herramienta.
[1] Un notable análisis de la lógica destructiva del capital puede encontrarse en Joel Kovel, The Enemy of Nature. The End of Capitalism or the End of the World ?, N.York,; Zed Books, 2002. [Edición en castellano: El enemigo de la naturaleza. ¿El fin del capitalismo o el fin del mundo?, Buenos Aires, Asociación Civil Tesis 11, 2005.]
[2] John Bellamy Foster usa el concepto de “revolución ecológica”, pero argumenta que “una revolución ecológica global merecedora del nombre solo puede ocurrir como parte de una más amplia revolución social; y, yo insistiría, socialista. Dicha revolución [...] demandaría, como insistía Marx, que los productores asociados regulen racionalmente la relación metabólica del hombre con la naturaleza. [...] Debe inspirarse en William Morris, uno de los mas originales y ecologistas seguidores de Karl Marx, de Gandhi, y de otras figuras radicales, revolucionarias y materialistas, incluyendo a Marx mismo, llegando tan lejos como a Epicuro”. (“Organizing Ecological Revolution”, Monthly Review 57.5 (octubre de 2005), pp. 9-10).
[3] Ver John Bellamy Foster, Marx’s Ecology. Materialism and Nature, Nueva York, Monthly Review Press, 2000.
[4] F.Engels, Anti-Dühring, París, Ed. Sociales, 1950, p. 318. [Hay muchas ed. en castellano; cf.: México, Ediciones Fuente Cultural, 1945, p. 284.
[5] Joel Kovel, Enemy of Nature, p. 215 [ed. en castellano: p. 222]
[6] Ernest Mandel, Power and Money. A Marxist Theory o Bureaucracy, Londres, Verso, 1992, p. 206. [Hay edición en castellano: El Poder y el Dinero. Contribución a la teoría de la posible extinción del estado, México, Siglo Veintiuno, 1994, p. 294.
[7] D. Singer, Whose Millenium? Theirs or Ours?,Nueva York, Monthly Review Press, 1999, pp. 259-260.