En 25 de mayo
Tierras entregadas bajo un proyecto de diferimiento impositivo, que implicaba cumplir con el desarrollo de esas parcelas poniéndolas en producción, fueron puestas en venta en un sitio de Internet, que ya concretó la primera operación inmobiliaria sin cumplir con lo que manda la ley. La Ley 1670 (de adjudicación de tierras) que rigió la venta de tierras a precios promocionales, prevé una serie de sanciones que van desde el apercibimiento hasta la retrocesión de la adjudicación, en caso de que no se cumpla con el proyecto en el plazo y las condiciones establecidas por el mismo adjudicatario–comprador en el proyecto presentado para que le sean vendidas las tierras.
La empresa, conocida en la zona como Maleani, compró a precios de promoción, con el objetivo de cumplir con un proyecto similar, pero a la fecha la firma únicamente realizó un principio de desmonte de la vegetación autóctona, sin que nunca se pudiese observar riego ni cultivo alguno, como tampoco incorporación de mejoras productivas y ni siquiera construyó una toma de agua que se habría comprometido a hacer. Algunos colonos están muy molestos, ya que la actitud del gobierno ha sido muy distinta con ellos.
“Los pocos productores originarios que aún viven, fueron llevados a El Sauzal hace más de cuarenta años, con engaños y grandes promesas estatales nunca cumplidas. Actualmente se encuentran en una situación de indigencia, agobiados por una deuda ficticiamente inflada por el propio Estado y continuamente manipulada. Esta deuda, por los montos y las indefiniciones, no les permite disponer de sus parcelas, cosa que sí logran hacer las empresas mencionadas”, explicó a este diario Mabel Vavrik, inmersa en la lucha a favor de los colonos.
“Si se concretaran las ventas descriptas a precios de mercado (por ejemplo a U$S 1.000 por hectárea), la suma en cuestión superaría en casi tres veces la deuda total actualizada que los chacareros de El Sauzal tienen con la Provincia y en por lo menos seis veces la deuda original”.
De acuerdo a las normas vigentes, se puede deducir que no debería venderse nada sin la autorización del Ente Provincial del Río Colorado. Actualmente, la empresa sólo ha puesto bajo riego unas seiscientas hectáreas. De las 3.000 hectáreas a regar y poner en producción, como indicaba el proyecto que se debía cumplir en 2006, sólo se riegan unas 600, mientras que el resto –2.400 hectáreas– permanecen con la vegetación natural de monte, abandonadas y, obviamente, sin riego ni producción. Estos retrasos habrían provocado una serie de cruces de notas entre la empresa y el EPRC. En 2008 la empresa habría propuesto devolver una parte de la superficie al EPRC, que aprobó lo propuesto por la firma, pero finalmente esto nunca se concretó.
Según recuerdan colonos y vecinos en 25 de Mayo, a finales de la década del ‘90, la sociedad anónima Alto Valle del Río Colorado presentó una solicitud de tierras bajo riego en 25 de Mayo al Estado Provincial, a través del EPRC. Para cumplir con los requisitos de la Ley Provincial 1670, de otorgamiento de tierras, debía presentar un proyecto de explotación que incluyera la evolución año a año de las superficies que la empresa se comprometía a ir poniendo bajo riego y en producción. Alto Valle del Río Colorado habría expresado en dicho proyecto que en 2006 tendría el proyecto terminado con 3.000 ha bajo riego y en producción. En forma paralela, y con un proyecto similar, la inversionista habría gestionado ante el Gobierno Nacional lo que se denomina “diferimiento impositivo” para ser aplicado a las inversiones a realizar en las tierras solicitadas a la Provincia. El presidente de la Nación en aquel momento (1998/99) era Carlos Saúl Menem, quien tenía como ministro del Interior al pampeano Jorge Rubén Matzkin.
Tanto Matzkin como sus hijos, formaban parte de la empresa que solicitó y consiguió el mencionado diferimiento. Una vez aprobado el proyecto –en Nación (por el diferimiento) y en la Provincia (otorgamiento de las tierras por directa adjudicación)– las acciones de Alto Valle del Río Colorado fueron adquiridas por una sociedad encabezada por la empresa Albanese, vinculada al negocio de trasporte de gas. El EPRC, entonces bajo la presidencia de Carlos Medrano, le habría adjudicado en venta directa, a precios promocionales una enorme superficie cercana a las 4.000 hectáreas con riego en cabecera.
La legislatura provincial, de acuerdo a la legislación vigente para el agua de riego en la provincia, tuvo que aprobar la concesión de agua del río Colorado para esta empresa, a partir del sistema de riego construido por Provincia.
El mes pasado, en el sitio web de la inmobiliaria porteña Nordheimer, se publicó un aviso de venta dando cuenta de que el Alto Valle del Río Colorado ofrece su establecimiento y específica que la superficie a vender es de 3.800 hectáreas, aunque se sospecha que se le haya adjudicado una mayor superficie que la necesaria para el proyecto. De esas 3.800 hectáreas en venta, sólo 600 están bajo riego y en producción.
Por otra parte, enfrente mismo del campo de Alto Valle fueron adjudicadas recientemente por el EPRC, entre 250 a 300 hectáreas a Maleani. También a precios de promoción tan bajos como los mencionados, y también con el objetivo de cumplir con un proyecto. En este caso, otra inmobiliaria denominada Estancias y Campos en Argentina, la ofrece en venta a la “módica” suma de 1.000 dólares la hectárea, el aviso reza específicamente que la venta de 275 hectáreas se ofrece en 275.000 dólares.
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