jueves, 31 de diciembre de 2009




Neuquén, Martes 29 de diciembre 2009.

Se agrava el conflicto en cerámica Stefani


Los obreros y obreras de Stefani junto al sindicato ceramista de Neuquén, denunciamos a la patronal de cerámica Stefani en un clara intención de dilatar los tiempos y generar un tensa relación con los trabajadores vienen incumpliendo durante gran parte del año 2009 con sus obligaciones salariales. Hoy llevamos 18 días de retención de tareas por la deuda de la patronal con los trabajadores, la cual comprende, falta de aportes de todo este año a la obra social y la caja de jubilación, retraso en el pago de 3 quincenas ( 2º de noviembre, 1º -2º de diciembre) y al día de hoy no tenemos fecha de cobro del aguinaldo ni de las vacaciones.


En reiteradas oportunidades y hasta el día de hoy los trabajadores hemos demostrado nuestra voluntad de dialogo, pero la única respuesta de la patronal a sido mentir con falsa promesas de pago, que obviamente nunca cumplió. No solo nos deben los salarios mencionados sino que producto del retraso de los aporte a la obra social se pone en riesgo la salud de los trabajadores y sus familias.


A todo esto y ante las reiteradas amenazas de cierre de la fabrica, en el marco de la retención de tareas, los trabajadores hemos montado una guardia en la fábrica para cuidar nuestra fuente de trabajo, estos días tuvimos que pasar la noche buena y navidad en la fábrica cuidando las maquinarias, mientras el directorio que vive en Bs. As. no da ninguna respuesta a sus incumplimientos.


Ante esta compleja e insostenible situación generada por la empresa y viendo que somos los únicos interesados reales en mantener esta fabrica abierta y en producción, los trabajadores hemos resuelto en asamblea general de ayer Lunes 28, continuar con la retención de tareas y mantener las guardias obreras dentro de la planta de forma permanente las 24hs. así evitamos el vaciamiento de stok y de la maquinaria por parte de la empresa. Esta acción es en resguardo de la fuente laboral de las 60 familias obreras.


Denunciamos a los directivos de esta empresa que han demostrado que poco les interesa mantener abierta esta fabrica, es mas sabemos que en el día de la fecha la empresa a realizado una denuncia penal por usurpación contra los trabajadores pidiendo el desalojo de la planta, esta acusación totalmente falsa solo pone mas trabas al conflicto.


Los tiempos no se pueden dilatar mas y las necesidades de nuestra familias tampoco, por eso, en asamblea los trabajadores hemos resuelto luchar hasta las ultimas consecuencias llevando adelante un plan de lucha que nos permita a corto plazo la reactivación de la fabrica y así no permitir que 60 familias de Plaza Huincul y Cutral Co queden en la calle sin trabajo y darle el sentido social, teniendo en cuenta la mas de cincuenta mil familias neuquinas que necesitan una vivienda digna.





Obreros y Obreras de Stefani – sindicato ceramista de Neuquén



Omar Villablanca sec.gral soecn(0299-154721962)

Cristian Mellado prensa y dif. Soecn(0299-154721986)

Damián Videla deleg. Stefani (0299-155154223)

Vicente Fuentes deleg. Stefani (0299-722422)

Despidos en Bosch
Los trabajadores mantienen la ocupación de la planta y cortaron Avenida San Martín

(AW) Los trabajadores de la metalúrgica Robert Bosch realizaron hoy una importante movilización y corte de la Avenida San Martín a la altura de la Gral. Paz en reclamo de la reincorporación de los 140 despedidos, el respeto de las condiciones laborales y de la organización sindical. El grupo Bosch vendería la planta al grupo del ex funcionario menemista Pablo Rojo.




Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009 (Agencia Walsh).- Alrededor de un millar de manifestantes marcharon hoy por las calles de San Martín y realizaron un corte total de la Avenida del mismo nombre a la altura de Gral. Paz.


Los trabajadores metalúrgicos pertenecientes a la empresa Robert Bosch, acompañados de una multitud de personas pertenecientes a distintas comisiones internas, cuerpos de delegados y organizaciones políticas y sociales; recorrieron las más de 20 cuadras que separan la planta fabril de la arteria que divide la Capital de la provincia de Bs.As., en reclamo de la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos; el respeto de las condiciones laborales conquistadas a través de largas luchas y el respeto de la organización sindical de los trabajadores.

La empresa de origen alemán despidió el pasado 21 de diciembre a alrededor de 140 trabajadores metalúrgicos a pesar de haberse comprometido pocos días antes a no hacerlo en el Ministerio de Trabajo provincial. La planta actualmente se encuentra tomada por los trabajadores para preservar la fuente de trabajo. En la puerta puede verse un cartel que dice "Amarga Navidad", seguido de otro que reza "trabajadores de Bosch en lucha". Resumen más que elocuente de las sensaciones y la disposición de los obreros y obreras de la empresa.

Gerardo Robiano, uno de los miembros de la comisión interna manifestó indignado a esta agencia "Tres días antes de las fiestas de navidad y de fin de año, cuando ya un grupo de gente había empezado a tomar vacaciones, cuando uno ya tenía preparado el viaje para ir a visitar a la familia al interior, cuando uno pensaba en las fiestas y en como descansar de un año muy complicado, arteramente nos despiden a todos."


El caso de Bosch no es aislado, se encuentra enmarcado en la política empresarial de descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores e impedir cualquier intento de resistencia que estos puedan generar, para lo cual intentan destruir las organizaciones sindicales combativas e independientes. Ante esto, como asevera Robiano, "No hay medidas políticas que apunten a proteger el trabajo, a proteger los derechos de los trabajadores y estas empresas multinacionales entran y salen del país cuando quieren y hacen lo que quieren."


Origen del Conflicto
Bosch es el principal grupo autopartista del mundo. Tiene sede en Stuttgart, Alemania.
En el año 2008 inscribió alrededor de tres patentes de nuevos productos por día hábil. Fabrica autopartes para todo el mundo. Tiene aproximadamente entre 210 mil y 260 mil empleados en todo el planeta.


El conflicto tiene su origen en la última crisis internacional y sus efectos sobre la economía nacional. Esta planta mecaniza aluminio para las 6 plantas que Bosch tiene en Brasil. A fines del año pasado Bosch, al igual que muchas empresas, realizó numerosas suspensiones. "Nosotros enfrentamos las suspensiones y conseguimos no perder salarios." afirma Robiano. En marzo hubo una nueva tentativa de realizar suspensiones y "en agosto hubo un intento de levantar el turno noche y despedir a 30 compañeros, que conseguimos frenar."


A partir de entonces comienzan a circular rumores acerca de la venta de la planta que el grupo multinacional tiene en San Martín. La empresa había anunciado en el mundo 10.000 despidos. "Nosotros" en referencia a la comisión interna "denunciamos que parte de esos despidos correspondían a trabajadores de la planta San Martín." relata el compañero entrevistado.


La empresa aseguró a los trabajadores que en caso de que hubiera una transferencia iba a garantizar la fuente de trabajo. Eso fue refrendado el martes 15 de diciembre en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs. As., en un acta firmada en presencia del Dr. Montes de Oca, director de relaciones laborales de la provincia. "El viernes 18 de diciembre de esa misma semana volvimos a tener una entrevista con el director de producción quien nos aseguró que estaba garantizada la fuente de trabajo para todos los trabajadores de la empresa. El sábado 19 de diciembre nos empiezan a llegar los telegramas de despido." nos cuenta Gerardo.



Ocupación de la planta y disparos contra el piso.
Gerardo Robiano, que ya lleva 14 años como delegado y miembro de la Comisión Interna de Bosch, nos relata con precisión el proceso de ocupación de la planta: "Nosotros nos empezamos a comunicar con los compañeros o ellos se empezaron a comunicar con nosotros. Tuvimos una reunión el domingo 20 de diciembre, y decidimos concentrar y convocar a todos los muchachos a las 6 de la mañana, en el horario habitual de entrada en la puerta de la fábrica.

Cuando llegamos a la puerta no había nadie en la planta. Vigilancia nos tira por debajo de la puerta una notita diciendo que el futuro comprador de la empresa se iba a hacer cargo de nosotros. Nosotros decidimos ahí ingresar a la planta para preservar nuestra fuente de trabajo y nuestras condiciones laborales.

Lo hicimos por el portón de la otra calle. Cuando entramos nos encontramos con un que había un civil armado que cuando ingresamos hizo un disparo de arma de fuego contra el piso. Pegó en el zócalo del portón donde estábamos esperando entrar el resto de los trabajadores. Amenazó a punta de pistola a un compañero hasta que conseguimos reducirlo. A partir de ese momento nos quedamos en la fábrica."


La negociación
Hasta el momento se realizaron dos audiencias (en estos momentos se está realizando la tercera) en la delegación San Martín del Ministerio de trabajo de la provincia. En las dos el planteo de los trabajadores fue el mismo: preservar la fuente de trabajo, las condiciones laborales y la organización gremial.


En la primera audiencia se presentó Robert Bosch y en la segunda se presentó el grupo inversor que compararía la empresa que dirige Pablo Rojo.

¿Quién es Pablo Rojo?
Según lo averiguado por los miembros de la comisión interna Pablo Rojo, ex presidente del Banco Hipotecario durante el menemismo, está a la cabeza del grupo inversor que administra la empresa Argelite ubicada en Ruta 8, cerca del Htal. Eva Perón. Esta empresa se haya en convocatoria de acreedores. Los trabajadores cobran con mucho retraso los salarios y trabajan en las peores condiciones laborales.


"Sabemos lo que sucede ahí por los delegados de la empresa y por gente que trabajó allí." Afirma Robiano y agrega "Es lo que precisamente quieren modificar acá. Está gente que quiere tomar sólo el 85% del personal, pretende bajarnos entre un 30 y un 40 % los salarios y modificarnos las condiciones de trabajo. Pero estamos decididos a permanecer acá en defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de las condiciones que hace muchos años logramos conquistar con nuestra lucha, de los 140 compañeros metalúrgicos que hay en la planta y hay disposición de todos los compañeros para defender la organización gremial"



Fuente: AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH

miércoles, 23 de diciembre de 2009

A Ciudad Judicial le falta justicia

El viernes 18 nos visitó nuestra señora presidente. Frente a los pronósticos de lluvias y otras incomodidades causadas por el fervor popular, sabemos, el (brevísimo) acto se trasladó desde el emblema de moderna arquitectura hasta el Club Estudiantes: los discursos de retórica impecable, el descubrimiento de la placa, los silbidos, los aplausos, todo fue ahí. El MALuT no fue.
Mas de un centenar de familias en el Oeste pampeano aún no pueden regularizar su situación de tenencia de la tierra. A pesar de la existencia de la ley veinteañal, de la prórroga de la ley de suspensión de desalojos y de la infame ley de servidumbre, los puesteros sufren aprietes, extorsiones, chantadas, y sobre todo, la sordera del estado provincial y nacional. Viven la tierra con la incertidumbre de no vivir más ahí. Producen para subsistir, sin planes sistemáticos y orgánicos del gobierno. Han internalizado el discurso que los excluye, llegando a creer que son intrusos y que son otros los verdaderos dueños. Nada que venga desde arriba les garantiza la permanencia y pertenencia en SUS TIERRAS, todo viene de abajo: comienzan a organizarse y así, resisten.
Legitima su lucha la injusticia añeja de los oligarcas, y la reciente de los grupos empresariales amparados por el gobierno. Legitima su pertenencia la historia de las generaciones que hicieron propio aquel territorio.
El MALuT se plantó en Ciudad Judicial, símbolo nefasto de una justicia que nunca llega al Oeste. Poco alcance tiene esta justicia, que tampoco llega a los márgenes de Santa Rosa. Poca credibilidad tiene el gobierno que se adueña del discurso de los derechos humanos, pero desconoce (u omite) que el derecho a la tierra es también uno de ellos. Hartos ya de actos partidarios, reclamamos justicia donde tiene que haberla.

MALuT (Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra)

sábado, 19 de diciembre de 2009

Frente al discurso de la seguridad, frente a la “justicia” por mano propia, frente a los asesinos que “tiran al aire”, frente a la mirada miope de la sociedad santarroseña,

la familia de CRISTIAN AZCONA convoca a una concentración este lunes 21/12 a las 18:00 hs. en la PLAZA SAN MARTÍN



Para decir NO a la criminalización de los pibes,

NO al discurso genocida,

NO a la represión policial,

NO al abandono del Estado



Porque queremos que vivan felices. Porque queremos que vivan...

NO MÁS PIBES MUERTOS POR LA SEGURIDAD



JUSTICIA POR CRISTIAN AZCONA!!!

miércoles, 16 de diciembre de 2009

PRONÓSTICO ADVERSO: LOS CORRE LA LLUVIA, Y EL PUEBLO


La inauguración del Centro Judicial de Santa Rosa no se hará allí. El Gobierno de La Pampa informó esta tarde que se ha decidido trasladar el acto del mediodía de este viernes 18, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, a las instalaciones del gimnasio del Club Estudiantes de Santa Rosa.

Las autoridades del Gobierno, incluidos altos oficiales de la Policía, estuvieron recorriendo las instalaciones del nuevo edificio hasta las 12.30 de hoy. Una hora después comunicaron el cambio de lugar. En rigor, la decisión la tomó la seguridad Presidencial.

Las especulaciones, no confirmadas oficialmente, es que la modificación del escenario se debía a las manifestaciones que habían anunciado sindicalistas.

Sin embargo, desde Casa de Gobierno oficialmente se dio otro motivo: "distintos servicios de información meteorológica han pronosticado precipitaciones pluviales y mal tiempo para este viernes 18. Ante el estado del tiempo adverso, se haría imposible desarrollar el acto al aire libre en el sitio preestablecido oportunamente", dijeron.
/Fuente: Diario Textual)

lunes, 14 de diciembre de 2009

CONVOCATORIA: RECLAMO EN CIUDAD JUDICIAL

Como Organización Social comprometida con la lucha por los derechos y la resistencia de lo/as puestero/as y comunidades originarias del oeste pampeano, queremos visibilizar una vez mas esta interminable lucha contra la indiferencia estatal y de la comunidad en general.

Nos parece paradójica la situación en la que nos encontramos los pampeanos. El viernes 18 de diciembre, en la ciudad de Santa Rosa, se inaugura la famosa ciudad judicial. Un gran espacio para que trabaje la justicia en una provincia donde reinan situaciones de verdadera injusticia y postergación en el reconocimiento de los derechos a lo/as puestero/as rurales del oeste pampeano.

Hacemos extensivo el llamado a todas las organizaciones y movimientos sociales que compartan con nosotros una visión de los DDHH desde un sentido amplio, que los entiendan como el derecho a la tierra, al agua y a la soberanía sobre los recursos naturales en general. Son DDHH porque determinan la SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS.

Convocamos para el día viernes 18 a las 9:00 hs en el nuevo centro judicial. Haremos una denuncia pública del problema a través de pasacalles con consignas por el reclamo de justicia y reconocimiento de todo/as lo/as puestero/as del oeste de La Pampa.

Esperamos a quienes quieran acompañarnos.



Basta de impunidad e injusticia.

No a los despojos de las familias puesteras.

Organización y resistencia, la tierra es nuestra.



MALuT (Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra


jueves, 10 de diciembre de 2009

Morales renueva su mandato con 63% y controla el Legislativo en Bolivia


Por ABI - Monday, Dec. 07, 2009 at 1:33 AM

La Paz, 7 dic (ABI) - El presidente Evo Morales ganó por dos tercios (63%) de los votos las elecciones generales celebradas este domingo en Bolivia, confirmó su segundo mandato consecutivo y, según datos de conteo rápido divulgados por encuestadoras privadas, controlará ampliamente la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional, sucesora del Congreso.

Su principal contendor en las urnas, el ex militar Manfred Reyes Villa (derechas), alcanzó la segunda votación con el 28% de los votos.

La oposición a Morales, inclusive el empresario Samuel Doria Medina (tercero, 6%) y el exalcalde izquierdista de la ciudad de Potosí, René Joaquino (cuarto, 2%), suma poco más que la mitad de los votos captados por Morales.

A horas que el estatal Órgano Electoral Plurinacional brinde un resultado parcial preliminar de la contienda electoral, el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, se anotó entre 24 y 25 de los 36 miembros del Senado, reducto de la oposición entre 2006 y 2009, contra 10 y tal vez 11 del Plan Progreso (PP), de Reyes Villa, y 1 de Alianza Social (AS), de Joaquino.

Los senadores se eligen en plancha, es decir van adheridos a Presidente y Vicepresidente electos, en este caso particular boliviano, reelectos, ratificados.

El panorama podría ser mucho más concluyente a favor de las huestes de Morales en la Cámara de Diputados.

Siempre según datos a boca de urna, el MAS controlará 85 de los 130 asientos de la Cámara Baja, holgadamente más de los dos tercios.

En cambio Reyes Villa colocó 40 de sus candidatos, Doria Medina 4 y Joaquino 1 en la Cámara Baja.

Doria Medina se situó en el tercer lugar de la votación.

El cuarto lugar lo afirmó definitivamente Joaquino.

Los restantes cuatro candidatos obtuvieron resultados residuales. La independiente Ana María Flores y el labriego quechua Alejo Véliz consiguieron menos de un punto porcentual, mientras que el campesino Román Loayza y el ex fiscal Rímer Choquehuanca desaparecieron de las cuentas.

Morales ganó en los departamentos de La Paz (80%), Cochabamba (65%), Oruro (80%), Potosí (77%), Tarija (48%) y Chuquisaca (52%), estos últimos dos a favor de la oposición en los plebiscitos de principios de año y de agosto de 2008.

Según últimos datos extraoficiales aún provisionales, Morales ganó en el departamento Pando, escenario de la matanza de campesinos en 2008 por grupos paramilitares y región dominada por la oposición, con el 49% de los sufragios, tres puntos más que Reyes Villa y 45 por encima de Doria Medina.

Mientras que Reyes Villa consiguió en estos mismos distritos la segunda posición. En La Paz (10%), Cochabamba (27%), Tarija (40%), Potosí (5%), Oruro (9%) y Chuquisaca (38%).

Aunque mejoró con evidencia su caudal de votación con respecto al pasado reciente, en Santa Cruz, bastión de la derecha empresarial, Morales alcanzó la segunda votación (40%) frente a Reyes Villa que recabó el 53% de los sufragios.

Lo mismo en el amazónico Beni, donde adicionó el 39% de los votos, ante 49% de Reyes Villa.

Por su lado Doria Medina obtuvo 5% en Santa Cruz; 8% en La Paz, 6% en Oruro; 4% en Pando, 6% en Chuquisaca, 9% en Beni; 8% en Tarija y 5% en Cochabamba.

En Potosí Joaquino se anotó un promisorio 14% y recaudaciones magras en los otros distritos del país.

Primero y único de los candidatos de oposición en admitir la victoria de Morales, Doria Medina dijo que se "colocará en la oposición (legislativa)" a Morales que en ambas cámaras no necesitaba negociar para legislar.

El voto en áreas rurales favoreció incontrastablemente a Morales con cerca del 80% de los votos, contra 19% de Reyes Villa. El voto urbano también favoreció a Morales (54%) y Reyes Villa adhirió el 30%, siempre según datos provisionales

El ausentismo orilló el 6% del Padrón Electoral de 5,1 millones de ciudadanos, mientras que los votos nulos y blancos, que suman, de acuerdo con la Ley Electoral Transitoria, que normó los comicios de este domingo, para el ganador, se situaron en el orden del 2%.

Los cuatro frentes residuales agregan, juntos, menos del 1% de los sufragios.

Siempre según datos preliminares, el voto de 170.000 bolivianos residentes en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, favoreció a Morales con cerca del 50%.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

VIOLENTO DESALOJO A COMUNIDAD MAPUCE PAICHIL ANTRIAO




Villa la Angostura-NEUQUEN / Pasadas las 8 de la mañana de este miércoles, un grupo especial de la policía provincial arremetió contra el Lof (comunidad mapuce) Paichil Antriao, desalojando a mujeres y niños de sus casas, acusados de “usurpadores”.



Este desalojo responde a una orden dictada en 2007 por el Juez Jorge Videla, del Juzgado multifueros de la ciudad de Villa la Angostura de la IV Circunscripción Judicial, luego de un juicio irregular.



La situación radica en las tierras del cerro Belvedere que el Lof Paichil Antriao ocupa tradicionalmente y que el estadounidense William Hernry Fisher se adjudica como propietario desde 1983 y de las cuales nunca tuvo posesión.



El Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO) estuvo acompañado por personas de civil vinculadas estrechamente con los empresarios de la Villa, que tienen serias pretensiones sobre el territorio del Lof.



Con la presencia del abogado de Fisher, el oficial de Justicia del multifuero de Villa la Angostura y con la llamativa custodia del Secretario de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Guillermo Pellini, el DESPO desalojo a tres familias mapuce de sus casas, una de ellas habitada por una madre sola con sus tres hijos, y las traslado en camión al gimnasio municipal en carácter de “indigentes”.



El Werken Ricardo Kintriqueo, del Lof vecino Kintriqueo, junto a un miembro de Paichil Antriao, fueron traslados a la comisaría Nº 28 de la ciudad, permanecieron incomunicados durante 5 horas.



La resistencia de las familias mapuce fue superada por la violencia policial, mientras que el grupo de civiles, posteriormente a cargar las pertenencias de las familias mapuce en otro camión, cortaron y trozaron con motosierras las casas.



Este hecho se asemeja a lo ocurrido tiempo atrás con el Lof Currumil en Aluminé, cuando el DESPO desalojo y reprimió a las familias mapuce, incluso persiguiéndolas dentro de sus casas, para resguardar tierras mapuce que alambro el estanciero Pedro Podestá.



En plena vigencia de la Ley nacional 26.160 que prohíbe todo desalojo a las comunidades indígenas originarias, el Estado neuquino pretende desconocer los derechos del Pueblo Originario Mapuce.



Historial



En 2006 el estadounidense William Hernry Fisher presentó ante el Juzgado un “interdicto de recobrar” en contra de dos pobladores del lugar, a fin de que se le “restituya” la posesión de un predio del cual había sido “despojado” en 2005 por un grupo de personas que invocaban “un derecho del pueblo originario”.







El 25 de septiembre de 2007 el Juez Videla, sin darle participación a la comunidad afectada y sin notificar a los demandados, dictó sentencia teniendo por probados los dichos del demandante (en los que afirmaba haber colocado una cerca en el año 1997 y realizado un desmalezamiento en el año 1998) a los que atribuyo el carácter de “actos posesorios” de conformidad con el código civil, y ordenó a quienes se había notificado la demanda y a “toda otra persona que se encuentre ocupando” el fundo, a “restituir la posesión” al Sr. William Hernry Fisher.



Luego de que el tribunal intentara efectuar el desalojo (sin conseguirlo, por la resistencia del Lof) el Logko Ernesto Antriao, denunció que los demandados no habían sido notificados y que la demanda fue entregada a personas que no eran miembros del Lof y que se hallaban habitando una casa prestada en un lugar distinto al que reclamaba Fisher.



Esta falta de notificación le impidió a la comunidad ejercer su defensa e invocar que la posesión indígena sobre el territorio había sido constante desde tiempo ancestral. Tampoco pudo reclamar el cumplimiento de la Ley nacional 26.160 que suspende todo desalojo sobre tierras indígenas.



El Lof presentó un pedido de nulidad a la sentencia, y en febrero de 2008 Videla rechazó el planteo. La decisión del Juez fue apelada pero el recurso fue denegado.



El juicio entre el norteamericano William Hernry Fisher contra el Lof Paichil Antriao fue plagado de irregularidades, por este hecho, la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



El desalojo violento que sufrió el Lof Paichil Antriao determina una violación grave a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.







Prensa Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.






obdulio.bottini.ambientalista@gmail.com

Argentina: Pino Solanas denuncia abusiva concesión a minera


El diputado Fernando –Pino- Solanas denunció la concesión cedida por funcionarios nacionales y catamarqueños a la minera multinacional Billington, que implicaría el desalojo de una de las ciudades más importantes de los valles de Catamarca, Andalgalá

BUENOS AIRES, dic. 6 (UPI) -- El diputado Fernando –Pino- Solanas denunció la concesión cedida por funcionarios nacionales y catamarqueños a la minera multinacional Billington, que implicaría el desalojo de una de las ciudades más importantes de los valles de Catamarca, Andalgalá
Junto a vecinos de la misma, Solanas afirmó que se está llegando al colmo de la irracionalidad, y añadió que el grado de locura de la clase dirigente de las provincias mineras llega a tal punto que parece normal otorgar a una multinacional la concesión minera en los aledaños de la propia ciudad de Andalgalá.
Ya no es la nube de polvo mineralizado que baja de las explotaciones sobre las plantaciones y producciones agrícolas, ya no es la contaminación de los afluentes; ahora se trata del yacimiento Piliciao 16, que es en la propia ciudad de Andalgalá, y se habla de indemnizar a los vecinos para trasladarlos, explicó.
La denuncia, precisó Proyecto Sur, se concretó en el marco del encuentro -No a la Minería Contaminante- que convocó a varios diputados nacionales, investigadores, fiscales y asambleístas de Esquel, Andalgalá, Valles Calchaquíes, San Juan, Tilcara, de la Confederación Mapuche Neuquina, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la comunidad diaguita de Tafí del Valle, entre otros.
LATAM: Reporte

jueves, 3 de diciembre de 2009

HISTORICA SESION EN LA UTN TUCUMAN



Bajaron desde los Valles para relatar cómo Minera Alumbrera afecta la supervivencia de sus comunidades



Organizaciones sociales de toda la región fundamentaron ante los consejeros superiores por qué la UNT es socia de una empresa cuya explotación minera afecta la supervivencia de las comunidades ligadas a su proceso productivo. Desde la proliferación de enfermedades hasta las denuncias por contrabando. Frente a las graves acusaciones vertidas en los testimonios, el Consejo Superior evidenció la ignorancia de sus propias potestades para intervenir en la problemática. Una comisión interdisciplinaria analizará las denuncias efectuadas contra la minera.

Algunos no salían de su asombro. Otros, incómodos, intentaban aparentar sorpresa. Algunos, desde su cómplice ignorancia, evidenciaron gestos de emoción por la sucesión de testimonios vomitados en esa sala. Otros, más adentrados en la realidad, reinventaban para sí pretextos con los cuales poder evadir alguna sensación de responsabilidad. En una sesión considerada por ambas partes como histórica, los consejeros superiores universitarios se dieron ayer de bruces con una problemática que, hasta ahora, muchos de ellos la percibían más ligada al reclamo paranoico y politizado de un grupo de fundamentalistas verdes que a la supervivencia de comunidades enteras.



Tras finalizar la extensa sesión extraordinaria –se acercó a las cinco horas de duración- la primera sensación esbozada por las organizaciones sociales tuvo sabor a desahogo y expectativa. Desahogo, porque se trató de una oportunidad que se les negó por años hasta que pudieron fundamentar su rechazo a la socia minera de la UNT. Expectativa, porque, como uno de los referentes sostuvo al finalizar el encuentro, “ahora ya están enterados de lo que realmente pasa y no tienen excusas para no hacer nada”.

Desde Concepción, Belén, San María, Termas de Río Hondo, Tafí del Valle, Andalgalá, Cafayate, San Fernando del Valle de Catamarca, referentes regionales narraron ante el órgano deliberativo universitario las causas por las que la actividad agrícola y ganadera en los Valles Calchaquíes –y zonas de influencia de la minera- obliga a replantear las actividades económicas desarrolladas históricamente para poder subsistir.

Se les explicó a los consejeros la obvia vinculación entre el saqueo destructivo minero y la lógica del sistema capitalista imperante. También se les contó cómo las instituciones públicas de ciudades bajo la influencia de Minera Alumbrera (escuelas, municipios, hospitales, etc.) pasaron a ser centros propagandísticos de esta empresa gracias al aporte de fondos para obras públicas con las que se intenta disfrazar la responsabilidad de los gobiernos encubridores.



En la sesión de ayer, desde los testimonios de los oradores elegidos por la Asamblea Socioambiental se dejó en claro por qué una serie de análisis efectuados al concentrado derramado en sucesivas roturas del mineraloducto, fundamenta las denuncias de cuencas hídricas contaminadas, proliferación de enfermedades de todo tipo y hasta acusaciones de contrabando.



Sin embargo, la atmósfera de conmoción que se adueñó por momentos de la sala de sesiones, pareció disiparse en forma precipitada cuando, tras los relatos, todo quedó en manos de los consejeros. Ya enterados de una problemática que no supieron ver –o no quisieron-, decidieron justificar la ignorancia de sus competencias. Con un show de penas de ocasión oportunamente disipado, optaron por esperar a enterarse, tras más de un año y medio en el cargo, cuáles son las potestades que, como cuerpo, ostentan para poder intervenir en la relación societaria entre la minera y la institución educativa que representan.



En rigor, se aprobó acudir a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que se los ponga al tanto sobre las atribuciones que ellos –los consejeros- tienen a la hora de intervenir sobre YMAD. También, por moción del consejero Raúl Torres Zuccardi, se acordó que, una vez definidas las potestades del cuerpo, se conformará una comisión entre representantes de diversas facultades que estudiarán el impacto ambiental de Minera Alumbrera con el aporte de documentación de las organizaciones sociales.



Por Esteban Stanich



PETITORIO



Tras la finalización de todas las exposiciones, desde las ONG se elevó un petitorio al Consejo Superior universitario a través de cual se pide la apertura de la discusión en torno a la cancelación de todo acuerdo que asocie a la UNT con la cuestionada empresa minera. Piden que se investiguen los efectos causados por Minera Alumbrera a la salud de las poblaciones afectadas. Rechazo absoluto al vínculo de la universidad con el proyecto minero de Agua Rica. El petitorio completo.

Momentos antes de finalizar la sesión, que superó las cuatro horas de extensión, desde la Asamblea Socioambiental del NOA, a través del abogado catamarqueño Julio Andrada, se leyó ante el cuerpo universitario un petitorio presentado por las organizaciones sociales en cuanto a la postura que debería tomar la casa de altos estudios ante la problemática minera.

De esta forma, se solicitó a las autoridades universitarias la implementació n de programas de investigación sobre los efectos causados por Minera Alumbrera a la salud de las poblaciones aledañas de todas las instalaciones involucradas con la explotación. También se pidieron programas destinados a remediar la salud de los afectados.

En este marco, uno de los puntos más trascendentes reclamados por las ONG es el desarrollo de un espacio de discusión tendiente a analizar la posibilidad de rescindir el contrato de Unión Transitoria de Empresa (UTE) que vincula a la UNT con la cuestionada empresa minera.

Además, en el informe, al que tuvo acceso primerafuente, se solicitó la suspensión de todo apoyo científico técnico a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) “hasta tanto no se corrija el paquete de leyes y códigos mineros de la Nación Argentina y de las provincias que lo adhieren, y reemplazado por una legislación que restituya soberanía sobre nuestros bienes comunes de filiación minera”. Junto a esto, pidieron que no se avance con ningún nuevo proyecto de exploración minera hasta que no se evalúe el estado ambiental de los territorios afectados por Minera Alumbrera.

Por último, se reclamó al Rectorado un pronunciamiento formal en relación al Informe de Impacto Ambiental del proyecto de Agua Rica.

El petitorio completo elevado al Consejo Superior

PETITORIO AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA: DAÑOS SOCIO AMBIENTALES GENERADOS POR MINERA LA ALUMBRERA EN LA REGIÓN
Por decisión de la Asamblea Deliberativa reunida en El Bañado, Colalao del Valle con fecha seis de setiembre de 2008 ( expediente 001135/ 08 insistido el 9 de setiembre de 2009) en esta Sesión otorgada mediante Resolución del HCS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, se decide interpelar a la Universidad Nacional de Tucumán solicitando una sesión del HCS con carácter de Extraordinaria en la que informantes de las diferentes organizaciones realizaran sus presentaciones.

Siendo la voz que más se expresa:

… “ Minera La Alumbrera –YMAD- UTE viene generalizando numerosos problemas en la región desde su inicio de Proyecto. Entre otros afectando patrimonios arqueológicos, naturales, cuencas y microcuencas hídricas, ejerciendo creciente presión sobre El Bracho por la provisión de energía, afectando a Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fé y Córdoba por constituir corredores de servicio y vertedero de aguas residuales; incumpliendo promesas de trabajo; Implicándose en el campo de la educación, de la salud, de la producción local y de actividades artísticas y recreativas invocando su Responsabilidad Empresaria.
Mientras tanto se suceden las roturas del mineraloducto tanto en Catamarca como Tucumán; el gran consumo de agua pura del acuífero del Campo del Arenal se torna obseno frente a la profundizació n de la crisis hídrica que acusan los territorios.
Al día de la fecha Minera La Alumbrera –YMAD- UTE se encuentra procesada por presunta contaminación con residuos peligrosos. Estos problemas son identificados y denunciados oportunamente por personas autoconvocados, perteneciente a diferentes organizaciones, quienes inician con grandes obstáculos acciones administrativas, legales y de movilización ante diversos organismos de Estado y funcionarios de gobierno, habiendo tomado participación incluso la Iglesia Católica de Catamarca; y encontrando una actitud generalizada de indiferencia por parte de las autoridades incluso del ámbito de la Justicia.
Se advierte que la compleja problemática que genera Minera La Alumbrera –YMAD- UTE es regional y de carácter socio ambiental; puesto que constituye un programa político económico nacional y de la provincia de Catamarca, con participación activa de la UNT en tanto socia del proyecto corporativo minero de prioridad trasnacional; desarrollando estrategias tanto de desacreditació n de las voces críticas como de criminalizació n de la protesta, debido a haber legislado fiscal y jurídicamente a favor de las empresas mineras.
Con esta acción y en virtud del ejercicio de nuestro derecho a un ambiente sano y en el deber de preservarlo, amparándonos en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, venimos a contradecir la versión emitida por los representantes actuales de la UNT en el YMAD cuando aseveran que minera La Alumbrera no contamina con sus efluentes en el Canal DP2.
Venimos a manifestar al gobierno de la UNT que ya es tiempo que establezca espacios de estudios críticos y difusión pública de los resultados negativos puesto que hasta el día de la fecha los medios de comunicación sólo han atendido políticas propagandísticas de minera La Alumbrera.
Venimos a solicitar que se comprometa a las unidades académicas que tienen responsabilidad sobre la Salud Pública, tanto física como mental, a implementar programas de investigación sobre la vinculación de la contaminación de La Alumbrera con la salud de las poblaciones aledañas a todas las instalaciones involucradas con la explotación, planta de secado, transporte y vertidos de efluentes. Programas estos destinados especialmente a remediar la salud de los afectados.
Que promueva un espacio participativo para evaluar la posibilidad de rescindir el contrato de Unión Transitoria de Empresa que vincula a la Universidad Nacional de Tucumán con la empresa minera La Alumbrera.
Solicitamos a la UNT, sea cual fuere la gestión de gobierno de turno, que arbitre los medios técnicos-cientí ficos con participación de integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA, como así de otros colectivos sociales, a los fines de evaluar fehacientemente el nivel del fracaso político económico socio ambiental de la explotación de Minera La Alumbrera – YMAD-UTE.
Suspenda el apoyo científico técnico a YMAD hasta tanto no se corrija el paquete de leyes y códigos mineros de la Nación Argentina y de las provincias que lo adhieren, y reemplazado por una legislación que restituya soberanía sobre nuestros bienes comunes de filiación “minera”.
No avanzar con ningún nuevo proyecto de exploración –explotación en el Distrito Agua de Dionisio, perteneciente a la UNT, hasta que no se evalúe el estado ambiental de los territorios afectados por La alumbrera; hasta tanto se determinen los impactos generados a nivel político social económico a nivel regional.
Resguardar todo dinero aún no gastado por la UNT en tanto “fondos propios” por ser socia de minera La Alumbrera, para mitigar los daños presentes y futuros generados por la explotación.
Suspender todo convenio de cooperación y de intercambio científico de la UNT con La Alumbrera, como por ejemplo el convenio firmado a través de las Universidades del Norte Grande para que ésta colabore en proyectos de forestación.
Pedimos encarecidamente que el gobierno de la UNT tome conocimiento, dé tratamiento y se pronuncie en relación al Informe crítico sobre el Informe de Impacto Ambiental de minera Agua Rica, generado por la misma UNT, a través de la unidad de negocios, a solicitud del gobierno de Andalgalá, Catamarca.
Pedimos encarecidamente que el gobierno de la UNT tome conocimiento, dé tratamiento y se pronuncie en relación al Plan Nuclear Argentino En caso de no ser escuchados nos cabe el derecho de solicitar ASAMBLEA UNIVERSITARIA para dirimir estas cuestiones.
En el compromiso creciente porque SE PROTEJA NUESTRO SISTEMA DEL ACONQUIJA DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA, A CIELO ABIERTO, CON LIXIVIACIÓN QUÍMICA. POR LA CONTINUIDAD DE LA VIDA EN UN ECOSISTEMA EN SALUD
Firma: ASAMBLEA SOCIOAMBIENTAL DEL NOA
Tucumán, 1 de diciembre de 2009



Freddy Carbonell: mgenisans@yahoo.com (0381) 154044540

Miriam Genisasn mgenisans@yahoo.com (0381) 154685095

PRO – ECO Miembro de RENACE y de ASANOA



www.renace.net

“A Repsol no le interesa que nosotros estemos acá, es como si no existiésemos”


02/12/2009 in Contaminación, Neuquén, Panorama Nacional

Entrevista a Edith Hernández, concejal de Plaza Huincul por El Frente y la Participación Neuquina

Planta de Metanol, vista lateral. (OPS)
Plaza Huincul y Cutral Có constituyen la comarca petrolera neuquina por excelencia, en esas tierras se inició y desde allí creció esta industria que dinamiza la economía provincial. En 1918 se perforó el primero pozo y cuatro años más tarde Nación puso un área bajo control de la recién creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde se erigirían sus campamentos, piedra fundamental de las futuras ciudades. En esa porción de desierto del Territorio Nacional del Neuquén primero nació Cutral Co, en 1933, y en 1967 -cuando la etapa territoriana empezaba a ser historia-, llegó Plaza.

Si bien la centralidad del petróleo en el origen de la comarca se mantiene hasta la actualidad, tibiamente la industria empieza a ser interpelada por los pobladores. El debate surge a raíz de una serie de impactos derivados de la instalación, en 2001, de una planta para la producción de metanol de la compañía Repsol-YPF en Plaza Huincul. La detección de hidrocarburos en un área recreativa aledaña a la planta agitó las aguas en marzo último, llevando el tema tanto a la prensa local como al seno del gobierno municipal. La concejala Edith Hernández, del bloque El Frente y la Participación Neuquina, impulsó medidas para que se verifiquen los impactos y se los remedie. En diálogo con el OPS habló de los caminos recorridos como edil y madre de un chico afectado por la contaminación.
-¿Cómo comenzó este periplo?

En septiembre de 2008 propuse desde el bloque un proyecto para que se revisen los controles [ambientales] en relación a las empresas multinacionales que tenemos en esta localidad, especialmente Repsol-YPF y su planta de metanol. Esta planta no está alejada de la localidad sino que se encuentra pegada a los barrios y todo lo que podría llegar a emanar nos afecta a las dos localidades en su conjunto.

El proyecto consistía en preguntar si las empresas estaban respetando las normativas que tienen que cumplir. Tuve mucha oposición, mis pares consideraban que si sacábamos esto iba en perjuicio de los trabajadores de la planta; pero con el acompañamiento de buena parte de la ciudadanía logré sacar esta propuesta. El proyecto se aprobó por unanimidad y a fin de año nos convocó la empresa a una reunión.Rodeado de un montón de técnicos el gerente de la compañía nos dijo que bajo ningún punto de vista ellos incumplían alguna norma, que se respetaban todas; que la planta de metanol estaba muy bien controlada; que lo que emanaba de la planta era similar al vapor que sale de una pava con agua… Nosotros no somos técnicos en la materia, pero sí vivimos acá y vemos la realidad que nos toca vivir.

En marzo de este año, prendemos la radio, y los periodistas estaban diciendo que habían cerrado el Parque de la Ciudad. El Parque está pegado a la planta de metanol y tiene una larga historia, porque es el único pulmón verde que tenemos. Ese predio está a cargo esta empresa y en la radio decían que lo estaban clausurando a raíz de derrames de hidrocarburos, que estaría contaminado. Imagínense nuestro asombro: el año anterior nos decían que no pasaba nada y ahora lo estaban cerrando. El intendente [Alberto Crespo] iba a salir a hablar del tema y nosotros no estábamos informados, nos estábamos enterando a partir de un medio de comunicación. Llamamos al intendente, tuvimos una reunión, y él nos confirmó que los derrames existían.

Como el año anterior no me había convencido la respuesta del gerente ni de la gente de la planta, ese verano había empezado a buscar consultoras que pudieran hacer un relevamiento, para ver realmente en qué situación estábamos. A raíz de este incidente le dije al resto de los concejales que desde el bloque íbamos a iniciar una investigación. Recibí el rechazo de todos, nos dijeron que no podía ser, que por qué no le decíamos a la Universidad [Nacional del Comahue], a otros sectores. Sólo una concejala [Mónica Suárez Durán, del Bloque Concertación] me acompañó en la iniciativa de solicitar la contratación de una consultora.

La persona que vino de la consultora se fue espantada, dijo que nosotros estábamos contaminados y no sabíamos el grado de contaminación que teníamos. Ellos, haciendo una simple observación, podían darse cuenta de que los índices eran muy altos. Recibimos la conclusión, la consultora decía que [la empresa] nos estaba mintiendo con respecto a la contaminación, que en realidad era muy seria, que el derrame estaba llegando a las napas freáticas y que teníamos que solicitarle inmediatamente una remediación, que la que estaban haciendo no era suficiente; que debía buscarnos otro pulmón verde. [La consultora] dio un montón de indicaciones que realmente hablaban de la gravedad de la situación.

Nosotros logramos una declaración donde solicitábamos al Ejecutivo varias acciones, entre ellas, que iniciara un recurso de amparo civil y colectivo. Le pedíamos que denunciara [esta situación] ante las autoridades competentes -como el Defensor del Pueblo de la Nación-, que presentara a la consultora como testigo, que se presentara como querellante; hasta el día de la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Lo más grave es que el día que nosotros presentamos esta declaración el presidente del Concejo dijo que iba a llamar a todos los medios, no hubo ni un medio de comunicación; al otro día estaba el gerente de Repsol en los pasillos del Concejo… Me deja en libertad de acción para que piense cualquier cosa.

A partir de esto lo que hicimos fue darle la información a todo el mundo, entre ellos a [la diputada provincial por Libres del Sur] Paula Sánchez, que le pedí que nos ayude desde la Legislatura Provincial, en la Comisión de Medio Ambiente. También establecimos contacto con un periodista que venía de Neuquén, que se hizo eco de esto e inició toda una movida desde la radio; dijo que, aunque a determinadas personas no le gustara, se iba a hablar de contaminación y que nosotros estábamos realmente muy contaminados. Se generó una gran movida, se creó un banco de datos para que la gente diga la cantidad de afectados que hay a nivel oncológico. La gente está participando, pero va todo muy lento. La empresa, jactándose de la situación, amplió su estructura…

-¿Cuál es la relación entre Repsol y el Municipio?

Nos deja muchas dudas. La empresa colabora dando computadoras y demás, cuando en realidad nosotros tenemos el combustible más caro, podríamos tener otro tipo de beneficios pero no tenemos nada. Es algo que nos vino a perjudicar muchísimo, sobre todo cuando hablamos del factor salud.

A ellos no les interesa que nosotros estemos acá, es como si no existiésemos. Si no tenemos grupos de personas que estén trabajando este tema, es muy difícil para nosotros. Por ejemplo, la gente de Medio Ambiente de la localidad [del Municipio] no está preparada para realizar este tipo de tareas, y no tomó cartas en el asunto como correspondía. Una ley provincial habla de la formación de comisiones de trabajo con gente de cada localidad y la Provincia. Acá no se hizo nada, las leyes están escritas, pero en la práctica no se logra que se cumplan

Antes del 21 de septiembre [de 2009] desde el bloque saqué un proyecto solicitando al Ejecutivo que cumpla con el poder de policía que tiene, de acuerdo a la Carta Orgánica municipal, y mantenga el Parque de la Ciudad cerrado. Nosotros no queríamos que el Parque se abriera para el Día del Estudiante, porque los rumores eran que los señores [Repsol y el municipio] iban a abrirlo. El único apoyo que recibí fue el de la otra concejala, los otros dijeron simplemente que no, que no tenía sentido volver a reiterar esto. Nosotras mantuvimos nuestra postura, exigiendo que se mantenga el cierre del Parque, no queríamos poner en riesgo la vida de los chicos.

Esta gente [Repsol y el municipio] nos mandó grupos de personas para que nos dijeran a la otra concejala y a mí, que por qué nosotras manteníamos esta postura de cerrar el Parque de la Ciudad, que el gerente de la empresa les había dicho que el lugar en el que ellos practicaban deportes no estaba contaminado, que estaba todo bien. Yo les dije que lo único que hacía era cumplir con mi función de representar a la gente, de hacer cumplir lo que dice la Carta Orgánica. “Nosotros no hemos contaminado, ustedes quéjense a las personas que han contaminado; nosotros simplemente cumplimos la función de velar por la salud de las personas. ¿Por qué tengo que creer en el gerente de la empresa? Que el año pasado nos llamó y nos dijo que estaba todo bien. ¿Por qué tenemos que volver a creer en él? Cuando el Parque de la Ciudad está contaminado, cuando hay un montón de sectores que están contaminados y él les está diciendo a ustedes que el sector de pelota paleta está en condiciones”.

A partir de los derrames en el Parque de la Ciudad, el Ejecutivo realizó una denuncia penal contra el gerente de la planta ante la justicia. ¿Qué ocurre? Si a esta denuncia no se le hace un seguimiento, si no hay un abogado que entienda del tema, pasa a ser una causa más, cuando estamos hablando de un delito muy grave. Entonces, en la declaración, nosotras solicitábamos que realmente presentara un amparo civil y colectivo. No lo hizo nunca.

-¿El amparo buscaba detener el funcionamiento de la planta?

Sí, y que se remediara como se tenía que remediar. Nosotros hablamos con gente de otras empresas y nos contaban que en Río Negro una empresa contaminó y la Secretaría de Medio Ambiente la intimó a realizar una remediación que no implicaba únicamente poner una bomba, chupar el hidrocarburo y sacarlo, sino que los intimó a instalar una planta de tratamiento de suelo, sacar toda la tierra afectada, poner tierra nueva y volver la tierra afectada al punto original. Acá en Neuquén ocurrió de forma totalmente distinta, la Secretaría de Energía no tomó cartas en el asunto, no le dio la importancia que merecía la situación.

-¿La Secretaría de Energía de la provincia en ningún momento tuvo una participación activa en el problema?



Canal colector. (OPS)
Simplemente mandó un informe, que es el mismo informe que nos mandó la empresa, que decía que tenían tanta cantidad de bombas, que estaban realizando tal tarea, etc. Es decir, lo mismo que mandó la empresa, mandó la Secretaría de Energía.

Nosotros acá tenemos un canal colector en el que se tiran un montón de residuos. Hace muy poco se hizo un relevamiento y los más afectados por la situación son las personas ubicadas en la zona de chacras, que está a un kilómetro de la planta. Ellos reciben todos los desechos y con esa agua riegan las plantas. Hay varias denuncias de gente que tenía vacas y otros animales, que se le fueron muriendo por la ingesta del agua. La gente de la zona ha hecho un análisis de las aguas y los estudios arrojaron presencia de hidrocarburos.

Antes que se hicieran los análisis fuimos a una zona que está ingresando a Plaza Huincul, que se llama “la Curva”, a ver lo que pasaba. Ahí hicimos también un pedido de informes al Ejecutivo para que mande a hacer análisis de ese canal colector, le adjuntamos fotos que sacamos en ese momento. Nunca respondió.

-¿Estas chacras proveen de productos agrícolas a Plaza Huincul? ¿La población estaría consumiendo alimentos contaminados con hidrocarburos?

Exactamente.

-¿Ustedes adjudican esta situación a la planta de metanol de Repsol?

Hay muchas empresas, nosotros hablamos de la planta porque la tenemos acá, pero alrededor tenemos varias empresas.

-Sería difícil establecer una responsabilidad única.

Claro.

-¿Qué resultados preliminares arroja el banco de datos de enfermos oncológicos?

Todavía lo estamos realizando. A raíz de la publicidad que estamos dando al tema con ayuda de una fundación ecológica de Neuquén y un programa de radio, el intendente solicitó que se haga otro banco de datos para hacer un diagnóstico de la cantidad de enfermos. Quizá esto sirva para algo.

Existe mucha gente que vive su situación en forma solitaria, a raíz del relevamiento nos encontramos con que hay gente que no ha tenido [ayuda] ni para [costear] el pasaje para hacerse los tratamientos oncológicos, nadie se ha hecho cargo de esa situación. Lo mínimo que estamos pidiendo es un lugar para que la gente se rehabilite, un centro de salud para atender los problemas oncológicos.

-Dentro de los organismos del Estado que tienen poder de policía, mencionaste al Poder Ejecutivo local y a su Intendente…

El intendente de Plaza Huincul, Alberto Crespo, junto con el de Cutral Có [Ramón Rioseco], tendría que haberse puesto a la cabeza de esto, y acá nos hemos quedado un poco solos, acompañados únicamente por la gente que viene a vernos.

A nosotros nos pusieron muchas trabas para la contratación de la consultora, y esto es histórico, jamás un Concejo pidió algo así. Una vez contratados no podíamos pagarles porque el dinero no aparecía. Un día los trajimos [a la consultora que contratamos] para que se reuniera con la supuesta consultora que había contratado el Municipio, a raíz de la presión que ejercimos desde el Concejo. La consultora del Municipio nos estaba dando una información más grave que la que nosotros contratamos, porque ellos tenían una foto satelital de lo que era nuestra localidad antes de que viniera la planta y una de ahora. Se notaba a simple vista lo que había pasado.

Le preguntamos al Ejecutivo si había cumplido con lo que nosotros habíamos solicitado en la declaración, que nos remitiera copia de la información que la consultora del Municipio [había recabado]… Nunca recibimos nada, nunca supimos el nombre de esta supuesta consultora.

A la gente que vino por nuestra parte tuvimos que pagarle el pasaje de nuestro bolsillo, [el Municipio] no quiso pagarnos el pasaje. Tuvimos un montón de problemas que no ayudaron para nada, de eso se trata: de poner obstáculos, de ocultar información.

Nosotros estamos reclamando información constantemente, mi próximo proyecto va a ser solicitar la contratación de una consultora para que haga un monitoreo del aire y del agua, y vamos a seguir trabajando porque esto no se terminó.

-¿No se sabe efectivamente cuál es el estado del agua de, por lo menos, Plaza Huincul?

No se sabe. Sí sabemos que hay un montón de afectados. Nosotros le hemos hecho pedidos de informes a la empresa para que nos diga la situación que tenemos en cuanto al aire y al agua. Tenemos que tener especial atención en cuanto a las napas freáticas, porque tendría un impacto desastroso. La consultora nos contó la cantidad de enfermedades que podemos llegar a tener a raíz de esta contaminación: leucemia, problemas respiratorios… los que se puedan imaginar… y que los más vulnerables son los niños.

En mi caso tengo a mi hijo afectado. Un día lo tuve que retirar de básquet porque se ahogaba, le faltaba el aire. Lo llevé a una pediatra y me dice: “Tiene los bronquios totalmente tapados, este chico hay que llevarlo a la neumonóloga inmediatamente”. Lo llevé a Neuquén, ya que acá no hay especialistas. La neumonóloga me dice que el chico estaba así porque nosotros le fumábamos encima y yo le dije que en casa nadie fumaba… La que nos está fumando al lado es la planta de metanol, porque larga permanentemente gases que no sabemos qué son.

Cuando le cuento esto la neumonóloga me dice: “Acá aparecen un montón de casos de tu localidad”. Me mandó a un alergista que trabaja mucho estas cuestiones del medioambiente, le contamos todo y se conectó con médicos de Buenos Aires para saber específicamente qué estudio había que hacer. Le hicieron un estudio de orina y detectaron que mi hijo tiene ácido fórmico, que es ácido de las hormigas, y que en este caso particular lo produjo la planta de metanol. Mi hijo no puede realizar más actividad física porque se cansa, se ahoga, y anda permanentemente con un aparato. Así que a mí nadie me lo contó y, así como mi hijo lo está viviendo, hay un montón de enfermos.

También sabemos que los loros barranqueros que pasaban en el 96′ por encima de casa, se fueron cuando llegó la planta de metanol. En lugar de los loros ahora están los jotes, que sobrevuelan la planta de metanol permanentemente. Depende de cómo está el viento sobrevuelan con mayor frecuencia. Las plantas se queman, el pasto no crece y a veces se sienten olores nauseabundos.

No es fácil, estamos luchando con un poder económico muy grande, y a pesar de las leyes que tenemos, en la práctica nada se cumple

Parapoliciales Desalojan a la Comunidad Mapuce Paicil Antreao


En el día de la fecha 02 de Diciembre de 2009, han ingresado parapoliciales a la Comunidad Paicil Antriao, utilizando la brutalidad, desalojan a decenas de familias Mapuce.
Desde el día de ayer un grupo de parapoliciales, acompañados por el Secretario de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Guillermo Pellini y un fiscal, se apersonaron en la localidad de Villa la Angostura, su objetivo no es garantizar la seguridad de nadie sino ejecutar un violento desalojo de la Comunidad Paicil Antreao.

Desde las 9 hs del día de la fecha ingresaron violentamente en territorio comunitario desalojando por la fuerza a las familias que resisten en el lugar. Aunque hombres, mujeres y niños se enfrentaron con la fuerza parapolicial y de la provincia, éstos ya hecharon abajo tres viviendas de los pobladores del lugar.

Hablamos de fuerzas parapoliciales, porque los que desalojaron, tiraron las casa a mazazos fueron matones, protegidos luego por la policía uniformada. Fue retenido en la refriega el werken de la Comunidad Kintriqueo , vecina al Lof Paichil Antriao. Todas las pertenencias de las familias fueron destrozadas y arrojadas a la intemperie.

Sapag, de esta manera, convierte a su gestión en una de las más violentas que le toco vivir al Pueblo Mapuche, y donde la subordinación a los grupos económicos que pretenden quedarse con tierras mapuce, avanza protegido política y judicialmente. Esta situación no da para más y debemos responder denunciando este abuso de poder, para que se detenga tanta represión contra los originarios de este territorio.

En las próximas horas daremos a conocer las acciones a seguir, ante la violencia estatal contra el Pueblo Mapuce.

A la sociedad toda instamos a denunciar estos hechos de violencia física y psicológica instalada por el gobierno provincial y por sectores de poder que quieren mostrar al Pueblo Mapuche como un peligro inminente contra la sociedad, criminalizando la demanda de derechos.

Convocamos a la sociedad neuquina y nacional para que se pronuncie en defensa de nuestra dignidad y derechos. No aceptemos que Sapag al igual que Sobisch con su mismo espíritu represor resuelva a través de la fuerza y la violencia esta situación. Esto se evita dialogando y reconociendo derechos ya normados y que la provincia incumple.

Por Justicia - Territorio – Libertad: Marici wew!!!

Werken Fidel Colipan 0299-154699972

Ernesto Antriao Logko Lof Pacil Antreao 02944-15607505




RADIO COMUNITARIA PARA LA COMUNICACION POPULAR
(San carlos de Bche, Rio Negro,Argentina)
(02944-436254) (02944-15593613) www.fmgentederadio.blogspot.com
http://fmgentederadio.radioteca.net

martes, 1 de diciembre de 2009

Cristian Ascona: la muerte y los palos

(Santa Rosa, La pampa)

Ya todos sabemos que el pasado sábado 28 de noviembre, a las 3 de la madrugada fue asesinado Cristian Ascona, en la vereda de Ichoust (su juez, su verdugo). En el barrio, en la radio, en la sala de profesores, se dicen muchas, muchísimas cosas: que se lo merecen, así quedan menos, negros de mierda, que no se puede vivir en paz, que hay que matarlos a todos; en el diario La Arena, se dice que los chicos que estaban arriba del techo de Ichoust eran tres, se dice que el asesino había sufrido varios robos (como si eso, implícitamente, lo justificara), y que había heredado hacía pocos meses la pistola automática que acabaría con trece años de vida. Lo que no se dice es qué pasó con los pibes después del asesinato del amigo.
Uno de los chicos estaba efectivamente con Cristian, el otro, Alexis, estaba en la casa de su papá, acostado, cuando le avisaron que el amigo estaba tirado y herido en la vereda de Ichoust. Salió descalzo, corriendo, y lo vio morir.
La ambulancia tardó mucho, la policía poco, y ahí hizo lo que sabe hacer: efectivos de la sexta se los llevaron a los dos en el patrullero, durante el viaje, no dejaron de pegarle a uno de los chicos (Diego, cuya mamá trabaja todo el día, cuyo papá está en el sur, cuya escolarización es frágil porque hace tres años dejó la escuela). Cuando llegaron a la seccional sexta (en el barrio Butaló), los bajaron de los pelos, los siguieron golpeando los policías que los esperaban, los metieron en un calabozo, los aislaron, no llamaron a sus madres (los chicos tienen 14 y 15 años), pero les aclararon que estaban ahí en calidad de testigos. Los amenazaron con violarlos, les echaron la culpa de la muerte de su amigo, los dejaron bajo la lluvia, encerrados, por dos horas; los trasladaron a la seccional sétima, y luego otra vez a la sexta. Siempre a los palos, siempre a los gritos, para que sepan que no valen nada.
A los pibes ya los tienen fichados. Cuando van al quiosco, a la escuela, a la casa de la novia, los sigue la policía.
El domingo cerca de las 23 horas, (un día después del velorio de Cristian) dos patrulleros interceptaron a los chicos que andaban, con la mamá de uno de ellos, por su barrio. A los tiros (al aire, a los cuerpos), les gritaban “bajáte, al suelo”, a una de las chicas (de 15 años) le decían “puta, chupáme la pija”. A la mamá de Alexis se la llevaron a la comisaría, junto con Diego, que lloraba y le pedía que no lo dejara solo, porque cada vez que entra, sale apaleado, y esta vez no fue distinta.
Mientras las madres de los pibes de Villa Parque van a la comisaría a pedir paz, a hacer declaraciones con los chicos y llaman a los diarios para que se aclaren ciertos “errores” de redacción, los sectores reaccionarios de Santa Rosa organizan una marcha para pedir la libertad del justiciero, el que puso en la balanza la jaula de pájaros y la vida de un pibe; y eligió que lo primero pesaba más.
La opinión pública (que no es tan pública) sigue el mandato de las tendenciosas empresas de incomunicación locales, y nacionales: “yo hubiera hecho lo mismo”, “nos están matando”, dicen. Peligrosa, mentirosa, insensible y estúpida: no matan a todos, matan a los vulnerabilizados de la economía, la cultura, la educación, la salud, la contención social. La policía, el gatillo fácil, la inseguridad matan a los abandonados por todas las instancias del estado.
Matan a los “menores”, que nunca fueron “niños”.
Matan a los mismos de siempre, que se mueren en los brazos de algún amigo.

sábado, 28 de noviembre de 2009

Un llamado al compromiso por un mundo mejor



La familia Morales es un ejemplo de lucha y resistencia en la historia de la provincia: se reivindican en sus tierras, ubicadas en Colonia Chica al oeste de La Pampa. Como se ha podido leer y escuchar, en los últimos días, en pocas noticias de diarios y radios, la familia Morales, acompañada por otras dos que comparten la misma situación, Sanchez y Fernández, han cortado el acceso a los pozos de petróleo en la batería 4 (lugares donde se concentra el petróleo que se extrae de los pozos y desde allí es retirado en camiones hacia las destilerías) que instalaron las empresas Petrobrás y Petroquímica Comodoro Rivadavia en sus tierras.
El MALuT los visitó hace unos días atrás con intenciones de conocer de fondo la situación, acercar nuestro apoyo y unir nuestras fuerzas. Aclararon que su reclamo es en torno a: los derechos sobre su territorio y el pago de regalías por el uso que hacen del campo las empresas Petrobras y Petroquímica Comodoro Rivadavia (las tierras ya no se pueden dedicar a la producción pastoril). Las tierras a la familia son negadas por el Ente Provincial del Río Colorado, creado alrededor de la década del ´60 en la provincia, cuando el gobierno de turno emprendió un proyecto de colonización sobre la zona. No obstante, esta discusión se esfuma cuando reconocemos que las familias estaban ubicadas en sus campos, los habitaban y trabajaban mucho antes de la creación de este organismo provincial y a la provincialización de La Pampa, hecho que se llevó a cabo en 1952.
Los compañero/as de MALuT que realizaron el viaje, recorrieron el campo con la familia e hicieron una crónica en la que no pueden dejar de lado el asombro y la impotencia en la que vive la familia “los Morales están en una situación, a mi entender, de un avasallamiento importantísimo de sus derechos. Es muy fuerte ver la imagen de un campo puesto en producción de hidrocarburos, son cientos de caminos, picadas que cruzan por todos lados, caños de agua de gran dimensión paralelos a los caminos, redes de electricidad, pozos por todos lados, baterías, tanques, etc. Los camiones de la empresa, viajan dentro del campo con guardia policial.” Además mostraron el parque de bioremediación y los depósitos de chatarra de la empresa Petrobras “sentimos el venteo de los pozos y todo lo que se vive en el lugar”, nos comentan.
Cabe agregar, que en la política de criminalización de la protesta que se instala cada vez mas fuerte en nuestra sociedad, en el campo hay un equipo policial de alrededor de 40 efectivos que se relevan periódicamente con casilla y otra dependecia (tipo contenedor) y baños químicos.
Nos fuimos de allí con el compromiso de difundir la problemática y de aunar fuerzas para acompañar la lucha de la familia Morales y de todas aquellas que se sumen. Por este motivo, pedimos a todas las personas y organizaciones que sientan el compromiso de luchar y acompañar a la familia, hagan llegar sus adhesiones.

viernes, 27 de noviembre de 2009

Relator ONU condena desalojo de comunidades Naso en Panamá y exhorta al diálogo


GINEBRA -- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su "extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá."
Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.
La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.
"Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos," expresó el experto de la ONU. "En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación."
Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.
En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que "los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso."
A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia*


25/11/2009
Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur
El viernes 6 de noviembre fue creada en Neuquén la Asociación en Defensa de la Ley (ADeLey). La reunión inaugural contó con destacada participación de estancieros, miembros del radicalismo, Recrear y Opción Federal, y representantes de la petrolera Piedra del Águila. Preocupados por la “salud institucional” de la provincia, se presentan como víctimas de las “usurpaciones de tierras” llevadas adelante por la Confederación Mapuche [1]. ¿Pero quién usurpa a quién? ¿A quiénes se persigue, amenaza y criminaliza? ¿En favor de qué intereses?
En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.[2]
El fenómeno, al menos en su faceta mediática, tuvo su máxima expresión el 18 de octubre en el diario La Nación con la publicación de una nota titulada El regreso de la Araucanía[3]. El artículo, incurriendo en una serie de mentiras y tergiversaciones, hacía hincapié en postulados que no resisten la menor contrastación. Entre otras cosas, se otorga crédito a las declaraciones de Carlos Sapag, productor rural y hermano del gobernador neuquino, quien sostiene que las comunidades mapuches reciben apoyo de las FARC y ETA en sus luchas territoriales, sin brindar la menor prueba al respecto, salvo las informaciones provistas por un diario chileno. Si bien desde el gobierno nacional condenaron este intento de criminalización, trascendió que la División Antiterrorista de la Policía Federal también está trabajando sobre esa hipótesis.[4]
Por otro lado, en la nota en cuestión “se deduce” que las intenciones de los “indios” pasan por la instauración y el reconocimiento de un “estado mapuche”. Un proyecto de liberación nacional de esas características sólo es reivindicado por algunos sectores -como la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapu (Chile)- y no es la posición hegemónica, ni el punto prioritario en las diferentes agendas del Pueblo Mapuche, incluso la Confederación Mapuche Neuquina planteo públicamente su crítica a esa posición.[5]
En todo caso, la avanzada tiene por objetivo la preparación del terreno y la obtención de consensos para reprimir más y mejor cualquier protesta, y si bien beneficia a las empresas petroleras y a otros sectores productivos que operan en territorio mapuche, se encuentra impulsada principalmente por las élites provinciales –sobre todo las rurales-, en alianza con diversos medios de comunicación.
Cabe remarcar que la persecución y la judicialización no se restringen únicamente a los pueblos originarios, sino que, en el caso de los hidrocarburos, también apunta contra aquellos trabajadores que buscan la reorganización sindical del sector, hoy dominado por grupos burocráticos aliados al poder político de turno y a los intereses de las operadoras privadas.

El avance de la frontera hidrocarburífera
La ola de reformas neoliberales que reconfiguraron el mapa hidrocarburífero argentino durante la década del 90’ resulta ineludible a la hora de dar cuenta del contexto actual y comprender la criminalización en ciernes. El proceso, que culminó con la privatización de YPF y la entrega del patrimonio nacional, presentó dos características importantes:
- Un cambio de concepción respecto a los hidrocarburos, que dejaron de ser recursos estratégicos para satisfacer las necesidades energéticas del país, para convertirse en meros commodities, es decir, mercancías exportables como cualquier bien producido para el mercado externo;
- La reforma de la Carta Magna en 1994, que dio rango constitucional a la federalización de los “recursos naturales”, y convirtió a las provincias en interlocutoras directas del capital privado.
En este cambio de concepción e instrumentalización fue fundamental la presión ejercida no sólo por parte de las corporaciones trasnacionales sino también por gobernadores y élites provinciales, que vislumbraban la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales y realizar negocios con las empresas que desembarcaran en sus territorios. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, encabezó el lobby de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- sobre los legisladores para que aprobaran la privatización de YPF en 1992.
La reforma constitucional de 1994, y más precisamente su artículo 124[6], representa la cristalización legal más importante del modelo de explotación de hidrocarburos vigente. Sin la provincialización hubiese resultado impracticable el proceso de desguace de YPF y el ingreso de numerosas compañías -grandes, medianas y pequeñas; de capitales nacionales, extranjeros y mixtos- y élites provinciales al “negocio petrolero”.
A contramano de su retórica nac&pop, en los seis años de gobierno kirchnerista se tendió a reafirmar todo lo establecido en la década del 90′: ni bien asumió, Kirchner promulgó el decreto 546/03[7], que puso fin a las zonas grises presentes en la legislación argentina, y que todavía continuaban generando conflictos entre la Nación y las Provincias por la explotación de hidrocarburos. También impulsó la sanción de la ley 26.197/06, conocida como ley corta, que se orientó en la misma dirección. Quizá la única diferencia significativa sea el mantenimiento de las retenciones a la exportación de crudo. Si bien este mecanismo no ha logrado detener la sangría en materia de reservas, por lo menos ha contenido los precios internos -desligándolos de las variaciones en el mercado internacional-, y ha permitido al Estado Nacional captar parte de la renta empresaria [8].
Del modelo heredado de los 90′, y reafirmado en esta década, se desprenden una serie de consecuencias fundamentales para la comprensión del fenómeno de la criminalización. En primer lugar, como el modelo vigente apunta exclusivamente a la rentabilidad empresarial y no a las necesidades sociales, durante casi veinte años se propició una sobreexplotación de las reservas probadas de YPF estatal, sin “reposición” -no se invirtió en nuevas prospecciones-, lo que ha llevado al país a una dramática caída de la extracción y las reservas de petróleo y gas.
De aquí se deriva la convergencia de intereses entre élites provinciales y empresas privadas respecto de la necesidad de expandir la frontera extractiva con la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. La connivencia no se inscribe únicamente en la posibilidad de concretar negocios privados a partir del desembarco de capitales, sino que tiene una raíz estructural. La escasa o nula diversificación económica de las “provincias petroleras” ha generado una enorme y creciente dependencia de las administraciones locales respecto de los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas. Según datos oficiales, el peso de estos ingresos en el presupuesto 2009 de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es del 8,5%, 26% y 30%, respectivamente[9]. Más allá de las regalías, la incidencia de la industria hidrocarburífera es mucho mayor por la cantidad de actividades económicas que, directa o indirectamente, dependen de ella.
El panorama se completa con un inaudito poder de chantaje y negociación por parte de las operadoras privadas, que manipulando volúmenes de extracción y reservas, buscan obtener cada vez mayores concesiones de las gobernaciones provinciales y el Estado Nacional.
En suma, nos encontramos en un contexto en el que los ingresos del Estado Nacional -por retenciones a la exportación-, de las provincias -por regalías- y de las operadoras -por la comercialización de crudo y sus derivados en el país y el mercado externo-, dependen en última instancia de los volúmenes de extracción, que por otro lado, han quedado completamente subsumidos a la lógica y el afán de lucro de las compañías. El dominio que éstas ejercen sobre un recurso estratégico para los intereses del país y sus habitantes, las coloca en una posición inmejorable de cara a la negociación y la exigencia de un “clima favorable” para la inversión, es decir, la remoción de cualquier tipo de “obstáculo” que pudiera entorpecer la realización de negocios.
El Estado Nacional y los estados provinciales, lejos de verse eximidos de culpa y cargo, son los principales responsables de esta situación, y en última instancia, los que garantizan los intereses de las compañías privadas mediante la represión a trabajadores, comunidades y pueblos originarios.

Actores y políticas concretas
En este contexto podemos identificar una serie de actores y políticas concretas.
* El Gobierno Nacional: ha tomado nota de la alarmante baja en las reservas de petróleo y gas, buscando una política que subsane esta problemática y que al mismo tiempo no termine de socavar su imagen pública. Las marchas y contramarchas que se produjeron el último invierno en torno al tarifazo de gas tienen estrecha relación con este problema [10]. En general, sus políticas han oscilado entre el beneficio de las empresas petroleras -mediante los planes Gas y Petróleo Plus, que otorgan subsidios, premios a la inversión, aumento de tarifas, etc.- y la captación de parte de la renta con las retenciones a la exportación. Finalmente, la atención a las demandas de consumidores y usuarios ha sido marginal, dependido en todo caso de su capacidad de movilización y presión.
Respecto a la criminalización de la protesta en los territorios directamente afectados por la explotación hidrocarburífera, observamos una complicidad que se expresa de forma variable. Por una parte, a través de la inacción y la prescindencia para poner un freno a este fenómeno, aún cuando está obligado y dispone de herramientas para hacerlo -convenios internacionales, disposiciones de la Constitución Nacional-; por la otra, con una indisimulada intervención, como ocurrió en la localidad de Las Heras en el año 2006 [11]. En aquella oportunidad, luego de la represión a los trabajadores, el lobby de las compañías petroleras y la Sociedad Rural logró la instalación permanente de un Escuadrón de Gendarmería Nacional [12].
* OFEPHI: conformada por las provincias productoras de hidrocarburos, con participación preponderante de las operadoras, y en menor medida de las organizaciones sindicales. Presenta una sólida confluencia de intereses entre las empresas, que buscan ensanchar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas[13]. La complicidad estructural de las provincias con el modelo vigente ha convertido a los gobernadores en portavoces de las compañías petroleras en sus reclamos a la Nación [14], y ha colocado al conjunto de la administración pública –poder ejecutivo, legislativo, judicial y aparato represivo- al servicio de esos intereses.
* Empresas medianas: Se trata de empresas que cobraron relevancia a partir de la expansión de la frontera extractivista y la presencia de mayores incentivos a la exploración y explotación, ocupando aquellos bloques que las empresas más grandes descartan por sus menores márgenes de factibilidad y/o rentabilidad. El caso paradigmático en Argentina es el de Pluspetrol S.A.
Pluspetrol tiene concesiones en dos zonas de alta conflictividad. Asociada con Enarsa está presente en el centro de la provincia de Neuquén, en los bloques Zapala y Laguna Blanca, donde afecta el territorio de catorce comunidades mapuche. La otra zona candente es la cuenca del Ñirihuau [15], en el suroeste de Río Negro, donde ingresó asociada a Repsol. Esta compañía “argentina” tiene gran experiencia en violaciones de derechos indígenas y represión, y es uno de los focos de conflicto en la Amazonía peruana, donde se la acusa de prestar sus instalaciones para la aplicación de torturas a indígenas [16].
* ONGs y Fundaciones corporativas: están ocupando un rol cada vez más importante, facilitando el ingreso de las compañías en territorio. Asesorando o trabajando de manera conjunta con las empresas, buscan subsanar todas aquellas necesidades de la población potencialmente afectada que han quedado desatendidas ante la retirada del Estado. Su papel es sumamente importante en la medida en que estas campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) han allanado el terreno para la inserción “amigable” de la empresa con la comunidad, sirviendo como “amortiguadores” del conflicto social [17].

Conflictos laborales y la pelea por la tierra
El desarrollo de la industria hidrocarburífera permite visualizar la presencia de dos tipos de conflictos:
* Territoriales: ocasionados por un avance de la frontera extractivista sobre áreas protegidas, poblaciones locales y pueblos originarios, que compromete seriamente su existencia o supervivencia. Precisamente, uno de los sectores más golpeados por esta expansión han sido los pueblos originarios. En todos los casos se han vulnerado derechos amparados por acuerdos internacionales -como el Convenio 169 OIT-, la Constitución Nacional y normas provinciales.
Integrantes de estos pueblos han sufrido -o sufren- persecución, por impedir el ingreso de las compañías petroleras en sus territorios, y el avasallamiento de su forma de vida. La lucha del Pueblo Mapuche es la que tiene mayor visibilidad en este sentido. Un ejemplo es la resistencia de la comunidad Huenctru Trawel Leufu -en Picún Leufú- que desde mediados de 2007 impide el ingreso a Petrolera Piedra del Águila, que intenta hacer trabajos de exploración. Ese conflicto ha pasado por diferentes instancias de negociación -en las que participaron el Gobierno provincial, la Confederación Mapuche Neuquina y la empresa- pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. La puja está caracterizada por la judicialización y la violencia extrema, denunciándose el accionar de civiles armados al servicio de la petrolera -que amenazaron y atentaron contra la comunidad- y de la policía provincial -por liberar zonas.
Huenctru Trawel Leufu es sólo un hito en la resistencia del Pueblo Mapuche a la actividad de empresas petroleras; desde mediados de la década del ‘90 los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos del territorio ancestral. La lucha de las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil por la descontaminación del territorio y contra el Proyecto Mega[18], en Loma de La Lata, puso el tema sobre la mesa. Poco después el conflicto se trasladó a las cercanías de Zapala y Cutral Co, donde Logko Puran y Gelay Ko también dijeron no a las petroleras; en cada uno de estos procesos se atravesó períodos de criminalización, judicialización y represión[19]. Se trata de una situación semejante a la que viven comunidades de los Pueblos Wichi, Tapiete y Guaraní en la provincia de Salta[20].
En general, pese a su heterogeneidad, observamos en el reclamo de algunas comunidades indígenas un mayor grado de “radicalidad”, entendiendo ésta como la posibilidad de avanzar en una crítica que cuestione al sistema de raíz. En efecto, la defensa de muchas pautas y formas de vida ancestrales constituye un desafío no sólo para el modelo de extracción y explotación de hidrocarburos vigente, sino también para la matriz energética del país y las relaciones sociales que sustenta.
* Gremiales: podemos distinguir un sector burócrata ligado a las gobernaciones y los intereses de las operadoras, que conduce los sindicatos de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y otro sector vinculado a la FeTERA en la CTA[21]. El reciente conflicto en la provincia de Santa Cruz resulta paradigmático a la hora de señalar las diferencias entre ambos grupos. Los trabajadores iniciaron la huelga ante la negativa de las operadoras de otorgar un incremento salarial del 20%. Luego de 19 días de conflicto -que implicó despidos, cesantías y amenazas para numerosos huelguistas- la conducción del Sindicato firmó un Acta acuerdo, con las operadoras y la gobernación provincial, sumamente desfavorable para los intereses de los trabajadores ya que prácticamente prohíbe y pena cualquier forma de lucha de ahora en más[22]. Además se inició una campaña de persecución entre aquellos sectores que buscan la reorganización sindical del sector. Uno de los casos más conocidos es el de Víctor Chamorro, trabajador petrolero de Cañadón Seco, que ha sido intimidado en numerosas ocasiones con telegramas de despido, e inclusive ha sido víctima de un atentado el 5 de octubre.[23]
Si bien la criminalización asume diversas formas -represión directa, judicialización, discriminación, estigmatización-, no debemos perder de vista las disputas económico-sociales que la subyacen. Comprender las causas de este fenómeno resulta fundamental a la hora plantear una estrategia ofensiva que cuestione al modelo de conjunto.
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Notas
* Escrito en base a la ponencia presentada por el Observatorio Petrolero Sur en el Foro Regional Patagonia: Conflictos territoriales, criminalización y derechos humanos. 6 y 7 de noviembre. Sala de prensa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.
[1] Crean una entidad “en defensa de la ley”
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/11/8/45882.php
[2] Aranda, Darío: El Debate Mapuche. Página/12, 1 de noviembre de 2009
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-134475-2009-11-01.html
[3] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187506
[4] La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=33264
[5] Comunicado sobre el “Llamado a la Guerra”
http://argentina.indymedia.org/news/2009/10/699837.php
[6] “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.“
[7] En palabras del decreto 546/03, “[hasta el año 2003 se produjo una] situación jurídicamente ambigua producida por el hecho de que las Provincias, titulares del dominio por mandato constitucional, carezcan de los instrumentos legales que les permitan ejercer en forma apropiada y efectiva los derechos derivados de dicho dominio, tales como, por ejemplo, el derecho a licitar y a otorgar permisos y concesiones” . Esta es la razón por la cual provincias como Buenos Aires habían “solicitado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el dictado de una norma reglamentaria que facilite el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de la Provincia, respecto de sus recursos”, y otras como Neuquén y Río Negro, directamente habían sorteado el vacío legal, y ejerciendo sus facultades constitucionales por medio de normas de derecho interno, ya habían adjudicado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
[8] En el año 2007, la resolución 394 promulgada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía, estableció una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador, y la diferencia será la retención.
[9] Río Negro: http://www.comunicacion.rionegro.gov.ar/desarro_noti.php?cod=6100
Presupuesto general: 4 mil millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 339 millones de pesos (8.47%)
Neuquén: http://www.haciendanqn.gov.ar/newhacienda/archivos/38847_02-ANEXO_I_Recursos_y_Erogaciones_Analitico.pdf
Recursos consolidados: 5.959 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.570 millones de pesos (26,34%)
En 2006 la incidencia era del 40%.
En este caso, las variaciones de magnitud de las regalías no sólo afectan los ingresos fiscales, sino que también tienen impacto en la red clientelar del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia desde hace cincuenta años.
Chubut: http://www.chubut.gov.ar/sgp/imagenes/2009-Proyeccion%20Plurianual.pdf
Ingresos corrientes 2009: 4.021 millones de pesos
Ingresos por regalías hidrocarburíferas: 1.228 millones de pesos (30,53%)
[10] El tarifazo aplicado respondió a la necesidad de importar de Bolivia el gas que ya no se extrae en el país debido a la falta de inversiones e incumplimientos contractuales de las empresas operadoras. El horizonte de reservas de este combustible, que llegó a ser de 30 años, hoy en día es menor a 8 años. Por otra parte, el 28 de julio el Gobierno nacional firmó un acuerdo con las ocho provincias gasíferas por el cual se
autoriza un aumento del precio del gas en boca de pozo que se paga a las operadoras. Se prevé que el acuerdo Nación-provincias implique una transferencia a las operadoras privadas de 600 millones de dólares en concepto de subsidios. ¿De dónde se iba a obtener semejante suma? El Gobierno nacional iba a destinar a las petroleras la mitad de los ingresos que se obtuvieran por la vía del decreto 2067. Es decir: una resolución que surgió como consecuencia directa de la falta de inversión, incumplimientos contractuales y sobreexplotación de los yacimientos, termina beneficiando a sus responsables directos.
[11] La ciudad petrolera Las Heras sitiada y militarizada luego de la masiva movilización popular
http://www.lahaine.org/index.php?p=12575
Un nuevo ataque a los trabajadores del petróleo
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2006/11/29/p2371?printme=1&skin=print
Los presos de Las Heras buscan romper el aislamiento
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/08/04/p3860
[12] Hernán Scandizzo: El lobby de la represión
http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/382856.php
Instalarán un Escuadrón de Gendarmería en Las Heras
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-77320-2006-12-06.html
[13] En las últimas semanas ha habido una avanzada de este sector, presionando al Estado Nacional para obtener mejores precios para el gas en boca de pozo, el precio de corte interno de crudo, y eliminar, o al menos reducir, las retenciones que se cobran a la exportación de petróleo.
[14] Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene
http://opsur.wordpress.com/2009/08/19/combustibles-las-provincias-en-rojo-el-aumento-que-viene/
[15] Panorma Hidrocarburífero Ríonegrino
http://opsur.files.wordpress.com/2009/09/panorama-rionegrino-pdf1.pdf
Valle del Río Ñirihuau: Las imborrables huellas del pasado petrolero
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/valle-del-rio-nirihuau-las-imborrables-huellas-del-pasado-petrolero/
Ñirihuau: La provincia carece de estudios hidrológicos detallados del área licitada
http://opsur.wordpress.com/2008/12/22/nirihuau-la-provincia-carece-de-estudios-hidrologicos-detallados-del-area-licitada/
Ñorquinco, en la ruta petrolera
http://opsur.wordpress.com/2009/08/12/norquinco-en-la-ruta-petrolera/
[16] Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana
http://opsur.wordpress.com/2009/10/28/peru-pluspetrol-en-el-corazon-del-conflicto-amazonico/
[17] RSE, maquillaje petrolero en Patagonia
http://opsur.wordpress.com/2009/09/09/rse-maquillaje-petrolero-en-patagonia/
Viaje a Plottier, un yacimiento poblado
http://opsur.wordpress.com/2009/09/23/viaje-a-plottier-un-yacimiento-poblado/
Volviendo a Clases: Pluspetrol va a tu escuela
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/volviendo-a-clases-pluspetrol-va-a-tu-escuela/
[18] Enviar gas a Bahía Blanca, a través de un gasoducto de más de 600km, para industrializarlo en el polo petroquímco de Ing. White
[19] Patagonia petrolera, el desierto permanente
http://opsur.files.wordpress.com/2008/12/patagonia-petrolera.pdf
[20] “Si muere un niño más vamos a volar el gasoducto”
http://opsur.wordpress.com/2009/08/10/salta-%E2%80%9Csi-muere-un-nino-mas-vamos-a-volar-el-gasoducto%E2%80%9D/
Wichis llevan dos meses rodeando una válvula de gas en Gral. Mosconi
http://opsur.wordpress.com/2009/07/31/salta-wichis-llevan-dos-meses-rodeando-una-valvula-de-gas-en-gral-mosconi/
Comunidades indígenas denuncian la construcción de gasoductos en su territorio
http://opsur.wordpress.com/2009/08/01/salta-comunidades-indigenas-denuncian-la-construccion-de-gasoductos-en-su-territorio/
[21] Este sector acaba de fundar un nuevo sindicato, la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE)
Diputados Nacionales reciben a los fundadores de la Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía
http://opsur.wordpress.com/2009/11/03/diputados-nacionales-reciben-a-los-fundadores-de-la/
Creación de la ATPE, decisión inteligente contra el modelo neoliberal
http://opsur.wordpress.com/2009/11/07/la-creacion-de-la-atpe-decision-inteligente-contra-el-modelo-neoliberal/
[22] El ítem “Paz social” incluido en el acuerdo, determina que si los trabajadores realizan una medida de fuerza, pierden los $750 diarios correspondientes a su salario. Con la firma de este acuerdo la empresa puede accionar por sobre los derechos de los trabajadores y puede echar empleados a discreción y sin causa justificada. A la vez el acuerdo impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Con la firma de este oprobioso acuerdo queda en evidencia la complicidad permanente entre el sindicato, el poder político provincial y nacional, y las operadoras que se están disputando las concesiones.
http://opsur.wordpress.com/2009/10/25/diputados-nacionales-reclaman-por-victor-chamorro/
[23] Persecución antisindical
http://opsur.wordpress.com/2009/10/07/persecucion-antisindical/
Campaña por la reincorporación de Víctor Cosquín Chamorro
http://opsur.wordpress.com/2009/10/16/campana-por-la-reincorporacion-laboral-de-victor-cosquin-chamorro/