Relator ONU condena desalojo de comunidades Naso en Panamá y exhorta al diálogo

GINEBRA -- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su "extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá."
Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.
La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.
"Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos," expresó el experto de la ONU. "En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación."
Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.
En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que "los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso."
A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia*

25/11/2009
Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur
El viernes 6 de noviembre fue creada en Neuquén la Asociación en Defensa de la Ley (ADeLey). La reunión inaugural contó con destacada participación de estancieros, miembros del radicalismo, Recrear y Opción Federal, y representantes de la petrolera Piedra del Águila. Preocupados por la “salud institucional” de la provincia, se presentan como víctimas de las “usurpaciones de tierras” llevadas adelante por la Confederación Mapuche [1]. ¿Pero quién usurpa a quién? ¿A quiénes se persigue, amenaza y criminaliza? ¿En favor de qué intereses?
En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.[2]
El fenómeno, al menos en su faceta mediática, tuvo su máxima expresión el 18 de octubre en el diario La Nación con la publicación de una nota titulada El regreso de la Araucanía[3]. El artículo, incurriendo en una serie de mentiras y tergiversaciones, hacía hincapié en postulados que no resisten la menor contrastación. Entre otras cosas, se otorga crédito a las declaraciones de Carlos Sapag, productor rural y hermano del gobernador neuquino, quien sostiene que las comunidades mapuches reciben apoyo de las FARC y ETA en sus luchas territoriales, sin brindar la menor prueba al respecto, salvo las informaciones provistas por un diario chileno. Si bien desde el gobierno nacional condenaron este intento de criminalización, trascendió que la División Antiterrorista de la Policía Federal también está trabajando sobre esa hipótesis.[4]
Por otro lado, en la nota en cuestión “se deduce” que las intenciones de los “indios” pasan por la instauración y el reconocimiento de un “estado mapuche”. Un proyecto de liberación nacional de esas características sólo es reivindicado por algunos sectores -como la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapu (Chile)- y no es la posición hegemónica, ni el punto prioritario en las diferentes agendas del Pueblo Mapuche, incluso la Confederación Mapuche Neuquina planteo públicamente su crítica a esa posición.[5]
En todo caso, la avanzada tiene por objetivo la preparación del terreno y la obtención de consensos para reprimir más y mejor cualquier protesta, y si bien beneficia a las empresas petroleras y a otros sectores productivos que operan en territorio mapuche, se encuentra impulsada principalmente por las élites provinciales –sobre todo las rurales-, en alianza con diversos medios de comunicación.
Cabe remarcar que la persecución y la judicialización no se restringen únicamente a los pueblos originarios, sino que, en el caso de los hidrocarburos, también apunta contra aquellos trabajadores que buscan la reorganización sindical del sector, hoy dominado por grupos burocráticos aliados al poder político de turno y a los intereses de las operadoras privadas.

El avance de la frontera hidrocarburífera
La ola de reformas neoliberales que reconfiguraron el mapa hidrocarburífero argentino durante la década del 90’ resulta ineludible a la hora de dar cuenta del contexto actual y comprender la criminalización en ciernes. El proceso, que culminó con la privatización de YPF y la entrega del patrimonio nacional, presentó dos características importantes:
- Un cambio de concepción respecto a los hidrocarburos, que dejaron de ser recursos estratégicos para satisfacer las necesidades energéticas del país, para convertirse en meros commodities, es decir, mercancías exportables como cualquier bien producido para el mercado externo;
- La reforma de la Carta Magna en 1994, que dio rango constitucional a la federalización de los “recursos naturales”, y convirtió a las provincias en interlocutoras directas del capital privado.
En este cambio de concepción e instrumentalización fue fundamental la presión ejercida no sólo por parte de las corporaciones trasnacionales sino también por gobernadores y élites provinciales, que vislumbraban la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales y realizar negocios con las empresas que desembarcaran en sus territorios. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, encabezó el lobby de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- sobre los legisladores para que aprobaran la privatización de YPF en 1992.
La reforma constitucional de 1994, y más precisamente su artículo 124[6], representa la cristalización legal más importante del modelo de explotación de hidrocarburos vigente. Sin la provincialización hubiese resultado impracticable el proceso de desguace de YPF y el ingreso de numerosas compañías -grandes, medianas y pequeñas; de capitales nacionales, extranjeros y mixtos- y élites provinciales al “negocio petrolero”.
A contramano de su retórica nac&pop, en los seis años de gobierno kirchnerista se tendió a reafirmar todo lo establecido en la década del 90′: ni bien asumió, Kirchner promulgó el decreto 546/03[7], que puso fin a las zonas grises presentes en la legislación argentina, y que todavía continuaban generando conflictos entre la Nación y las Provincias por la explotación de hidrocarburos. También impulsó la sanción de la ley 26.197/06, conocida como ley corta, que se orientó en la misma dirección. Quizá la única diferencia significativa sea el mantenimiento de las retenciones a la exportación de crudo. Si bien este mecanismo no ha logrado detener la sangría en materia de reservas, por lo menos ha contenido los precios internos -desligándolos de las variaciones en el mercado internacional-, y ha permitido al Estado Nacional captar parte de la renta empresaria [8].
Del modelo heredado de los 90′, y reafirmado en esta década, se desprenden una serie de consecuencias fundamentales para la comprensión del fenómeno de la criminalización. En primer lugar, como el modelo vigente apunta exclusivamente a la rentabilidad empresarial y no a las necesidades sociales, durante casi veinte años se propició una sobreexplotación de las reservas probadas de YPF estatal, sin “reposición” -no se invirtió en nuevas prospecciones-, lo que ha llevado al país a una dramática caída de la extracción y las reservas de petróleo y gas.
De aquí se deriva la convergencia de intereses entre élites provinciales y empresas privadas respecto de la necesidad de expandir la frontera extractiva con la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. La connivencia no se inscribe únicamente en la posibilidad de concretar negocios privados a partir del desembarco de capitales, sino que tiene una raíz estructural. La escasa o nula diversificación económica de las “provincias petroleras” ha generado una enorme y creciente dependencia de las administraciones locales respecto de los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas. Según datos oficiales, el peso de estos ingresos en el presupuesto 2009 de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es del 8,5%, 26% y 30%, respectivamente[9]. Más allá de las regalías, la incidencia de la industria hidrocarburífera es mucho mayor por la cantidad de actividades económicas que, directa o indirectamente, dependen de ella.
El panorama se completa con un inaudito poder de chantaje y negociación por parte de las operadoras privadas, que manipulando volúmenes de extracción y reservas, buscan obtener cada vez mayores concesiones de las gobernaciones provinciales y el Estado Nacional.
En suma, nos encontramos en un contexto en el que los ingresos del Estado Nacional -por retenciones a la exportación-, de las provincias -por regalías- y de las operadoras -por la comercialización de crudo y sus derivados en el país y el mercado externo-, dependen en última instancia de los volúmenes de extracción, que por otro lado, han quedado completamente subsumidos a la lógica y el afán de lucro de las compañías. El dominio que éstas ejercen sobre un recurso estratégico para los intereses del país y sus habitantes, las coloca en una posición inmejorable de cara a la negociación y la exigencia de un “clima favorable” para la inversión, es decir, la remoción de cualquier tipo de “obstáculo” que pudiera entorpecer la realización de negocios.
El Estado Nacional y los estados provinciales, lejos de verse eximidos de culpa y cargo, son los principales responsables de esta situación, y en última instancia, los que garantizan los intereses de las compañías privadas mediante la represión a trabajadores, comunidades y pueblos originarios.

Actores y políticas concretas
En este contexto podemos identificar una serie de actores y políticas concretas.
* El Gobierno Nacional: ha tomado nota de la alarmante baja en las reservas de petróleo y gas, buscando una política que subsane esta problemática y que al mismo tiempo no termine de socavar su imagen pública. Las marchas y contramarchas que se produjeron el último invierno en torno al tarifazo de gas tienen estrecha relación con este problema [10]. En general, sus políticas han oscilado entre el beneficio de las empresas petroleras -mediante los planes Gas y Petróleo Plus, que otorgan subsidios, premios a la inversión, aumento de tarifas, etc.- y la captación de parte de la renta con las retenciones a la exportación. Finalmente, la atención a las demandas de consumidores y usuarios ha sido marginal, dependido en todo caso de su capacidad de movilización y presión.
Respecto a la criminalización de la protesta en los territorios directamente afectados por la explotación hidrocarburífera, observamos una complicidad que se expresa de forma variable. Por una parte, a través de la inacción y la prescindencia para poner un freno a este fenómeno, aún cuando está obligado y dispone de herramientas para hacerlo -convenios internacionales, disposiciones de la Constitución Nacional-; por la otra, con una indisimulada intervención, como ocurrió en la localidad de Las Heras en el año 2006 [11]. En aquella oportunidad, luego de la represión a los trabajadores, el lobby de las compañías petroleras y la Sociedad Rural logró la instalación permanente de un Escuadrón de Gendarmería Nacional [12].
* OFEPHI: conformada por las provincias productoras de hidrocarburos, con participación preponderante de las operadoras, y en menor medida de las organizaciones sindicales. Presenta una sólida confluencia de intereses entre las empresas, que buscan ensanchar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas[13]. La complicidad estructural de las provincias con el modelo vigente ha convertido a los gobernadores en portavoces de las compañías petroleras en sus reclamos a la Nación [14], y ha colocado al conjunto de la administración pública –poder ejecutivo, legislativo, judicial y aparato represivo- al servicio de esos intereses.
* Empresas medianas: Se trata de empresas que cobraron relevancia a partir de la expansión de la frontera extractivista y la presencia de mayores incentivos a la exploración y explotación, ocupando aquellos bloques que las empresas más grandes descartan por sus menores márgenes de factibilidad y/o rentabilidad. El caso paradigmático en Argentina es el de Pluspetrol S.A.
Pluspetrol tiene concesiones en dos zonas de alta conflictividad. Asociada con Enarsa está presente en el centro de la provincia de Neuquén, en los bloques Zapala y Laguna Blanca, donde afecta el territorio de catorce comunidades mapuche. La otra zona candente es la cuenca del Ñirihuau [15], en el suroeste de Río Negro, donde ingresó asociada a Repsol. Esta compañía “argentina” tiene gran experiencia en violaciones de derechos indígenas y represión, y es uno de los focos de conflicto en la Amazonía peruana, donde se la acusa de prestar sus instalaciones para la aplicación de torturas a indígenas [16].
* ONGs y Fundaciones corporativas: están ocupando un rol cada vez más importante, facilitando el ingreso de las compañías en territorio. Asesorando o trabajando de manera conjunta con las empresas, buscan subsanar todas aquellas necesidades de la población potencialmente afectada que han quedado desatendidas ante la retirada del Estado. Su papel es sumamente importante en la medida en que estas campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) han allanado el terreno para la inserción “amigable” de la empresa con la comunidad, sirviendo como “amortiguadores” del conflicto social [17].

Conflictos laborales y la pelea por la tierra
El desarrollo de la industria hidrocarburífera permite visualizar la presencia de dos tipos de conflictos:
* Territoriales: ocasionados por un avance de la frontera extractivista sobre áreas protegidas, poblaciones locales y pueblos originarios, que compromete seriamente su existencia o supervivencia. Precisamente, uno de los sectores más golpeados por esta expansión han sido los pueblos originarios. En todos los casos se han vulnerado derechos amparados por acuerdos internacionales -como el Convenio 169 OIT-, la Constitución Nacional y normas provinciales.
Integrantes de estos pueblos han sufrido -o sufren- persecución, por impedir el ingreso de las compañías petroleras en sus territorios, y el avasallamiento de su forma de vida. La lucha del Pueblo Mapuche es la que tiene mayor visibilidad en este sentido. Un ejemplo es la resistencia de la comunidad Huenctru Trawel Leufu -en Picún Leufú- que desde mediados de 2007 impide el ingreso a Petrolera Piedra del Águila, que intenta hacer trabajos de exploración. Ese conflicto ha pasado por diferentes instancias de negociación -en las que participaron el Gobierno provincial, la Confederación Mapuche Neuquina y la empresa- pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. La puja está caracterizada por la judicialización y la violencia extrema, denunciándose el accionar de civiles armados al servicio de la petrolera -que amenazaron y atentaron contra la comunidad- y de la policía provincial -por liberar zonas.
Huenctru Trawel Leufu es sólo un hito en la resistencia del Pueblo Mapuche a la actividad de empresas petroleras; desde mediados de la década del ‘90 los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos del territorio ancestral. La lucha de las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil por la descontaminación del territorio y contra el Proyecto Mega[18], en Loma de La Lata, puso el tema sobre la mesa. Poco después el conflicto se trasladó a las cercanías de Zapala y Cutral Co, donde Logko Puran y Gelay Ko también dijeron no a las petroleras; en cada uno de estos procesos se atravesó períodos de criminalización, judicialización y represión[19]. Se trata de una situación semejante a la que viven comunidades de los Pueblos Wichi, Tapiete y Guaraní en la provincia de Salta[20].
En general, pese a su heterogeneidad, observamos en el reclamo de algunas comunidades indígenas un mayor grado de “radicalidad”, entendiendo ésta como la posibilidad de avanzar en una crítica que cuestione al sistema de raíz. En efecto, la defensa de muchas pautas y formas de vida ancestrales constituye un desafío no sólo para el modelo de extracción y explotación de hidrocarburos vigente, sino también para la matriz energética del país y las relaciones sociales que sustenta.
* Gremiales: podemos distinguir un sector burócrata ligado a las gobernaciones y los intereses de las operadoras, que conduce los sindicatos de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y otro sector vinculado a la FeTERA en la CTA[21]. El reciente conflicto en la provincia de Santa Cruz resulta paradigmático a la hora de señalar las diferencias entre ambos grupos. Los trabajadores iniciaron la huelga ante la negativa de las operadoras de otorgar un incremento salarial del 20%. Luego de 19 días de conflicto -que implicó despidos, cesantías y amenazas para numerosos huelguistas- la conducción del Sindicato firmó un Acta acuerdo, con las operadoras y la gobernación provincial, sumamente desfavorable para los intereses de los trabajadores ya que prácticamente prohíbe y pena cualquier forma de lucha de ahora en más[22]. Además se inició una campaña de persecución entre aquellos sectores que buscan la reorganización sindical del sector. Uno de los casos más conocidos es el de Víctor Chamorro, trabajador petrolero de Cañadón Seco, que ha sido intimidado en numerosas ocasiones con telegramas de despido, e inclusive ha sido víctima de un atentado el 5 de octubre.[23]
Si bien la criminalización asume diversas formas -represión directa, judicialización, discriminación, estigmatización-, no debemos perder de vista las disputas económico-sociales que la subyacen. Comprender las causas de este fenómeno resulta fundamental a la hora plantear una estrategia ofensiva que cuestione al modelo de conjunto.
________________
Notas
* Escrito en base a la ponencia presentada por el Observatorio Petrolero Sur en el Foro Regional Patagonia: Conflictos territoriales, criminalización y derechos humanos. 6 y 7 de noviembre. Sala de prensa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.
[1] Crean una entidad “en defensa de la ley”
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/11/8/45882.php
[2] Aranda, Darío: El Debate Mapuche. Página/12, 1 de noviembre de 2009
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134475-2009-11-01.html
[3] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187506
[4] La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=33264
[5] Comunicado sobre el “Llamado a la Guerra”
http://argentina.indymedia.org/news/2009/10/699837.php
[6] “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.“
[7] En palabras del decreto 546/03, “[hasta el año 2003 se produjo una] situación jurídicamente ambigua producida por el hecho de que las Provincias, titulares del dominio por mandato constitucional, carezcan de los instrumentos legales que les permitan ejercer en forma apropiada y efectiva los derechos derivados de dicho dominio, tales como, por ejemplo, el derecho a licitar y a otorgar permisos y concesiones” . Esta es la razón por la cual provincias como Buenos Aires habían “solicitado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el dictado de una norma reglamentaria que facilite el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de la Provincia, respecto de sus recursos”, y otras como Neuquén y Río Negro, directamente habían sorteado el vacío legal, y ejerciendo sus facultades constitucionales por medio de normas de derecho interno, ya habían adjudicado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
[8] En el año 2007, la resolución 394 promulgada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía, estableció una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador, y la diferencia será la retención.
[9] Río Negro: http://www.comunicacion.rionegro.gov.ar/desarro_noti.php?cod=6100
Presupuesto general: 4 mil millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 339 millones de pesos (8.47%)
Neuquén: http://www.haciendanqn.gov.ar/newhacienda/archivos/38847_02-ANEXO_I_Recursos_y_Erogaciones_Analitico.pdf
Recursos consolidados: 5.959 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.570 millones de pesos (26,34%)
En 2006 la incidencia era del 40%.
En este caso, las variaciones de magnitud de las regalías no sólo afectan los ingresos fiscales, sino que también tienen impacto en la red clientelar del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia desde hace cincuenta años.
Chubut: http://www.chubut.gov.ar/sgp/imagenes/2009-Proyeccion%20Plurianual.pdf
Ingresos corrientes 2009: 4.021 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.228 millones de pesos (30,53%)
[10] El tarifazo aplicado respondió a la necesidad de importar de Bolivia el gas que ya no se extrae en el país debido a la falta de inversiones e incumplimientos contractuales de las empresas operadoras. El horizonte de reservas de este combustible, que llegó a ser de 30 años, hoy en día es menor a 8 años. Por otra parte, el 28 de julio el Gobierno nacional firmó un acuerdo con las ocho provincias gasíferas por el cual se
autoriza un aumento del precio del gas en boca de pozo que se paga a las operadoras. Se prevé que el acuerdo Nación-provincias implique una transferencia a las operadoras privadas de 600 millones de dólares en concepto de subsidios. ¿De dónde se iba a obtener semejante suma? El Gobierno nacional iba a destinar a las petroleras la mitad de los ingresos que se obtuvieran por la vía del decreto 2067. Es decir: una resolución que surgió como consecuencia directa de la falta de inversión, incumplimientos contractuales y sobreexplotación de los yacimientos, termina beneficiando a sus responsables directos.
[11] La ciudad petrolera Las Heras sitiada y militarizada luego de la masiva movilización popular
http://www.lahaine.org/index.php?p=12575
Un nuevo ataque a los trabajadores del petróleo
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/11/29/p2371?printme=1&skin=print
Los presos de Las Heras buscan romper el aislamiento
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/08/04/p3860
[12] Hernán Scandizzo: El lobby de la represión
http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/382856.php
Instalarán un Escuadrón de Gendarmería en Las Heras
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-77320-2006-12-06.html
[13] En las últimas semanas ha habido una avanzada de este sector, presionando al Estado Nacional para obtener mejores precios para el gas en boca de pozo, el precio de corte interno de crudo, y eliminar, o al menos reducir, las retenciones que se cobran a la exportación de petróleo.
[14] Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene
http://opsur.wordpress.com/2009/08/19/combustibles-las-provincias-en-rojo-el-aumento-que-viene/
[15] Panorma Hidrocarburífero Ríonegrino
http://opsur.files.wordpress.com/2009/09/panorama-rionegrino-pdf1.pdf
Valle del Río Ñirihuau: Las imborrables huellas del pasado petrolero
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/valle-del-rio-nirihuau-las-imborrables-huellas-del-pasado-petrolero/
Ñirihuau: La provincia carece de estudios hidrológicos detallados del área licitada
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/nirihuau-la-provincia-carece-de-estudios-hidrologicos-detallados-del-area-licitada/
Ñorquinco, en la ruta petrolera
http://opsur.wordpress.com/2009/08/12/norquinco-en-la-ruta-petrolera/
[16] Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana
http://opsur.wordpress.com/2009/10/28/peru-pluspetrol-en-el-corazon-del-conflicto-amazonico/
[17] RSE, maquillaje petrolero en Patagonia
http://opsur.wordpress.com/2009/09/09/rse-maquillaje-petrolero-en-patagonia/
Viaje a Plottier, un yacimiento poblado
http://opsur.wordpress.com/2009/09/23/viaje-a-plottier-un-yacimiento-poblado/
Volviendo a Clases: Pluspetrol va a tu escuela
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/volviendo-a-clases-pluspetrol-va-a-tu-escuela/
[18] Enviar gas a Bahía Blanca, a través de un gasoducto de más de 600km, para industrializarlo en el polo petroquímco de Ing. White
[19] Patagonia petrolera, el desierto permanente
http://opsur.files.wordpress.com/2008/12/patagonia-petrolera.pdf
[20] “Si muere un niño más vamos a volar el gasoducto”
http://opsur.wordpress.com/2009/08/10/salta-%E2%80%9Csi-muere-un-nino-mas-vamos-a-volar-el-gasoducto%E2%80%9D/
Wichis llevan dos meses rodeando una válvula de gas en Gral. Mosconi
http://opsur.wordpress.com/2009/07/31/salta-wichis-llevan-dos-meses-rodeando-una-valvula-de-gas-en-gral-mosconi/
Comunidades indígenas denuncian la construcción de gasoductos en su territorio
http://opsur.wordpress.com/2009/08/01/salta-comunidades-indigenas-denuncian-la-construccion-de-gasoductos-en-su-territorio/
[21] Este sector acaba de fundar un nuevo sindicato, la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE)
Diputados Nacionales reciben a los fundadores de la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía
http://opsur.wordpress.com/2009/11/03/diputados-nacionales-reciben-a-los-fundadores-de-la/
Creación de la ATPE, decisión inteligente contra el modelo neoliberal
http://opsur.wordpress.com/2009/11/07/la-creacion-de-la-atpe-decision-inteligente-contra-el-modelo-neoliberal/
[22] El ítem “Paz social” incluido en el acuerdo, determina que si los trabajadores realizan una medida de fuerza, pierden los $750 diarios correspondientes a su salario. Con la firma de este acuerdo la empresa puede accionar por sobre los derechos de los trabajadores y puede echar empleados a discreción y sin causa justificada. A la vez el acuerdo impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Con la firma de este oprobioso acuerdo queda en evidencia la complicidad permanente entre el sindicato, el poder político provincial y nacional, y las operadoras que se están disputando las concesiones.
http://opsur.wordpress.com/2009/10/25/diputados-nacionales-reclaman-por-victor-chamorro/
[23] Persecución antisindical
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/persecucion-antisindical/
Campaña por la reincorporación de Víctor Cosquín Chamorro
http://opsur.wordpress.com/2009/10/16/campana-por-la-reincorporacion-laboral-de-victor-cosquin-chamorro/

Manu Chao sumado al NO A LA MINA

Lunes 23 de Noviembre de 2009

María Cecilia Costa, profesora de Historia y militante activa contra la minería, estará junto al cantautor franco-español durante su gira por Argentina y se ofrece para entregarle cartas que reflejen la realidad de las comunidades que resisten la embestida minera en distintos puntos del país. Por María Cecilia Costa
Promesas cumplidas: Manu Chao vuelve a apoyar contra la minería contaminante. No a la mina
Como ocurrió en febrero y marzo de este año, volvemos a soñar con la esperanza de que un mundo mejor es posible. Desde el año 2008 Manu Chao apoya la causa NO A LA MINA, pudiéndose ver en su web: www.manuchao.net el enlace con las paginas difusoras de esta problemática, que atraviesan los pueblos de la cordillera de los andes en toda América Latina. Mismo proceso y causas se sufren en África hace siglos.
El 20 de Noviembre Manu arranca una gira por Argentina comenzando en Córdoba en el estadio junior, presentando el último disco grabado en vivo "BAIONARENA". Continuará por Rosario en Old Boys el sábado 21, luego en Buenos Aires en el estadio All Boys como en el 2005, y el 5 de diciembre en Neuquén en el estadio Ruca Che. Manu le dijo No a la Mina en los comienzos de este año y lo cerramos con el mismo apoyo y con más fuerza que nunca! Gracias por el compromiso y que artistas y amigos de otros lares nos den una mano tan grande para contar esta terrible verdad que comienza una lucha por la vida y el agua pura.
La minería es la actividad principal desde la conquista de América. Vinieron por el oro y la plata y se llevaron hasta la vida.
En las últimas décadas de nuestro presente la megaminería a cielo abierto, o megaminería contaminante e hidrotóxica, se desarrolla en América Latina y plenamente en Argentina con la autorización legal desde la sanción del código minero aprobado por unanimidad del congreso bajo los gobiernos menemistas. Existen provincias que han impulsado esta actividad como objetivo principal en varias de nuestras provincias. En Santa Cruz los Kirchner desde la gobernación fueron impulsores y hoy lo son a nivel nacional, siendo que el ejecutivo vetó la ley de glaciares en noviembre de 2008. Hoy un nuevo proyecto para la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares fue aprobada con media sanción del congreso. Este nuevo proyecto reformado por Filmus (el proyecto anterior corresponde a la diputada de mandato cumplido Marta Maffei que había sido aprobado por unanimidad) quita varios conceptos como el de área periglaciar no implementando así protección sobre lo que seria los alrededores de los glaciares que constituyen y forman ríos de agua pura que alimenta a los pueblos. En sus conciertos en Córdoba en Cosquín rock, Manu Chao apoyo la causa no a la mina y la reafirmó en Buenos Aires el 5 de marzo en Club Ciudad y el 7 y 8 en el Luna Park.
La minería a cielo abierto se lleva el oro, se lleva la plata, se lleva el cobre, el plomo, el zinc, el AGUA. Se llevan el agua. El agua es vida.
Escribile una carta a Manu y se la entregaremos para que conozca de tu letra la verdad de una América saqueada por la corrupción, el negocio y el olvido.
Las cartas se reciben acá: costitamai@hotmail.com

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA

De la Argentina

18 noviembre 09



RENACE manifiesta su preocupación acerca de los dichos del Sr Jefe de Gabinete de la Nación en relación al cultivo de soja, asi como a la parcialidad que evidencia el informe de la Comisión ad hoc sobre la toxicidad del herbicida asociado que obvia y desatiende los múltiples estudios nacionales y del exterior que alertan sistemáticamente sobre los peligros que implica.





REENVIAMOS



Queremos un país, no una republiqueta sojera.



Durante el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández expuso a la Cámara de Diputados el miércoles 11 de noviembre, expresó:

“El mundo nos pide y nosotros tenemos que salir a vender lo que ellos quieren, y si quieren soja, plantemos soja en las macetas.” Claramente, tenemos que plantar soja hasta en las macetas.



Estos informes están enmarcados en el art. 101de la Constitución Nacional, que en su primera parte dice que “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”. En este contexto, lo expresado por el Jefe de Gabinete de Ministros refiere a un proyecto de país.



El mundo pide muchas de cosas; y de todas ellas los empresarios argentinos deciden producir y el gobierno decide promover el sistema Monsanto de producción agraria transgénica, que incluye el herbicida Roundup y la soja transgénica que soporta este herbicida, ambos producidos y comercializados por la misma empresa.



Este sistema Monsanto de producción agraria y los daños colaterales por la frecuente aplicación fuera de norma causa:



· Destrucción de la capacidad de producir alimentos sanos y diversos en el campo argentino.

· Destrucción de la autonomía de los productores agrarios, haciéndolos dependientes de un sistema que los degrada a ellos y a su ambiente.

· Destrucción de los sistemas productivos vinculados a otras producciones, incluyendo las cadenas industriales, como en el caso de las cadenas textiles vinculadas al algodón.

· Enfermedades que incluso causan la muerte en la población del campo, de las ciudades y de los pueblos afectados por las fumigaciones.

· La concentración del ingreso en poquísimas personas, dejando a la mayoría en la pobreza y en la indigencia.

· El desplazamiento de las personas desde el campo y las pequeñas poblaciones hacia las villas miseria de las grandes ciudades, agravando los desequilibrios poblacionales y ambientales.

· Desertificación en grandes extensiones de nuestros suelos.

· Destrucción de bosques autóctonos.

· Escasez de agua para el consumo humano, para las otras producciones y para los ecosistemas.

· Destrucción de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad, afectando los ciclos de los procesos ecológicos esenciales, como los ciclos del agua, de los nutrientes, del dióxido de carbono y de la energía, incluyendo las cadenas tróficas, sin las cuales la vida no es viable.



El desarrollo y consolidación de este proyecto empodera a la empresa Monsanto en nuestro país. Esta Monsanto es la misma corporación empresaria que proveyó del agente naranja al ejercito de los EE.UU., y la misma que fue condenada por la justicia francesa a pagar una multa por mentir en sus propagandas del herbicida, al presentarlo como “es totalmente biodegradable” y que su uso deja “el suelo limpio”. El tribunal señaló que Monsanto y Scotts France conocían las características ecotóxicas del producto, pero que a pesar de ello difundieron mensajes publicitarios engañosos “conteniendo argumentos ecológicos erróneos con el objetivo de hacer creer falsamente en la existencia de una inocuidad total e inmediata para el ambiente de sus productos”.



El sistema Monsanto y sus daños colaterales producen degradación ecológica, social y económica.



El pueblo argentino necesita otro país, que promueva y genere todo lo contrario. Tenemos que seguir trabajando y luchando para conseguirlo, porque está visto que no nos será dado.



Ing. Claudio Lowy ecolowy@yahoo.com.ar (011) 15 6467 5187

Crece la solidaridad con la familias Morales, Sanchez y Fernandez en 25 de mayo.

(miércoles 18 de noviembre de 2009)

Las familias Morales, Fernández y Sánchez continúan reclamando que la provincia les reconozca el derecho de propiedad de las tierras que ocupan desde hace un siglo. Desde hace dos semanas mantienen interrumpido el paso de operarios y maquinaria hacia los pozos petroleros instalados en sus propiedades.

Las familias Morales y Fernández volvieron a cortar el accesos a las baterías 3 y 4, un kilómetro antes del corte que liberó la policía la semana pasada, aunque ahora no sólo impiden el paso a personal y vehículos de Petrobrás, sino de todas las empresas que operan en la zona entre las que se cuentan Petroquímica Comodoro Rivadavia y Minera Cholino. Continúan clamando el pago por derecho de servidumbre. La protesta recrudeció ya que las familias denuncian que es la provincia la que impide que Petrobras les pague a los superficiarios al negar que sean propietarios de las tierras que ocupan. Desde la provincia fueron enviados efectivos, que se han instalado en el lugar primero con dos pequeñas casillas y desde ayer con un container que oficia de trailer, de modo de permanecer allí garantizando el paso de los petroleros.

"Para mí cortar el camino de las petroleras es re fácil. Es salir al patio de mi casa y tomar unos mates, porque pasan por mi casa para ir a los pozos petroleros", dijo Blanca Morales a Plan B radio.

Estas dos familias mantienen una protesta desde el lunes 2 de este mes cuando realizaron cortes impidiendo ingresar a un área donde hay 500 pozos de petróleo, de los cuales la mitad había sido sacado de producción por recomendación de los manifestantes, para evitar derrames. El jueves de la semana pasada, el segundo jefe de la policía de la provincia, Juan Domingo Pérez, con refuerzos policiales, llegó a 25 de Mayo y posteriormente obligó a los campesinos a permitir el paso de camionetas y obreros de Petrobrás. Los integrantes de las dos familias permanecieron adonde estaba el piquete hasta hoy a la madrugada, cuando decidieron mudarse por el mismo camino a un kilómetro en dirección a Colonia Chica, para volver con otra medida de fuerza, aunque contra todas las empresas que trabajan en ese sector.

Blanca Morales acusó también al secretario de Hidrocarburos de La Pampa: "cortó los candados para que las empresas puedan sortear el corte de las familias que reclaman el pago de servidumbre". "Varela vino y cortó los candados. Varela va en actitud de líder de las petroleras abriéndoles el camino".


Publicado por Partido Comunista Revolucionario La Pampa

Argentina, La Pampa: Documento de las FFAA reivindica al terrorismo de Estado

lunes 16 de noviembre de 2009

El material fue distribuido por el Foro de Generales Retirados y el Centro de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas. El “Cuaderno” reivindica el Terrorismo de Estado y la “lucha contra la subversión” y lo recibieron oficiales en actividad y ex oficiales del Ejército en la provincia.

Oficiales en actividad en Santa Rosa y ex militares radicados en La Pampa forman parte de los “seleccionados” que recibieron un escrito de ex generales procesistas para sumarse a una “campaña de esclarecimiento” sobre lo ocurrido durante la dictadura militar. En ese escrito, también atacan al actual gobierno nacional y defienden a Cecilia Pando.

Difusión

El documento fue difundido durante el año pasado por el “Foro de Generales Retirados” y el “Centro de Estudios Estratégicos”, que pertenece al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque no se lo aclara en el texto.

El Foro de Generales Retirados es una agrupación que congrega a generales en situación de retiro que se opone al gobierno nacional de los Kirchner y al impulso de las causas sobre los derechos humanos. Este Foro fue creado en 1996 siguiendo una verdadera tradición en las Fuerzas Armadas, que durante décadas le había otorgado a los militares que habían concluido con el servicio activo la posibilidad de agruparse en distintas organizaciones –en muchos casos, de carácter cívico-militar– que se transformaban en verdaderas tribunas políticas de defensa de los intereses de la institución en su conjunto, al tiempo que constituían verdaderos grupos de presión con capacidad para influir sobre las conducciones de las Fuerzas y sobre el poder político.

En tanto, el Centro de Estudios Estratégicos tiene como misión “realizar estudios e investigaciones sobre estrategias relacionadas con la Defensa Nacional” y “concurrir al esclarecimiento de tales disciplinas en el orden nacional y el militar en particular a fin de contribuir al análisis de los problemas que origina la conducción de la guerra y la evolución de la estrategia militar”, según figura en su página web.

Documento

El documento entregado a oficiales y ex oficiales pampeanos se titula “Cuaderno Orientador de posibles preguntas más frecuentes sobre los temas a difundir y sus respuestas sugeridas” y es una clara reivindicación sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y del Terrorismo de Estado. Una campaña iniciada para contrarrestar los juicios por delitos de lesa humanidad que se están juzgando en los últimos años.

El “Cuaderno” está orientado para su difusión “entre públicos seleccionados, internos y externos, civiles y militares” y tiene como fecha el año 2008. Contiene 42 preguntas y las “respuestas sugeridas” para “esclarecer” sobre la “lucha contra la subversión”. Un compendio justificatorio de la llamada “guerra sucia” y de la aplicación del Terrorismo de Estado durante los años 70.

El tenor del texto tiene un léxico declaradamente “procesista”. Por ejemplo, en una de las preguntas se indica: “¿Cuál es la realidad sobre lo que aseguran las Madres de terroristas, autodenominadas Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron 500 los bebés apropiados durante la guerra contra la subversión?”.

No se pudo establecer si actualmente, la ministra de Defensa, Nilda Garré, tiene conocimiento de este material que circula entre oficiales en actividad.

Temas

Algunas de las preguntas que se utilizan como “ideas fuerzas a difundir” y las respuestas que se aconsejan, son por ejemplo:

“–¿Por qué durante la guerra en la década del 70 no se entregaron los cuerpos de aquellos guerrilleros terroristas muertos?”
“–En primer lugar, la gran mayoría de ellos actuaban clandestinamente y sin identidad o con identidad falsa, en consecuencia, y al no ser reclamado su cadáver por persona alguna, se le daba sepultura cono NN, es de destacar que en la paz diariamente se sepulta de esa manera a fallecidos en accidentes o en la vía pública sin ser reclamados los cadáveres. En segundo lugar, en muchos casos, las mismas organizaciones de guerrilleros-terroristas ajusticiaban a militantes por cobardía o traición y seguidamente hacían desaparecer sus cadáveres. En varias oportunidades, estos fusilamientos fueron publicados en sus órganos de prensa. En tercer lugar, es muy grande la cantidad de “desaparecidos” que no son tales, tan es así que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia, Carmen Argibay, figura como desaparecida en el libro de la Conadep y como ella hay numerosísimos casos”.

“–¿Por qué no se desenmascara públicamente a los presuntos desaparecidos según la Conadep y que no sólo están vivos sino que algunos son jueces o funcionarios públicos?”
“–No se logra hacerlo debido al temor o desidia de los medios en publicarlo y a la falta de dinero para hacerlo, no obstante es absolutamente necesario tratar de hacerlo”.

“–¿Hubo en nuestro país una guerra en la década del 70?”
“–Hace 50 años la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país. Sin tener arte ni parte, simplemente estábamos en la ruta de conquista del comunismo internacional, los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de su sucursal americana, Cuba, se proponían someter a nuestro país a su sistema y sumarnos a sus satélites”.

“–¿Si la guerrilla fue vencida por las armas, cómo dicen que ahora están en el poder?”
“–Derrotados, los guerrilleros abandonaron la lucha armada y se mimetizaron en la sociedad como pacíficos civiles. Pero no abandonaron sus objetivos. No cesaron la guerra revolucionaria, sino que la trasladaron a otros campos”.

“–¿Por qué se emplearon las FFAA si los que llamaban “subversivos” eran en general jóvenes idealistas, muchos de ellos estudiantes y sin instrucción militar?”
“–Eso no era así. La versión de los “jóvenes participantes idealistas” es un invento de la propaganda de los agitadores por los derechos humanos, que además de justificar con ello su propia cobardía, resta méritos a quienes en la mayoría de los casos, eran excelentes combatientes, perfectamente entrenados en el exterior y organizados militarmente”.

Foto: Argentina, Terrorismo de Estado - Integrantes de la Junta Militar golpista, de izquierda a derecha: Emilio Massera (Armada), Jorge Videla (Ejército) y Héctor Agosti (Fuerza Aérea).

Ahora, los Morales y Fernández fueron por el corte total a las petroleras

Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 12:35

Las familias Morales y Fernández redoblaron esta madrugada su apuesta y ahora cortaron totalmente el paso de los petroleros en otro sector del campo que ocupa en la zona de Colonia Chica. Ahora, además de trabajadores de Petrobrás, no pueden pasar operarios de Petroquímica Comodoro Rivadavia y otras empresas.

Las familias reclaman el pago de servidumbres. El primero corte lo hicieron el 2. Luego de varios días, el lugar fue liberado por policías. Esta madrugada, en tanto, las familias volvieron a cortar los accesos a las baterías 3 y 4, un kilómetro antes del anterior corte.

Fuente: Diario Textual, La Pampa