Hoy, con motivo del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, se realizarà un acto en la Plaza San Martìn (de Santa Rosa) a las 18 horas y después está prevista la presentación de algunos monólogos referidos a la temática por parte del Grupo Andar.
Desde el MALUT adherimos a este tipo de actividades y llamamos a la comunidad a participar de la jornada.
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Violencia ¿familiar y doméstica?
En Argentina, más de 21 mil mujeres denunciaron este año que sufren violencia dentro del hogar, aunque la cifra es mucho más alarmante, ya que se calcula que por cada caso denunciado hay por lo menos otros tres que se silencian. Aunque no hay cifras oficiales, teniendo en cuenta exclusivamente las noticias aparecidas en los diarios, se puede calcular que en lo que va de este año, alrededor de 100 mujeres murieron a causa de la violencia de género. Esto sin contar que, mientras el gobierno de Cristina Fernández (como los anteriores) sigue imposibilitando la despenalización y legalización del aborto, mueren más de 400 mujeres al año por las consecuencias del aborto clandestino. Casi medio millar de muertes de mujeres que podrían evitarse con una ley que permitiera el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.
Pero incluso el sistema judicial previsto para las denuncias de violencia contra las mujeres, revictimiza a las víctimas: los procedimientos judiciales son lentos, dolorosos y, como no podía ser de otra manera, son injustos, porque se centran en investigar a la víctima, presuponiendo que “algo habrá hecho” para que le suceda lo que le sucedió. Y así y todo, los juicios iniciados por “violencia familiar” aumentaron más de un 60% en los últimos años, en nuestro país. Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tuvo que reconocer que se reciben más de ocho denuncias diarias sólo por violación, pero que el 80% de los casos no llega a juicio por diversos “fracasos” de las fuerzas policiales durante la investigación, los organismos de justicia, etc. ¿Fracasos? Parece un término demasiado leve para referirse a las fuerzas policiales que son quienes manejan las cajas negras de la prostitución, el narcotráfico, el juego clandestino y otros negocios sucios… un término demasiado leve para referirse a las mismas fuerzas policiales encargadas de la represión contra la clase trabajadora y el pueblo, el asesinato a mansalva de la juventud de los barrios plebeyos con el “gatillo fácil”, responsables de la tortura, asesinato y desaparición de miles de luchadoras y luchadores de la época de la dictadura militar y que aún están en funciones… Rosa Yamila Gauna, de tan sólo 15 años, fue apresada en una Comisaría de la Mujer, en Misiones, bajo el supuesto cargo de haber cometido una infracción. En esa misma Comisaría de la Mujer donde se reciben las denuncias de violencia, esta joven apareció muerta en su celda, pocas horas después. La habían quemado viva para que no quedaran pruebas de que los policías la habían violado. Este brutal crimen ocurrió en el 2006 y sigue impune; pero no es un hecho aislado: hace pocos meses se supo que en la Comisaría de la Mujer de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, un sargento que cumplía funciones allí había violado a varias adolescentes.
En el gobierno de Cristina, que asumió en nombre de los derechos humanos y haciendo bandera de su género, mueren más de una docena de mujeres cada mes a causa de la violencia que se ejerce sobre nosotras, mientras sigue vigente la Ley 24.417 de “violencia familiar”, que ni siquiera contempla políticas de prevención de la violencia y asistencia integral a las víctimas o medidas concretas para su protección. El programa Las Víctimas Contra la Violencia, que fue presentado por el gobierno como un gran paso adelante, cuenta con cinco (¡cinco!) telefonistas que transfieren las denuncias a la policía para que acuda al hogar en tanto llega una “brigada” con más policías, una psicóloga y una trabajadora social que acompañan a la víctima a hacer la denuncia a la comisaría, o al hospital a atenderse, si el caso lo requiere. ¡Cuánto cinismo! ¡El programa depende del Ministerio del Interior, de quien también dependen las fuerzas represivas! La (in)justicia, mientras tanto, hace su parte: como en el caso de Romina Tejerina (y tantos otros), garantiza la impunidad de los abusadores, mientras ratifica la condena contra la joven víctima. ¿Y cuántos son los casos de redes de prostitución, abusos de menores, jóvenes engañadas y violadas en “fiestas de la alta sociedad” en los que numerosos jueces, fiscales y otros altos funcionarios o sus hijos aparecen involucrados, pero sobre los cuales cae rápidamente un manto de silencio e impunidad?
Nombrar a la violencia contra las mujeres como violencia “familiar” o “doméstica”, por tanto, es una operación ideológica que tiende a hacernos creer que se trata de un asunto privado, en el que no hay que meterse. Pero además, oculta el hecho de que esa violencia ejercida por las personas más cercanas a la víctima, y concretada en el ámbito privado, está originada, sostenida e incluso hasta justificada por una sociedad en la que la violencia contra las mujeres se ha convertido, trágicamente, en “sentido común”.
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