TRAS LA CUMBRE DE LA FAO LOS CAMPESINOS RECLAMAN CAMBIOS EN LA POLITICA ALIMENTARIA

El pasado 3 de junio, más de 240 ONGs, organizaciones agrarias, sindicatos y movimientos sociales de 50 países, promovidos por la red “Nuestro Mundo No Está En Venta”, han enviado una carta contundente al Director General de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, en contra de su intención de concluir la Ronda de Doha como “solución a la crisis alimentaria”.

El mensaje apunta que “las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha no abordan los desafíos más importantes que enfrenta el sistema alimentario mundial, entre los que se cuentan el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la cuadruplicación de los precios del petróleo, la ausencia de competencia en los mercados mundiales de productos básicos, la especulación financiera y la expansión acelerada de la producción de agrocombustibles.”

Con motivo de la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria realizada en Roma por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), y la reunión anual de la OCDE, los firmantes del Estado español han remitido la carta a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y al Ministro de Comercio, Miguel Sebastián, diciendo que la respuesta a los aumentos de los precios alimentarios no consiste “en profundizar la desregulación de la producción y el comercio de alimentos”. El mensaje también ha sido enviado al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la FAO y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.[1]

La carta sostiene que “la incapacidad de manejar la crisis alimentaria actual es una muestra del fracaso tras tres décadas de desregulación de los mercados agrícolas. Ni la Ronda de Doha de la OMC, ni otros tratados de libre comercio bilaterales y regionales que se están negociando actualmente podrán resolver la crisis alimentaria, porque la liberalización del comercio ha socavado la capacidad de un número de países para alimentarse a sí mismos”.

“Consideramos que la Ronda de Doha agravará la crisis volatilizando aún más los precios de los alimentos, incrementando la dependencia de los países en desarrollo en las importaciones, y fortaleciendo el poder del agronegocio multinacional en los mercados agropecuarios y alimentarios”, señalan las organizaciones firmantes y reivindican:

1. Los gobiernos y las comunidades necesitan tener una gama de herramientas a su disposición para construir sistemas alimentarios y agropecuarios resistentes, aptos para enfrentar los desafíos que se avecinan: reforma agraria y políticas que acrecienten la soberanía alimentaria, estimulen los mercados locales y apoyen la agricultura ecológica de pequeña escala.

2. La volatilidad de los precios de los productos agrícolas tiene que ser resuelta mediante políticas y acciones encaminadas a prevenir las crisis alimentarias y garantizarles a los pequeños productores rurales ingresos estables, seguros y justos. Es necesario restablecer reservas de alimentos bien administradas.

3. Los gobiernos deben crear redes de seguridad y sistemas públicos de distribución de alimentos para evitar hambrunas, y brindarle apoyo financiero a los consumidores más pobres a fin de que éstos puedan comer, utilizando la mayor cantidad de recursos disponibles.

4. Una reforma del sistema de ayuda alimentaria para que se compren alimentos producidos localmente.

5. La no liberalización del comercio en la OMC, ni en otras negociaciones comerciales bilaterales o regionales.

Al mismo tiempo se ha enviado a los Gobiernos reunidos en Roma la “Declaración de la sociedad civil sobre la emergencia alimentaria mundial: ¡Que no se repitan los errores de siempre!”, impulsada por la Vía Campesina y el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP). En dicha carta, que ya han firmado cerca de 800 organizaciones a nivel mundial, se declara el “Estado de Emergencia de los Pueblos por la actual crisis de alimentos”.[2]

Se hace un llamamiento al Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y al Tribunal Internacional de Justicia para que investigue la responsabilidad en las violaciones del Derecho a la alimentación. Se pide el cese inmediato del desarrollo de tierras para la producción industrial de agrocombustibles. Se reclama asimismo el establecimiento de una Comisión de la ONU para la Producción Alimentaria, Consumo y Comercio, con la participación de los productores de pequeña escala de alimentos y de consumidores marginados.

“Creemos que el Derecho a la Comida está por encima de los acuerdos comerciales y otras políticas internacionales. En la emergencia alimentaria actual, las negociaciones mercantiles relacionadas con la comida y la agricultura deben detenerse”, afirma la declaración. Finalmente se rechaza los modelos de la Revolución Verde, pero se apuesta por la participación de la sociedad civil en el desarrollo de una estrategia integral para responder al cambio climático.

Notas:

[1] La carta con las firmas está disponible en: http://www.oaklandinstitute.org/

[2] La carta con las firmas está disponible en: www.nyeleni.eu/foodemergency