lunes, 26 de octubre de 2009

Nación será querellante en el crimen de Chocobar y pedirá la prórroga de la ley 26.160










Audio publicado por Indymedia Pueblos Originarios en Argentina Indymedia (( i )) (1.4 mebibytes)

Por Indymedia Pueblos Originarios - Saturday, Oct. 24, 2009 at 11:23 PM
originarios-arg@indymedia.org

El nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, aseguró que el ejecutivo tendrá un rol activo en la causa que se sigue por el asesinato del dirigente diaguita, ocurrido el 12 de octubre en Tucumán. También confirmó que el oficialismo está trabajando en la prórroga de la norma que suspende los desalojos de comunidades, la cual vence en 2010. Esta ley es resistida por ganaderos y empresarios, y su aplicación ha sido dilatada por los gobiernos provinciales y Nación.El relevamiento territorial previsto en la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena se puso en marcha en Tucumán hace menos de dos meses y generó una escalada de desalojos en distintas comunidades de la provincia. El pico máximo fue el ataque armado del terrateniente Darío Amín y ex policías –vinculados al represor Malevo Ferreyra y al jefe de Policía de la provincia- que terminó con la vida del dirigente comunitario de Chuschagasta, Javier Chocobar, de 68 años. En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una gran avanzada de la derecha que alerta por el "desborde" de "usurpaciones de campos".

"Se están generando reacciones duras en Neuquén, en Tucumán, en distintos lugares. Es un verdadero desafío", declaró Daniel Fernández, presidente del INAI. "Estamos preocupados pero yo hoy (martes) estuve con la ministra [de Desarrollo Social] Alicia Kirchner reafirmando un camino. No nos vamos a detener por más que opongan resistencia los sectores de poder. Vamos a seguir avanzando en el relevamiento y en las cuestiones que atañen a que las comunidades puedan ejercer el derecho a acceder a sus tierras", aseguró.

Fernández dijo que el Estado Nacional ha estado ausente por 200 años, destacó como un primer paso el reconocimiento de la preexistencia indígena en la reforma constitucional de 1994 y resaltó que en 2006 se empieza a abordar la cuestión territorial con la aprobación de la ley 26.160. El funcionario declaró que ante esta delicada situación "la mejor respuesta es ratificar el sentido de organización de las comunidades y nosotros como Estado redoblar el esfuerzo". Al respecto aceptó críticas por la dilación en la implementación del relevamiento territorial y confirmó que están trabajando para pedir la prórroga de la norma. De hecho se vio salir de su despacho a la diputada Carolina Moisés, del Frente para la Victoria de Jujuy, que preside la Comisión de Población y Desarrollo en el Congreso Nacional y es autora de uno de los proyectos que amplía el plazo de la ley.

El responsable del organismo evaluó el crimen consumado en la localidad tucumana de Trancas como un "terrible mensaje de aquellos que sienten afectados sus intereses". "Ellos avanzaron destruyendo y sometiendo a las comunidades, hoy ese proceso comienza a revertirse. Creo que lo que han tratado de hacer es amedrentar y paralizar un proceso de organización que se están dando los pueblos originarios, además de poner en duda la posibilidad de avanzar en la aplicación de la ley", expresó Fernández. También adelantó que desde Nación se como querellante en el crimen de Chocobar y sostuvo que dos de los imputados son ex policías que calificó como "mano de obra desocupada con raigambre en el Operativo Independencia" de la última dictadura militar. "Hubo una detención rápida, la preocupación es que el proceso llegue a fondo y se castigue realmente", declaró.

El crimen de Chocobar se registra en un contexto de una fuerte avanzada mediática donde se pone en foco el "crecimiento de la preocupación" de los terratenientes ante las "usurpaciones de campos". Diarios, empresarios y funcionarios provinciales cuestionan si el pueblo mapuche es un pueblo indígena "argentino". El director de Tierras de Río Negro sugirió en declaraciones a la prensa que la Legislatura podría debatir "el origen de cada uno de los pueblos". En otras regiones como Tucumán, el cuestionamiento es distinto: los terratenientes afirman socarronamente "si andan en jean y zapatillas, cómo pueden ser indios estos".

Sobre la avanzada de los terratenientes, el funcionario expresó que hay una "disputa de poder, ellos creían que los pueblos originarios estaban aniquilados". Por su parte, autoridades y miembros de los pueblos Diaguita y Lule de Tucumán evaluaron en un comunicado que la escalada de la violencia "hoy se pone en evidencia porque decidimos salir de la invisibilidad a la estuvimos sometidos haciendo ejercicio de los derechos que nos amparan".

En cuanto a la situación en Neuquén, el presidente del INAI precisó que hay "reacciones muy duras" de sectores ligados a la Sociedad Rural, con la presencia del hermano del gobernador Jorge Sapag, y confió que la ministra Alicia Kirchner se comunicó con el mandatario provincial para plantearle la preocupación del Gobierno nacional "porque esa presencia avala este tipo de afirmaciones que los que vivimos la dictadura sabemos que así se empieza a preparar el camino".

La no aplicación de la ley 26.160 cuenta además con la complicidad del poder judicial. Según el presidente del INAI algunos jueces interpretan que la norma está fuera del Código Civil, creado en 1869, pero destacó que la cláusula "es operativa, tiene vigencia y está ratificada por pactos internacionales". Planteó en ese sentido que hace falta un "un esfuerzo de conjunto para que este entendimiento sea aceptado por todos los jueces".

Las dichos del flamante titular del INAI que reproduce Indymedia fueron vertidos el martes en un encuentro -abierto a la prensa- con referentes de agrupaciones indígenas del área metropolitana, quienes hicieron una pequeña protesta y entregaron un documento en la sede gubernamental [Ver fotos]. Dos días después Fernández recibió en su despacho a dirigentes de distintas provincias del país nucleados en el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, entre ellos de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, y participó de la marcha a la Casa de la Provincia de Tucumán en el microcentro porteño junto a otros funcionarios como la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María Lubertino.

Pueblos Originarios de Argentina se movilizaron en repudio al asesinato de Javier Chocobar




Por Encuentro de Organizaciones - Saturday, Oct. 24, 2009 at 6:11 PM
encuentro.org.indigenas@gmail.com


Con la presencia de la comunnidad Chuschagasta de la Unión de los Pueblos Nación Diaguita y de autoridades de las 26 organizaciones territoriales. El encuentro de Pueblos Originarios se expreso contra la muerte de Javier Chocobar y por la aplicación de la ley de relevamiento de territorios indigenas en Buenos Aires el jueves 22 de octubre.
A diez días del asesinato de Javier Chocobar a manos de terratenientes y sus fuerzas parapoliciales el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina que nuclea a 26 organizaciones y Pueblos Originarios de Argentina se movilizó en la ciudad autónoma de Bs. As.


Organismos de Derechos Humanos, la Agrupación HIJOS, La Corriente Martin Fierro el dirigente Luis Delia, la presidenta del INADI Maria Jose Lubertino, el recientemente designado presidente del INAI Daniel Fernández, Diputadas Nacionales,el Senador de la República de Chile Alejandro Navarro, junto a vecinos sensibilizados con la situación de los indígenas en este Estado; se concentraron en la Plaza de los dos Congresos para luego caminar por las calles porteñas hasta la Casa de la Provincia de Tucumán.
Durante la movilización se pudieron escuchar las distintas voces de aquellos que reclaman junto a la Nación Diaguita el esclarecimiento y el cese de la represión en los Territorios Indigenas.
En los últimos meses los medios de información históricamente relacionados con el poder económico en Argentina, han comenzado una campaña contra las organizaciones de los Pueblos en la que se expresa el racismo y la violencia contra los derechos de los Pueblos Originarios.
La ley de relevamiento territorial fue sancionada y promulgada en Noviembre de 2006 reglamentadose un año mas tarde. Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y su plazo de ejecucion es por el término de 4 (CUATRO) años, plazo que estaría por cumplirse y aún en muchas provincias como Neuquén no se ha podido implementar, ante la resistencia de gobiernos provinciales, los cuales en muchos casos han sido cómplices en beneficio de de quienes detentan la concentración de la tierra.

viernes, 23 de octubre de 2009

"Una suerte de servidumbre"

Un reclamo histórico: diputados aprobaron ley para pagar servidumbre a 78 familias de puesteros
Jueves, 22 de Octubre de 2009 16:26 (Diario Textual, La Pampa)

Los diputados provinciales aprobaron este mediodía, por unanimidad, un proyecto de ley para resolver un reclamo histórico de puesteros del oeste: el pago de una suerte de servidumbre a 78 familias que ocupan tierras que están en nombre del Ente Provincial del Río Colorado (Eprc), en el extremo sudoeste de la provincia, donde se extrae petróleo y gas.
Actualmente, el Eprc percibe de las petroleras el pago de esas servidumbres. Los puesteros que ocupan las tierras no cobran porque no tienen la titularidad, pese a vivir allí hace décadas.
Uno de los principales impulsores de esta ley fue el diputado Juan Carlos Scovenna (Coalición Cívica).
El 70 por ciento del dinero será distribuido en forma igualitaria entre las 78 familias, independientemente que en las tierras que ocupan tengan uno o cincuenta pozos de extracción. Ocupan tierras en los departamentos de Curacó y Puelén.
Con el 30 por ciento restante se conformará un fondo, administrado por el Ministerio de la Producción de La Pampa. "Se destinará a un fondo para dar apoyo a otros puesteros de Chicalcó, Chalileo, Limay Mahuida, Puelen y Curacó para gastos de mensuras y construcción y mejoras de casas", expresó Scovenna.

jueves, 22 de octubre de 2009

Áreas (des)protegidas: el avance de la frontera extractivista

21/10/2009 in Nacional, Panorama Nacional, Ñirihuau

En el último tiempo se evidencia un avance paulatino, pero sostenido, de la frontera productiva sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). La desafección de la reserva provincial Pizarro, en Salta, para el desmonte y cultivo de soja; los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, en San Juan, con sus previsibles impactos sobre la Reserva de Biosfera de San Guillermo; y la exploración y explotación de hidrocarburos en inmediaciones o dentro de los parques nacionales Calilegua (Jujuy) y Nahuel Huapi (Río Negro), son sólo algunos ejemplos. Este avance se enmarca en la lógica de expandir la producción y mantener los márgenes de ganancia del capital global, cuyas consecuencias comprometen la supervivencia de numerosas comunidades.

La deliberada “primarización” -exportación de materias primas- sufrida por la economía argentina ha convertido al país en un territorio susceptible de saqueo y contaminación. Este proceso ha sido potenciado y agudizado por la provincialización de los “recursos naturales” operada con la reforma constitucional de 1994 -cuyo “federalismo” estimuló la asociación y connivencia de empresas multinacionales con élites locales- y las crecientes necesidades fiscales de las provincias -en buena medida propiciadas por el desguace y la descentralización de funciones que desde antaño eran atribución exclusiva del Estado Nacional (por ejemplo, garantizar salud y educación).

-General Roca: sin consentimiento

El paraje rionegrino Paso Córdoba se encuentra 12km al sur de General Roca, en el Alto Valle de Río Negro. A principios del siglo XX las relaciones comerciales entre el Alto Valle y la Línea Sur de Río Negro dependían del paso en bote de las mercaderías por aquel sitio, donde en 1907 se instaló la casa de comercio Antonio Córdoba y Cía. [1] Noventa años más tarde la zona fue declarada Área Natural Protegida municipal [2] por su gran valor geológico, paleontológico, fitogeográfico, faunístico e histórico; además cuenta con atractivos turísticos como el Valle de la Luna Rojo y Valle de la Luna Amarillo. Esta APN también es un espacio en disputa con el Pueblo Mapuche, la comunidad Leufuche lo reivindica territorio ancestral.

La ordenanza municipal de creación del ANP Paso Córdoba señala “la necesidad de instrumentar acciones tendientes a la protección de determinadas áreas no urbanas del ejido municipal de diversos efectos degradantes del ambiente y del avance no planificado de las actividades humanas que comprometen irreversiblemente el territorio en perjuicio del conjunto de la comunidad”. Además sostiene que “los asentamientos humanos y actividades productivas primarias verificadas y reconocidas legalmente al momento de la sanción de la presente deberán ser mantenidos con las dimensiones y características actuales, no permitiéndose nuevas adjudicaciones de tierras fiscales, subdivisiones, ni implantación de asentamientos poblacionales de ningún tipo”[3]. También prohíbe “dentro de los límites del área protegida, tanto en tierras fiscales o privadas, la instalación de industrias; la explotación de canteras […] el daño ambiental en cualquiera de sus formas”[4].

A pesar de ello los bloques Laguna de Piedra y el Cuy -que comprenden el ANP Paso Córdoba- fueron incluidos en la primera (2006) y cuarta (2007) ronda licitatoria del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial -siendo adjudicados a las empresas Golden Oil Corporation y Austrocam Petroleum Argentina S.A.–Ehrencap S.A., respectivamente. De esta manera no sólo se vulneró el carácter de APN sino también los derechos indígenas contemplados por legislación nacional y el Convenio 169 de la OIT -que prescribe el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios para el desarrollo de cualquier actividad que los afecte. La zona también fue escenario de movilizaciones en 1999, cuando los comuneros se opusieron a la instalación de la bodega mendocina Escorihuela (1999).

A causa de es estas irregularidades la comunidad Leufuche realizó diversos pedidos de informes ante el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la provincia (CODEMA), la Subsecretaría de Hidrocarburos y la Municipalidad de General Roca, hasta el día de hoy no han recibido respuestas satisfactorias.

-La disputa de Llancanelo

Laguna Llancanelo, considerada uno de los humedales más importantes del mundo, estuvo en la mira de la explotación petrolera en Mendoza. Ubicada 550km al sur de la capital provincial, en del departamento de Malargüe, fue reconocida en 1995 como sitio Ramsar [5] y figura como reserva desde 1980. Allí habitan flamencos rosados, cigüeñas, patos, gallaretas, taguas, garzas moras y blancas, peuquenes, teros reales y tres variedades de cisne; se estima que es hábitat natural de155 especies de aves.

En el año 2000 Repsol-YPF dio inicio al proyecto Llancanelo, cuyo objetivo era la extracción de 35 millones de barriles de crudo, a cambio Mendoza recibiría alrededor de 56 millones de dólares en concepto de regalías.[6] En esta provincia, como en otras, la liquidación de las regalías representa uno de los aportes más importantes al presupuesto, allí ronda el 11%. [7]

A pesar que en 2001 ya se habían detectado altos porcentajes de hidrocarburos en pozos de agua de la reserva, en el año 2003 la resolución 190 del gobierno provincial autorizó a Repsol-YPF a explotar en el área de Laguna Llancanelo, aprobando la declaración de impacto ambiental sobre cinco de los ocho pozos proyectados. En aquel momento, Eduardo Sosa –miembro de Oikos Red Ambiental- señaló que en la declaración de impacto ambiental no habían participado abogados ni biólogos, que se había autorizado una actividad sin disponer de planes de respuesta a emergencia contingencia y que el área no estaba delimitada. Según el ambientalista se trató de un acto deliberado, ya que si se hubiese descubierto que los pozos se encontraban dentro del área protegida, la ley provincial nº 6045 hubiese prohibido inmediatamente la exploración y explotación de hidrocarburos sin la realización de un estudio de base del acuífero. Según argumentó, de esta manera se liberaba a Repsol-YPF de responsabilidades en caso de daños, ya que era imposible determinar si los daños correspondían a la petrolera española o a antiguas operaciones de YPF estatal.

Ese mismo año un tribunal local falló a favor de un recurso de amparo colectivo interpuesto por Oikos contra el gobierno mendocino, impidiéndole otorgar la autorización a la petrolera para perforar más pozos en la laguna. El proceso legal continuó su curso y en 2005 se produjo un fallo inédito: “tras dos sentencias y un dictamen de la Procuraduría de la Corte favorables, dio lugar a la […] sentencia de la Suprema Corte provincial, que ratifica[ba] lo resuelto por la justicia mendocina en instancias previas, que había declarado inconstitucional la autorización emitida por el gobierno de Mendoza”[8]. Así, comenzó un proceso de delimitación geográfica de la reserva.

Pese a las presiones de la petrolera [9], en 2007 la Subsecretaría de Medio Ambiente presentó un proyecto de ampliación de la reserva, que pasó a tener más del doble de su superficie actual -sus 40 mil hectáreas se transformaron en 86 mil. Mediante el acuerdo se fijó que Repsol-YPF sólo puede explotar el 30% de las 12 mil hectáreas que actualmente tiene concesionadas.

-Ñirihuau, paradigma de la expansión

Como señaláramos en el Panorama Rionegrino, la licitación de la Cuenca del Ñirihuau constituye un paradigma del desplazamiento de la frontera. “El avance sobre áreas que no tienen antecedentes de explotaciones hidrocarburíferas -sí de exploración- es una decisión que avasalla territorios y pobladores que tienen su historia, cultura y economía. En todos los casos este avance no contempla otros tipos de producción -principalmente ganadería y turismo- y estilos de vida, ni las implicancias que tendrá ese desembarco de la industria petrolera”[10].

El bloque licitado en la cuarta ronda del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial, próximo al Lago Nahuel Huapi, compende parte de la Reserva de Biosfera Norpatagónica. Pero ello no significó impedimento alguno. Sólo a pedido de la Administración de Parques Nacionales fueron desafectadas del área hidrocarburífera dos fracciones a fin de “preservar” la cuenca hídrica del Ñirihuau [aguas superficales]. Sin embargo, como confirmó el titular de la Regional Andina del Departamento Provincial de Aguas (DPA), no existe un estudio hidrológico exhaustivo sobre el comportamiento de las aguas subterráneas del área licitada.[11]

Desde diversos sectores políticos, sociales y ambientalistas condenaron la licitación del área. En ese sentido los consejales barilochenses por el Frente Grande, Alfredo Martin y Silvia Paz presentaron un recurso de amparo para impugnar la licitación que fue desestimado por cuestiones de forma por la justicia de la provincia. La acción legal era para frenar la explotación del área, cuando la convocatoria pública había sido para la exploración. Finalmente en octubre de 2008 el gobierno rionegrino emitió el decreto 1071 firmando la adjudicación, la noticia se hizo pública un mes más tarde.

La licitiación renovó los viejos reclamos de vecinos del paraje Ñirihuau Arriba en torno a la remediación de cinco pozos perforados en la década del ‘30, los cuales nunca fueron puestos en producción. Al respecto lograron la promesa -hasta hoy no cumplida- del sellado definitivo de los mismos. En una reciente nota periodística se consigna: “Los pozos fueron abandonados y nunca fueron remediados, ni siquiera en la actualidad. Pasó un año desde la promesa de la Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro de remediar el área para evitar que siga manando petróleo y afectando el curso de agua del arroyo Las Minas, que desemboca unos kilómetros más adelante en el río Ñirihuau (que muere en el lago Nahuel Huapi)”.[12]

Los trabajos de contención primaria realizados por el DPA resultaron insuficientes, sumamente precarios -en algunos casos- y discontinuos. “Uno de los vecinos del lugar señaló que desde que se instalaron los tanques (para contener los líquidos surgentes) no volvieron los operarios ni técnicos para vaciar y trasladar el contenido, que es una mezcla de agua y un espeso petróleo.”[13]. Por su parte Tamara Pérez Balda, secretaria de Hidrocarburos, señaló que el contrato con la UTE Pluspetrol-YPF, adjudicataria del bloque, recién será firmado una vez que “se culmine con la remediación de los pozos existentes” y agregó que “la empresa no puede entrar hasta que esté el estudio de impacto ambiental que deberá realizar una vez firmado el contrato y luego debe presentar un plan de trabajo”.

-Calilegua: petróleo y Parques Nacionales

El Parque Nacional Calilegua se encuentra ubicado en el el departamento jujeño de Ledesma; creado por decreto en 1979, abarca un área de 76.306 hectáreas. Su objetivo es proteger una muestra representativa de Selva de Montaña o Yunga, también preservar una importante cuenca hídrica que abastece a una de las zonas agrícolas bajo riego más productivas de la provincia -que en su gran mayoría son tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma- y al mismo tiempo alimenta el Río Bermejo.

Si bien en los Parques Nacionales están prohibidas las explotaciones petroleras y mineras, en Calilegua se mantiene la actividad hidrocarburífera desde finales de la década del ‘60, antes de obtener el status de área protegida. En 1992, con el desguace y privatización de YPF, la explotación del bloque fue adjudicada a la UTE Petróleos Sudamericanos-Necon y 15 años después transferida a la actual operadora: Pluspetrol S.A.

Recién en 1994, con una nueva reglamentación, la Administración de Parques Nacionales (APN) comenzó a intervenir en el control de la actividad hidrocarburífera. En entrevista con el OPS, Guillermo Nicolossi, trabajador del PN Calilegua, señaló: “En ese momento el yacimiento ya estaba concesionado a la UTE y se trata de acordar un plan de mitigación. Ese plan acordaba cosas muy groseras, como piletas de petróleo a cielo abierto, y se busca que el agua de producción se inyectara en profundidad, ya que hasta ese momento se vertía directamente en los arroyos.”[14]

El plan de mitigación transcurrió en medio de serias irregularidades -incumplimientos y falta de control- y, al momento de concretarse la transferencia con Pluspetrol, quedaron numerosos pasivos ambientales: pozos abandonados, infraestructura obsoleta que venía de la época de YPF, etc. Así, la primera exigencia de APN hacia la nueva operadora fue la remediación y el sellado correspondiente de alrededor de 20 pozos, antes de cualquier desarrollo del yacimiento. Sin embargo hasta el momento la empresa se refugió en la falta de un organismo de aplicación claro para hacer caso omiso del pedido de sellado de los pozos.

Por otro lado, como la empresa ha planteado un nuevo desarrollo del yacimiento, Parques Nacionales ha solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA): “Como fue un traspaso de la concesión, en principio APN permitió que siga trabajando esta empresa con el desarrollo de la anterior. La empresa ha planteado un nuevo plan de desarrollo, APN entonces necesita un nuevo estudio, es una cuestión básica para poder ver los impactos. Parques no ha sido terminante en exigirle a la empresa ese estudio, ellos [Pluspetrol] han respondido con algún recurso legal, que no van a hacer el estudio, que ya lo ha hecho la operadora anterior, van a presentar una línea de base. La presentan pero ni siquiera está completa. APN tiene que determinar y exigir que este es un nuevo proyecto, que tiene que haber una nueva evaluación ambiental.”[15]

Además de afectar el sistema natural que el Parque intenta proteger, la actividad actual y los pasivos ambientales derivados del mal sellado de los pozos afectan varios cauces de ríos –entre ellos el Bermejo- y arroyos que inciden sobre poblaciones locales. En la misma entrevista, el biólogo y trabajador del Parque, Jorge Baldo decía: “El problema surge ahora cuando la empresa empieza a avanzar sobre locaciones abandonadas, caminos, sobre todo el yacimiento. Hay intenciones por parte de la empresa de evaluar por partes, evaluar cada proyecto, nuestro argumento es que necesitamos una evaluación integral, por todo lo que es impactos acumulativos, efectos sinérgicos. Y conocer el proyecto global para poder hacer una estimación adecuada de los impactos y lograr un compromiso de la empresa en calidad de declaración jurada de remediación de pasivos e impactos existentes, y es lo que no hemos logrado todavía.”[16] Cualquier tipo de mejora, señalaba, ha sido implementada en función de sus propios intereses productivos.

Que ciertas regiones sean declaradas ANPs implica el reconocimiento tácito de que muchas otras porciones de territorio han sido, o son, pasibles de cualquier tipo de explotación. En este sentido, entonces, más que velar por el cumplimiento de la normativa que rige el “funcionamiento” de las ANPs habría que cuestionar las causas que motivan su existencia.

Referencias.
[1] Citado del libro de la historiadora Ester Maida: La balsa del Paso Córdoba. Relaciones comerciales entre el Alto Valle y la Línea Sur de Río Negro a principios de siglo
[2] ORDENANZA N° 2583. Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Roca. Río Negro
[3] Ídem. Art. 6
[4] Ídem. Art. 14
[5] El Convenio Ramsar, que entró en vigor en 1975, da cuenta de la importancia fundamental de los humedales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad.Los signatarios de la Convención deben favorecer el uso racional de los humedales, su conservación y aumentar las poblaciones de aves acuáticas mediante los cuidados pertinentes. Va de suyo que todas estas recomendaciones son incompatibles con la exploración y explotacion de hidrocarburos.
[6] Mendoza: frenan una explotación petrolera en una reserva natural: http://www.clarin.com/diario/2005/03/16/sociedad/s-03501.htm
[7] http://www.mdzol.com/mdz/nota/89769-El-Gobierno-recortar%C3%A1-gastos-si-cae-la-recaudaci%C3%B3n-por-regal%C3%ADas-petroleras/
[8]Llancanelo, una fallo sin precedente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=688318
[9] YPF le reclamó a Cobos demoras en la explotación de Llancanelo: http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2006/04/27/nota113632.html
[10] El Panorama Hidrocarburífero Ríoregrino se puede consultar en: http://opsur.files.wordpress.com/2009/09/panorama-rionegrino-pdf1.pdf
[11] Ñirihuau: la provincia carece de estudios hidrológicos detallados del área licitada: http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/nirihuau-la-provincia-carece-de-estudios-hidrologicos-detallados-del-area-licitada/
[10] Ñirihuau hoy: contención a medias de manaderos de petróleo: http://opsur.wordpress.com/2009/10/13/nirihuau-hoy-contencion-a-medias-de-manaderos-de-petroleo/
[13] Ídem.
[14] Calilegua: entre los impactos del pasado y el avance de Pluspetrol: http://opsur.wordpress.com/2009/08/26/calilegua-entre-los-impactos-del-pasado-y-el-avance-de-pluspetrol/
[15] Ídem.
[16] Ídem.

miércoles, 21 de octubre de 2009

El pueblo Mapuche renuncia a la nacionalidad chilena


COMUNICADO PÚBLICO COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Dado que no ha existido ninguna señal del gobierno de poner fin a las fuerzas represivas en nuestras comunidades, hemos tomado una decisión como Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco manifestamos públicamente nuestra renuncia a la nacionalidad chilena, y declaramos territorio de la nación autónoma mapuche desde río Bío bío al Sur, a partir del reconocimiento explícito que el Estado hace sobre su existencia en el Tratado de Tapihue de (1825) Art. 19.

Por lo cual damos por terminado todo diálogo con la Republica de Chile y le declaramos la guerra, desde hoy 20 de octubre de 2009 en adelante. Y llamamos a todas aquellas comunidades a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche

Por lo mismo hemos dado libertad de acción a los órganos de resistencia mapuche para actuar en contra de los intereses capitalistas en el territorio mapuche.

Por ello, asumimos en plenitud la reciente acción desarrollada por nuestros Weichafes Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y huilliches de las Comunidades Mapuche en conflicto de la CAM.

Comunicamos a nuestro pueblo y a la opinión publica lo siguiente:

Martes 20 de octubre del 2009, nuestros Weichafes realizaron acciones en contra de dos camión de la empresa forestal EL Bosque, que se encontraba circulando en la ruta que une Collipulli con la ciudad de Angol, específicamente en el alto de Cancura, en la Región de La Araucanía. Que estas prestaban servicios a Forestales, resultando dos de estas máquinas destruidas.

Estas acciones tienen como único objetivo repudiar todos los últimos hechos de violencia en contra de nuestra nación mapuche, y a la vez respaldar el proceso de recuperación de tierras de nuestras comunidades en conflicto.

Esta es también una forma en que nuestros Órganos de Resistencia del Territorio Mapuche- Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y Huilliche expresan su repudio a las condenas sufridas por nuestros hermanos recluidos en las diferentes cárceles del estado chileno y la forma de comunicar que de seguir existiendo prisión política y condenas, estas acciones se seguirán realizando por parte de nuestros weichafe, apoyados por todas las comunidades Mapuche de la nación mapuche .

Por último, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la senda de nuestros antepasados que con fortaleza se ofrendaron a la causa de la justicia y dignidad de nuestro hermoso y heroico Pueblo Nación Mapuche. La Coordinadora está más fortalecida que nunca en su lucha por el Territorio y Autonomía.

Mientras exista pobreza y miseria a raíz de la falta de tierras con políticas de estado que legitiman el despojo territorial, la CAM seguirá existiendo.

Con la fuerza de de nuestros Futa Keche Kuifi y Weftun (renacer de los nuevos guerreros), que germinan y multiplican por todo el WALLMAPU por una causa que se convierte día a día en una causa más sagrada.

¡MARICHIWEU!

Órganos de Resistencia Territorial

ORT-CAM.

¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche !

¡WEUWAIÑ PU PEÑI, PU LAMNIEN!

Hirieron, humillaron y violentaron a los Niños Mapuches en Temucuicui


(17 Octubre, 2009)

Funcionario de la estatal CONAF testigo de los hechos señaló "De repente escuchamos disparos y obviamente que reaccionaron los que estaban, los niños llorando, los carabineros disparando por todos lados y tirando bombas lacrimógenas por todos lados", lo que obligó a los niños y asistentes a la reunión a refugiarse en las dependencias lanzándose al piso.
Justo en el momento en que Carabineros se retiraba del lugar, una delegación internacional de observadores de derechos humanos compuesta por seis estadounidenses, una colombiana y un chileno, llegó al lugar. / Según informaron, encontraron a la machi amarrada en el suelo y dos niños llorando. /
¿Y estas noticias no las publica el Mercurio?

Allanamiento policial deja siete niños heridos en Temucuicui

Como un "exceso" calificó el encargado de asuntos indígenas de Conaf, Rodrigo Henríquez, el operativo de carabineros junto a la Escuela de Temucuicui, donde resultaron siete niños mapuches con impactos de perdigones de goma y seis adultos con lesiones leves, mientras vehículo institucional resultó con algunos daños menores.

Los incidentes se registraron en momentos en que el funcionario público asignaban los cupos de empleos para la comunidad como limpieza de caminos, zanjas y poda de árboles; actividad que se realizaba en el colegio y en paralelo a las clases de una treintena de niños de enseñanza básica.

Henríquez precisó que la reunión se realizaba sin inconvenientes, incluyendo al longo de la ComunidadTradicionalde Temucuicui, Juan Catrillanca, y el vocero de la misma, Mijael Carbone, los que fueron detenidos cuando salieron del recinto a calmar los ánimos.

El testigo de los hechos recordó que se trató de "una tremenda humillación especialmente para los niños, ya que no se contempló eso por parte de carabineros que no se a quién andaban buscando porque a la escuela no entraron ni se llevaron a nadie desde acá adentro".

Agregó que "de repente escuchamos disparos y obviamente que reaccionaron los que estaban, los niños llorando, los carabineros disparando por todos lados y tirando bombas lacrimógenas por todos lados", lo que obligó a los niños y asistentes a la reunión a refugiarse en las dependencias lanzándose al piso.

Si bien la policía no ingresó al colegio, el funcionario de Conaf dijo que la policía "disparaba hacia el recinto y tiraron las bombas a diez metros del colegio, o sea los niños llorando y absorbiendo el humo".

Tras el operativo, se constató lesiones en siete niños y seis adultos con balines de goma en distintas partes del cuerpo, los cuales al cierre de esta edición y de acuerdo a lo precisado por Henríquez, esperaban en el establecimiento la atención médica correspondiente. Todos los lesionados habrían recibido los impactos mientras permanecían en los patios del colegio, pero que forman parte del interior del recinto estudiantil.

Represion en territorio mapuche