30/09/2009 en Neuquén, Panorama Nacional, Pueblos Originarios
(Publicada en Observatorio Petrolero Sur)
La violencia se impone una vez más en la comunidad Huenctru Trawel Leufu, en cercanías de Picún Leufú. Los comuneros informaron hoy que más de 100 uniformados, con perros, motos y carros hidrantes, permanecen apostados en diferentes puntos del territorio. El clima de beligerancia se recrudeció ayer cuando operarios de Petrolera Piedra del Águila (PPA), escoltados por policías y el abogado de empresa, Alejandro Diez, intentaron entrar al territorio en disputa avalados por un fallo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Cutral Có.
Desde hace más de dos años los mapuche impiden el ingreso de la compañía petrolera, ya que la provincia concesionó su territorio como área de exploración sin haber realizado la consulta previa, libre e informada en caso de afectar a pueblos indígenas que obligan tanto legislación internacional, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como interna, constituciones nacional y provincial . (Incluso esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén emitió un fallo frenando momentáneamente el proyecto de explotación de una mina de oro en Loncopué ya que fue autorizado sin la previa consulta a la comunidad Mellao Morales. [1])
En este contexto ayer el subsecretario de Hidrocarburos y Energía de Neuquén, Héctor Mendiberri, fue el encargado de la artillería gubernamental. En declaraciones a la prensa sostuvo: “[los comuneros del lof Huenctru Trawel Leufu] no se encuentran asentados en el registro [de] Personas Jurídicas donde están inscriptas todas las comunidades mapuches” [2], como si sólo fueran sujetos de derechos a partir del reconocimiento estatal, cuando no es así. Por otra parte el funcionario faltó a la verdad con sus dichos, ya que la comunidad sí está inscripta, pero en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y es la provincia quien se niega a reconocer la potestad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Según el portal de noticias Diariamente Neuquén “desde el gobierno sostienen que se trata de una familia que vino desde la provincia de Río Negro y no tiene nada que ver con las comunidades mapuches de la zona” [3]. La afirmación constituye un hito en la reiterada política de incumplimiento de las obligaciones de los estados; a la conocida excusa del origen trasandino de los mapuche, desde el anonimato se da una vuelta de tuerca y se afirma que un lof no tiene derechos porque es originario de otra provincia. Pero en concreto poco importa si los ancestros de los comuneros vinieron de uno u otro lado del río Limay -límite de las provincias de Río Negro y Neuquén-, ya que tanto a nivel nacional como provincial se reconoce la preexistencia de este pueblo al estado argentino. Es decir, que era un pueblo con un territorio previo que el estado levantara sus fronteras administrativas, tanto hacia adentro como hacia afuera.
A principios de 2008 se conformó una mesa de negociaciones donde estaban representados la comunidad y la Confederación Mapuche, la provincia y la empresa: de esta instancia surgió el compromiso de realizar un estudio de impacto ambiental y cultural previo a cualquier intervención de la petrolera, pero la iniciativa nunca se ejecutó por falta fondos. Durante algunos meses la disputa fue al freezer y se reavivó cuando los estímulos del plan nacional GasPlus -aumento de precios para el combustible obtenido en nuevas exploraciones- alcanzó al yacimiento Ramos Mexía controlado por PPA. Si bien desde el principio fueron evidentes los vínculos entre diferentes estamentos del partido-estado Movimiento Popular Neuquino y Petrolera Piedra del Águila, a lo largo del conflicto las autoridades provinciales intentaron diversos abordajes hasta llegar a al punto en que se confunden los intereses de la empresa y la provincia donde las declaraciones del Subsecratario de Hidrocarburos y el abogado de la petrolera se funden en una sola voz.
Este nuevo intento de la empresa de avanzar sobre el territorio de la comunidad está respaldado por un fallo emitido a principios de septiembre. Esta resolución judicial, junto a otras del mismo tenor, motivaron una reciente carta de la Confederación Mapuce Neuquina (CMN) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Sr. James Anaya. “Con mínimas excepciones, en la Provincia la gran mayoría de los tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados. Tampoco se aplican las normas que imponen el conocimiento de la especificidad cultural: en los procesos judiciales los pedidos de prueba tendiente a acreditar las características culturales propias son rechazados en forma sistemática y los órganos judiciales superiores no consideran que los jueces que lo hacen carezcan de imparcialidad” señala la misiva firmada por el lonko Elías Maripan -máxima autoridad de la CMN- y el abogado Juan Manuel Salgado, titular del ODHPI. [4]
En la correspondencia sostienen que “a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.
-Diez pal peso
“No tienen ningún tipo de propiedad ancestral ni ningún tipo de posesión ancestral. Ellos están en este lugar hace más o menos unos 20 años y bueno, creen que por ese tipo de posesión pueden usurpar y toda esta situación de las comunidades mapuches ejercer una posición que no es tal”, sostuvo el abogado de PPA en declaraciones a LU5 y RTN [5]. Alejandro Diez es el titular de Diez Abogados, estudio que presta asistencia a empresas radicadas en Neuquén y Río Negro, entre ellas a la constructura zapalina C.N. SAPAG S.A., de Carlos Natalio “Nuno” Sapag -el hermano del gobernador neuquino.
A principio de septiembre Nuno Sapag calentó el ambiente con sus declaraciones al diario Río Negro, denunciando que, en sus demandas, los mapuche son apoyados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) y la guerrilla separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), y aseguró que pretenden instaurar “un régimen de terror e inseguridad” en la provincia. [6] Estas afirmaciones -que tienen sustento en la caracterización que a nivel continental hacen las fuerzas de derecha respecto de la “emergencia indígena”- marcaron el punto de partida de un nuevo proceso de criminalización impulsado por ganaderos e industriales que ven afectados sus intereses por las conquistas indígenas. En menos de un mes, la serpiente rompió el cascarón y del huevo salieron proyectos legislativos como el presentado por el diputado José Luis Sáez, del bloque kirchnerista Concertación Neuquina para la Victoria: “Artículo 1° Solicitar al señor fiscal federal en turno con competencia en la Provincia del Neuquén inicie con carácter de urgente una minuciosa investigación relacionada a las denuncias públicas efectuadas en medios periodísticos que aseguran que existiría una campaña de infiltración desde el país trasandino de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza”. [7]
En los fundamentos Sáez afirma: “hoy la situación tiene un componente extremo que agrava aún más el problema; nos encontramos con una decisión por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a llevar adelante acciones que colisionan con la legalidad y pretenden hacer valer sus supuestos derechos tomando tierras privadas y/o estatales desconociendo el Estado de Derecho. (…) Hasta este punto podríamos afirmar que con la sola intervención de la Justicia ordinaria y la aplicación de las normas vigentes podríamos encaminar la situación, pero si a esto le sumamos -y surge de las denuncias públicas efectuadas- que la toma de tierras responde a un plan y a una estrategia con un fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, estamos frente un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la soberanía y seguridad nacional, por lo que amerita tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia”. [8]
A las afueras de Picún Leufu, rumbo a Piedra del Águila, se libra otra cotienda entre los derechos de los pueblos originarios y los intereses de las corporaciones. El Estado provincial ha tomado partido abiertamente, y el ambiente está enrarecido por los augurios de violencia.
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